miércoles, 3 de noviembre de 2010

AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA. SI DE VIOLENCIA SE TRATA...

Por Lydia Guevara.

Recupero un artículo que escribí hace un tiempo pero que mantiene actualidad y por eso lo reproduzco en el blog.

La afirmación de los derechos sociales se considera una urgencia en estos momentos en un mundo de grandes desigualdades, injusticias y un abismo insalvable entre los ricos, cada vez más ricos y los pobres, cada vez más excluidos socialmente y más pobres, desprotegidos por la ausencia de la responsabilidad social de sus estados, de los cuales son ciudadanos.

Los derechos sociales deben considerarse en el mismo nivel que el resto de los derechos humanos, sin establecer generaciones entre los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, porque ellos marchan juntos, al unísono, cubriendo al ciudadano en tanto trabajador de todos los derechos que le asisten. La diferencia se establece cuando se plantea que los derechos civiles / políticos acompañan al hombre “como la sombra al cuerpo”, son derechos naturales, propios de la existencia humana, son dados por un ente divino cuales derechos adquiridos y que el resto son derechos tutelados por las normas que promulga el Estado, que sin tener un soporte legal, no pueden ser respetados.

De esta manera entramos en el conflicto del ciudadano – trabajador, cuya situación al pasar la puerta de la empresa se complica, ya que se despoja de los derechos ciudadanos porque está en el ámbito de la empresa, pero ante la globalización con discurso neoliberal, ha quedado desposeído de los que el Estado tutelaba, pues la política de desregulación ha traído consigo la total desprotección de los trabajadores en un estado flexibilizado y desregularizado.

La Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas adoptó en 2007 su carta de presentación, “Carta de Cochabamba” que debe su nombre a dicha región boliviana donde fue suscrita por sus integrantes como modelo de las relaciones laborales del siglo XXI en América Latina y en ella, como en la Declaración de la Habana, texto posterior adoptado en la ciudad del mismo nombre, Cuba, en octubre de 2008, se reconoce que la neutralidad no conduce a ningún lugar certero, más que a la connivencia con todas estas doctrinas que provocan un reforzamiento de la depauperación en que se encuentran los excluidos de la región. Este mundo reclama un orden social justo que contribuya a que los principios del derecho del trabajo se hagan realidad con protección por parte de los Estados, no andamos en debates filosóficos de si son derechos naturales o derivados de la ley, lo que importa es que el trabajador no sea discriminado, maltratado, abandonado sin representación alguna que reclame los derechos que le asisten por texto constitucional que da la suficiente cobertura a todos los derechos sociales.

¿De qué derechos sociales se está tratando? De los derechos sociales en su generalidad y no solamente de los que se encuentran en la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales de la OIT que reconoce solamente 4 de ellos en 8 convenios, debiendo como organización luchar porque todos los convenios tengan igual reconocimiento en tanto tutelan los derechos laborales.

¿Por qué emigran los trabajadores? Preguntémonos por qué en una región tan rica en materias primas, minerales, flora y fauna, portadores energéticos cual el petróleo, el gas, el agua, la energía solar y otros se ven desfilar sus hombres y mujeres hacia otros destinos que nunca los acogerán como sus propios ciudadanos. México ve migrar a partir del TLCAN 400 mil personas por año, al mismo tiempo que recibe miles de centroamericanos que buscan sobrevivir en su territorio o utilizarlo como tránsito hacia el norte. Ahora producto de la crisis económica México espera recibir 250 mil de sus propios ciudadanos que emigraron lo cual crearía una verdadera crisis y explosión social por falta de empleos como garantía de la vida misma y la supervivencia.

Se trata de algunos de los derechos sociales, que por su totalidad sería imposible abarcarlos cual el derecho a la alimentación, una vivienda digna, al medio ambiente sustentable, etc.

