Por su importancia y por coincidir con planteamientos y trabajos que hemos publicado en nuestro blog, reproducimos a continuación parte del documento preentado por Acción Global de los Pueblos previo al Foro sobre Migración, desarrollo y derechos humanos, que tuvo lugar en Ciudad México del 8 al 11 de noviembre pasados.
La Acción Global de los Pueblos (AGP) demanda:
1. Una perspectiva de la migración y el desarrollo que coloque los derechos humanos en el centro.
2. Una cooperación intra e inter ‐ regional basada en la reciprocidad.
3. Seguridad humana.
4. El derecho a la movilidad.
5. Un alto a la contextualización de la migración en términos de seguridad nacional, y a la criminalización de las personas migrantes.
6. El derecho al trabajo digno.
7. El cese de la exclusión y discriminación social con base en el estatus migratorio, raza, etnicidad, género, clase, religión y origen nacional.
8. Investigación inclusiva para una aproximación integral al fenómeno de la migración.
9. La democratización del Foro Mundial de Migración y Desarrollo.
Qué es la Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos (AGP)
El proceso de la AGP se estableció en 2006 con el objetivo de posicionar una perspectiva de derechos humanos como elemento fundamental del discurso en torno a la migración y el desarrollo. Adicionalmente, la AGP busca hacer escuchar las voces de los migrantes, organizaciones y movimientos de la Sociedad Civil en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Para conocer más de la organización visite la página http://www.accionglobalmexico.org/
Sobre el evento celebrado en México, D.F. del 2 al 5 de noviembre de 2010, presentamos algunas consideraciones de los organizadores.
Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos los seres humanos dentro de su territorio. No obstante, en el 20 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias (CTM), se requiere de acción decisiva. Los representantes de gobiernos en todo el mundo que se reúnen en Puerto Vallarta para discutir las políticas de migración y desarrollo deben demostrar un compromiso ostensible con los derechos humanos, por medio de la ratificación e implementación de la CTM, de las convenciones clave de Naciones Unidas y los instrumentos relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En los cuatro años en que se ha reunido la AGP, el alcance y dimensión de la crisis de derechos humanos que afecta a los trabadores migrantes y sus familias ha alcanzado dimensiones aterradoras y trágicas.
En los países de origen, amplios sectores de la población viven el impacto sostenido de la crisis económica global, en la medida en que el aumento en el desempleo y la pobreza obligan a cientos de miles a migrar diariamente para sobrevivir. Alrededor del mundo, la represión política, guerras de ocupación y la persecución con base en raza, religión, género y orientación sexual pueden combinarse con la existencia de opciones económicas limitadas para obligar a personas –hombres, mujeres, niñas y niños, viejos y jóvenes— a cortar las raíces que los vinculan a su país de origen. El desarrollo económico desigual exacerba el impacto del cambio climático, que fuerza a millones de personas a abandonar sus hogares, aunado a la degradación ambiental impulsada por las grandes corporaciones, la pérdida de empleos urbanos y rurales, y la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a los efectos de desastres naturales.
Las y los migrantes empobrecidos, y quieres cruzan fronteras internacionales sin documentos, enfrentan obstáculos adicionales y con frecuencia son víctimas de abuso y explotación durante el tránsito. La reciente masacre de 72 migrantes centro y sur americanos por miembros del crimen organizado cerca de la frontera de México con Estados Unidos es un trágico ejemplo de las condiciones precarias que enfrentan quienes cruzan fronteras internacionales sin documentos. Aún más, el aumento en la militarización de las fronteras ha contribuido a la desaparición y muerte de cientos de miles de migrantes que atraviesan territorios y aguas peligrosas en su intento por buscar seguridad y sobrevivir.
Una vez que alcanzan el país de destino, las y los migrantes sufren los múltiples efectos de políticas migratorias represivas y restrictivas, de la xenofobia y el racismo. La criminalización del inmigrante indocumentado niega sistemáticamente todos los derechos, aumentando la vulnerabilidad de las y los trabajadores a ser explotados, sometiéndolos a arresto, detención y deportación; separando familias y destruyendo vidas. La niñez indocumentada, los menores no acompañados y las y los niños migrantes se enfrentan a formas extremas de abuso y explotación. En algunos países, se niega a las y los hijos de padres migrantes ciudadanía en el país de su nacimiento.
La globalización corporativa mina los derechos
La migración laboral no es un fenómeno nuevo. Las personas han estado constantemente en movimiento en busca de mejores condiciones económicas, políticas y sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Según el informe de desarrollo humano del PNUD 2009, actualmente hay 200 millones de migrantes internacionales, la mitad de los cuales son trabajadores, casi la misma proporción que la de mujeres. Las tendencias recientes han evidenciado que los trabajadores migrantes se concentran, cada vez más, en unos cuantos países industrializados cuya población está envejeciendo.
La migración en busca de empleo está vinculada a la economía global. El rápido incremento en la migración desde principios de los 70 está intrínsecamente vinculado al fracaso de actual modelo de globalización, que no ha podido crear trabajo decente para todas y todos. Al no poder encontrar oportunidades de trabajo en casa, millones de trabajadores se han visto forzados a moverse allende las fronteras, dejando atrás a familias y amigos. Los países que importan trabajo están ansiosos por dar la bienvenida a personal altamente calificado, mientras que los trabajadores menos calificados son frecuentemente forzados a migrar sin estatus legal, lo cual implica altos niveles de riesgo y explotación. En otros casos, los países de destino han establecido sistemas de migración temporal que niegan a migrantes derechos básicos indispensables como el poder cambiar de trabajo, tener reuniones familiares y residencia de largo plazo. Estos programas de trabajo temporal no pueden ser considerados modelos ni alternativas para resolver el flujo de personas.
La creación de un mercado laboral global es un factor clave de la globalización corporativa. La movilidad de trabajadores del sur para realizar labores en las industrias del norte es un elemento central del mercado laboral global. La importación de trabajadores altamente calificados permite a los países de destino reducir sus propios costos de educación y capacitación. Y actividades como la construcción, la preparación de alimentos, educación, servicios de salud, atención y cuidado, así como trabajo doméstico, son cada vez más dependientes de trabajadores –especialmente trabajadoras, mujeres del sur.
Desde la década de los 70, ha tenido lugar una profunda reestructura de la economía global conducida por las corporaciones multinacionales, gobiernos con poder y organismos internacionales como el Banco Mundial. Las políticas de supuesto ‘libre mercado’ han beneficiado a las corporaciones transnacionales y a los países ricos, al tiempo que eliminan empleos en los sectores industrial y sector agrícola en el sur global. Quienes defienden este modelo proponen que asegura una alta productividad, máxima eficiencia y, en el largo plazo, la disminución de la pobreza en países menos desarrollados. La realidad es muy diferente: un modelo económico basado exclusivamente en la utilidad ha llevado a un incremento en la desigualdad, desempleo endémico y sub‐empleo, degradación ambiental y un ciclo devastador de picos y depresiones.
Lo que se requiere con urgencia es una cooperación inter e intra ‐ regional sobre la base de la reciprocidad.
Una perspectiva de la migración y el desarrollo