Son el derecho a la educación en una América Latina analfabeta que a partir de la integración de los gobiernos y sus pueblos ha logrado que después de Cuba se declaren libres de analfabetismo Venezuela y Bolivia para demostrar que SÍ SE PUEDE. El horror y desamparo del analfabeto es el estigma más grande que pueden soportar los hombres y mujeres, sobre todo sus gobiernos que no han posibilitado a sus ciudadanos la experiencia de la comunicación por todos los medios existentes.

El derecho a la salud en una América Latina donde mueren miles de niños diariamente por enfermedades curables o la desnutrición va minando sus vidas con lo que tendremos que asistir en un futuro no muy lejano a la visión de un ejército de discapacitados que no podrán resolver mediante el trabajo sus necesidades vitales más perentorias. Aseguramos que el futuro de la humanidad está comprometido, ¿de dónde saldrán los cientos de miles de trabajadores que se requieren para realizar labores físicas e incluso intelectuales, si dejamos morir a los niños antes de que crezcan y se desarrollen?  Tres mil personas murieron en 2001 en el atentado de las Torres Gemelas en Washington, mientras que ahora diariamente 26 mil niños mueren en el mundo por causas evitables, entre las que se encuentran la desnutrición, el hambre, el VIH y otras[1].

El derecho al trabajo es otro de los derechos sociales, que también está comprometido por la alta tasa de desempleo e informalidad, siendo en América Latina el 60% de informalidad de los ocupados. Siguen los derechos a la seguridad social, en países que no los reconocen, a la seguridad y salud en el trabajo con el crecimiento de la violencia en el trabajo, así como de la accidentalidad tanto por causas conocidas como por nuevos agentes y enfermedades del desarrollo.

Se habla de trabajo decente como meta del decenio, siempre decimos que la palabra decente no se ajusta a la realidad, que la medida de la decencia responde incluso a patrones culturales, sin embargo la dignidad es igual para todos, es el respeto a la persona, su honor, su integridad física y moral, su imagen, que son sus derechos naturales y que por tanto estarían protegidos a través del derecho al trabajo.

¿Cómo hablar de trabajo decente cuando 228 niños son explotados sexualmente cada hora sólo en la zona de Latinoamérica y el Caribe, muchos de ellos a través del trabajo infantil, la servidumbre y el trabajo esclavo? Por tanto merecen algunas palabras los derechos humanos y la dignidad en el trabajo para un mundo justo e igualitario.

El tema de los derechos humanos y la dignidad en el trabajo ofrece a todos los laboralistas un reto a la imaginación por las complicaciones que trae a cualquier investigador y estudioso de la materia, abordar todas las aristas que se presentan en los llamados derechos inmateriales y difusos, muchas veces olvidados, que solamente tienen un respaldo constitucional, pero cuya protección pasa por la inexistencia de la legislación complementaria para poder hacerlos realidad. Además un abordaje de este tema requiere adentramos a reflexiones filosóficas que necesita provocar discusiones apegadas a la realidad práctica de este mundo donde vivimos.

La dignidad está dentro de los derechos humanos inmateriales, a veces se le nombra como derecho y otros le llamamos el SUPERPRINCIPIO que sirve de fundamento a todos los derechos. Su propia definición está siendo utilizada por diferentes autores, afiliándonos a aquellos que consideran la dignidad como base y piedra angular donde reposan los derechos humanos, sin distinción, los civiles, políticos, sociales y culturales, tomando en cuenta que son la vestimenta del ser humano como ser biopsicosocial que merece  el respeto a su integridad física y moral, a su imagen, su honra, su salud y su vida, como colofón de su materialidad.

La dignidad no puede identificarse con un derecho fundamental, porque los derechos son el contenido materializado de un principio que es la guía y enmarcamiento para ellos, por tanto todo derecho fundamental se conceptualiza por el respeto a la dignidad de la persona, al desarrollo de la personalidad, pero no sólo desde el punto de vista individual, sino en todas sus dimensiones, ya sea la económica, la cultural, la ética, la tecnológica, la social y la jurídica, Esta visión es la que nos permite generalizar lo que se denomina dignidad como sustento de los derechos humanos.

Leyendo un texto escrito por la abogada española María José Blanco Barea[2], nos llama la atención el siguiente concepto de dignidad: "valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. La dignidad está reconocida a todas las personas con carácter general", con lo que ella establece que toda la normatividad jurídica debería argumentarse en esta definición a la hora del respeto de los derechos de la persona humana y las distintas relaciones que concurren en la esfera de la dependencia trabajador/empleador. De ahí se desprende que la dignidad de la persona es parte de ella misma, de sus atributos esenciales como la vida y la integridad física y psíquica y que por tanto sea considera como valor jurídico que sustenta el orden político y la paz social y no solamente la mal llamada dignidad en el ámbito laboral, cual si hubiese una diferencia entre el ser humano trabajador y el ser humano ciudadano, siendo el mismo e indivisible, que merece la protección legal tanto cuando se encuentra en sus actividades laborales, como cuando ejerce sus derechos ciudadanos. El ser humano no puede separarse de sus atributos personales, la dignidad es parte de su vida.

Nuestro colega chileno Manuel Muñoz[3] reflexiona en la dignidad señalando que el concepto de dignidad humana, es una cuestión de conciencia formada en miles de años de desarrollo del conocimiento y de la formación de la conciencia social de la humanidad, reimpulsada en estas últimas décadas por la doctrina de los derechos humanos.

En Cuba, para sencillamente decir qué es dignidad, tomamos las palabras de José Martí, Héroe Nacional cubano, que preside nuestra Constitución "YO QUIERO QUE LA LEY PRIMERA SEA EL CULTO DE LOS CUBANOS POR LA DIGNIDAD PLENA DEL HOMBRE". No hace falta decir más.

También encontré un texto de Richard Sennett quien apunta que la principal dolencia de la sociedad capitalista se resume en un concepto: la falta de respeto, uno de cuyos aspectos es el respeto sobre la dignidad del mundo en un mundo de desigualdad.
Y bien podemos ahora incursionar en estos aspectos basándonos en las reflexiones anteriores. Se habla de dignidad en un mundo de desigualdades, donde unos viven con menos de un dólar diario, sin acceso a agua potable, a electricidad, a la salud y la educación. ¿Se puede ser digno sin medios de subsistencia? El respeto al ser humano en su vida trae consigo la labor institucional de proporcionar fondos en el presupuesto nacional para las políticas sociales, para la alimentación, la salud, la educación, la cultura, la vivienda, sobre todo a las capas más desprotegidas por naturaleza, cuales son los enfermos, discapacitados, las familias de prole numerosa sobre todo cuando la mujer es la cabeza de esa familia monoparental, los niños y jóvenes sin empleo, los emigrantes, etc. 

Acaso se puede nombrar la dignidad en una sociedad de grandes abismos, que se corroe por los vicios sociales de la miseria y exclusión social, el consumo de las drogas y el alcoholismo, la trata de personas y la prostitución, el trabajo infantil y esclavo, así como las guerras, sin dejar de mencionar la violencia en el sentido que la define la Organización Mundial de la Salud como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Esa violencia que constituye el mayor mentís de la dignidad humana, pues de ella se deriva la pérdida a diario como dijimos al principio de más de 26 mil niños por hambre enfermedades curables y otras causas evitables, que se equipara a un acto de terrorismo, por privar de la vida y la salud a las generaciones venideras, poniendo en riesgo la propia continuidad de la especie humana. Nos viene entonces a la mente el discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la Cumbre de la Tierra, cuando dijo sencillamente “Una especie está en peligro de extinción: el hombre”

La situación social de todos los países, principalmente de los países del tercer mundo, está agravada como consecuencia del neoliberalismo y las crisis económicas que la acompañan, que en la esfera laboral por el desmantelamiento del estado como garante de la protección del trabajador en sus relaciones laborales asimétricas, ha sido la causa de la desregulación convertida en falta de protección que sufren los trabajadores por ausencia de normas reguladoras de carácter general, siendo también el neoliberalismo la consecuencia de la manifestación de leyes económicas para que el Estado se vea a sí mismo como un ente ajeno y simple espectador de las relaciones entre las partes.

Siguiendo la definición de la OMS nos convencemos entonces de que la violencia puede ser lo mismo ejercida contra una población entera como acontece hoy en Irak, o la guerra desatada por Israel en la franja de Gaza y Cisjordania contra la población palestina con miles de muertos y cientos de miles de heridos, o contra una comunidad por el inhumano bloqueo de Estados Unidos contra Cuba como acto de privación del derecho a la vida y al desarrollo,  contra grupos o personas, mediante la violencia racista y xenofóbica contra los inmigrantes[4], la violencia ejercida sobre personas privadas de su libertad, tal cual sucede en las inhumanas condiciones de la cárcel de la Base Naval de Guantánamo donde los presuntos miembros de ALCAEDA u otras organizaciones llamadas terroristas llevan 8 años de injusta detención violatoria de sus derechos humanos.

O qué decir sobre la violencia ejercida contra los 5 cubanos presos en cárceles de los Estados Unidos desde el año 1998 sin haberse demostrado los crímenes de los cuales han sido condenados a injustas penas de hasta dos cadenas perpetuas, como si la persona humana pudiese vivir dos vidas para cumplir dicha sanción.

También se reconoce la violencia doméstica,  fundamentalmente contra las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados, la violencia juvenil producto del consumo de drogas, el alcoholismo y el uso de las armas de fuego que se comercializan como artículos de primera necesidad, provocando la creación de mafias y grupos que a su vez se convierten en seres violentos y que amenazan constantemente la vida del resto de sus conciudadanos, convirtiendo las sociedades en un ambiente de violencia extrema que lesiona la tranquilidad pública y a las personas en prisioneros dentro de sus propias casas por miedo a ser secuestrados, asesinados y sometidos a crueles actos de tortura.

Otra modalidad es la violencia escolar incluso entre menores de edad, la religiosa por convicciones de esa índole que hace que grupos enteros se autoflagelen o se inmolen en un grave acto de suicidio colectivo contra lo más preciado que tiene el hombre, su propia vida y la de otros miembros de su familia, su grupo y su comunidad, o sean sometidos por sus creencias religiosas a actos de barbarie, así como  la violencia en el mundo del trabajo.

¿Acaso no hay violencia institucional cometida por los gobiernos contra sus jóvenes, las mujeres, las poblaciones enteras al negarles el derecho al desarrollo, a la vida, cuando les cierran todas las oportunidades de sobrevivir y los empujan a un mundo violento, sin protección, sin justicia social, en fin, sin futuro?

O es que no se considera violencia, ejercida contra la dignidad y los derechos humanos  la precariedad, la flexibilización, la tercerización en las relaciones laborales, el crecimiento de la informalidad, el desempleo, la exclusión social y el pago de la deuda externa que cae sobre las espaldas de los pobres y desposeídos. ¿No se catalogará un acto de violencia en el futuro más inmediato lanzar al hambre a poblaciones enteras por favorecer los biocombustibles, o las migraciones humanas que convierten a las personas en víctimas del trabajo esclavo, o del inhumano tráfico de personas?

Arribamos a la conclusión de que la violencia es un fenómeno sumamente complejo cuya definición hasta ahora no es privativa de un grupo y puede ser definida según matices personales y culturales de cada cual, sin la exactitud científica tan deseada, ya que se trata de una cuestión de apreciación.

El debate entre cuáles son comportamientos aceptables e inaceptables, o qué constituye un daño a la salud, la integridad física y mental, está influida por la cultura y por ello debemos estar revisando constantemente nuestras propias ideas a partir de los cambios que se perciben en la evolución de los conceptos, así como se asumen conceptos tales como los valores humanos, la ética y las normas sociales en constante evolución.

Ante esta situación hay que llegar a un consenso entre los investigadores y los legisladores para establecer normas jurídicas universalmente aceptadas sobre el comportamiento con menor rigidez que en la actualidad, que las hace muchas veces inaceptables para algunos ordenamientos jurídicos y garantizar que se basen en los derechos humanos.

Cuando nos referimos a los derechos humanos, estamos convencidos de que todos son fundamentales para el desarrollo de la personalidad humana, como es la educación, porque los analfabetos están privados del derecho a la información y el conocimiento, no pueden estudiar, no pueden superarse y desarrollarse intelectualmente, por tanto hay una rebaja del sentido de dignidad como lo hemos apreciado y tal cual ocurre con la salud y la muerte por enfermedades curables, o la seguridad social, como acceso a una vejez sin miseria y hambre. Lo derechos sociales marcan la diferencia entre la dignidad declarada y la dignidad realmente cumplida, en dos dimensiones diferentes.

Las Constituciones de América Latina son un ejemplo de declaraciones de derechos sin embargo el acceso a ellos se limita en la dimensión real por la intolerancia consentida de los gobiernos que permiten el atropello de los mismos.

Reitero que el tratamiento de la dignidad y los derechos humanos es multidisciplinario y transdisciplinario en dimensiones que van desde la económica, pasando por la tecnológica, la jurídica, la cultural, la ética y la social, entre otras. Abordan y abarcan al ser humano en su estructura biológica, psicológica y social. Si vamos a la dimensión jurídica como dijimos con antelación, casi todo está escrito, pero adolece de aplicación práctica. Los operadores del derecho están faltando a su lealtad ante las personas y me explico.

Cuando en nuestros países se asevera la carencia de hechos de violencia, o inexistencia de la trata de personas, o del trabajo infantil y esclavo, o de migraciones de personas por falta de futuro, se está hablando del reconocimiento formal de los hechos, no de su ausencia, sino de que no ha habido la visualización de los mismos, están invisibilizados por falta de información, tratamiento en los medios, que lo mismo los amplifican como los minimizan en dependencia de intereses ajenos, de estadísticas o sencillamente, no se quiere sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las agresiones a que constantemente son sometidos los seres humanos, ya sean físicas como psicológicas.

La situación narrada con antelación conduce inexorablemente a la llamada “doble victimización” en sentido más amplio y no solamente basándonos en la teoría penal. La persona que sufre violencia, discriminación, exclusión, que está estigmatizada, se encuentra desprotegida, desamparada porque los propios operadores del derecho, ya sean jueces, abogados, fiscales, les plantean que no hay pruebas, que la ley no contempla artículo alguno donde se narren objetivamente los hechos para poder sancionar a los responsables, o sencillamente, que los daños a la salud pueden haber sobrevenido de otras causas y no del acto de violencia y discriminación que parece ser la causa.

El silencio de la ley, el silencio de los testigos, el silencio de los Estados termina por lanzar a las víctimas hacia una indefensión tal, conocida también como desamparo aprehendido que lacera sus esperanzas en el futuro, los hace perder la voluntad de lucha y sobre todo la creencia en sus leyes y en su Estado de derecho.

Peor aún cuando le informamos que los daños causados deben ser tasados para la reparación de los mismos, cual si se pudiera medir con dinero las consecuencias de la violencia en las personas y definir cuánto cuesta su dignidad herida, su imagen tergiversada, su honor dañado, su salud quebrantada, su esperanza perdida.

Por eso es preciso que los juristas, los médicos, los psicólogos y sociólogos, todos los especialistas, los dirigentes sindicales, en fin, todos aquellos que estén implicados en el tratamiento de la persona afectada, coadyuven a la búsqueda de pruebas, no de pruebas en el sentido conocido de la palabra, pruebas escritas, verificables fácilmente, sino de aquellas pruebas que puedan conducir al descubrimiento del trato inhumano y cruel al cual ha sido sometida la persona sin apoyo y sin medios de defensa legal. Porque también debemos reconsiderar que muchas veces estamos ante hechos que ni son ilegales ni ilícitos, porque la ausencia de norma jurídica convalida el acto de injusticia que se comete.

Por último señalamos para concluir que la responsabilidad social entendida como:

          Integración voluntaria de temas sociales, ambientales en las operaciones comerciales y las relaciones de la empresa con sus interlocutores.
          integrar la actuación de la empresa en una sola estrategia con política de calidad, seguridad y salud, ambiental, financiera, de comunicación, de capital humano y de mercadotecnia
no será el elemento que contribuya a paliar la situación actual de los países. Se trata de una responsabilidad social compartida entre las empresas y los estados, que no pueden ser los simples espectadores y al final cuando el trabajador o la trabajadora se encuentre lesionado en su autoestima, en su valor humano, en su posibilidad futura de trabajar, sencillamente explique: vivimos en una sociedad con enfoque neoliberal donde las partes celebran pactos y acuerdan sus relaciones y el Estado no se inmiscuye con su carácter regulador y protector de las mismas, por la propia voluntad de dichas partes que en su momento lo vieron como un obstáculo al desarrollo de sus pretensiones.  
Porque finalmente la violencia psicológico en el trabajo, causa un daño pluriofensivo, progresivo y continuo que lleva una carga capaz de desintegrar la dignidad en si misma considerada[5], como valor jurídico que sustenta el orden político y la paz social.
Porque se trata de la dignidad en general vinculada al respeto de los derechos humanos y no solamente la dignidad en la esfera laboral, como trabajador, que ha sido despojado de sus derechos ciudadanos, para convertirse en trabajador, con derechos puramente laborales, pocas veces tutelados y reconocidos. Con ello garantizamos que no solamente el acoso moral, sino el sexual y el resto de las conductas que ofendan la dignidad del hombre sean sancionadas y reprimidas para la protección merecida de las víctimas.



[1] Cada año mueren en el mundo 11 millones de menores de cinco años, y el hambre o la malnutrición son causa de seis millones de estos fallecimientos, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de Naciones Unidas. Aunque pocos niños mueren estrictamente de hambre, la falta de alimentos causa más de la mitad de las defunciones por trastornos neonatales, diarrea, neumonía o sarampión. La FAO recuerda que los Objetivos del Milenio fijan bajar de 800 millones a 400 millones las personas que pasen hambre en 2015, y que esa meta está muy lejos.
"La gran mayoría de los niños que mueren por enfermedades infecciosas curables habrían sobrevivido si sus cuerpos y sus sistemas inmunológicos no estuvieran debilitados por el hambre y la malnutrición", indica la FAO en su informe anual “El estado de la seguridad alimentaria en el mundo”.

[2] Dignidad y mobbing en un estado social y de derecho. Publicado en http//:cvv-psi.info
[3] Juez chileno que mantiene una página web conocida como www.prevelexchile.cl, autor del trabajo Dignidad personal, objetivo del acoso moral.
[4] Con indignación destacamos el testimonio televisivo de la golpiza propinada en España por un individuo adulto contra una niña peruana sin ninguna razón, cuando la emprendió a patadas contra ella, ante la mirada y anuencia silenciosa, afirmativa y cómplice del resto de los pasajeros del vagón del metro donde viajaban. ¿Esos son acaso los derechos humanos de que nos quieren convencer que han sido amparados por declaraciones internacionales?
[5] Retomo las ideas de María José Blanco Barea en su obra la Dignidad y el mobbing en un estado social de derecho

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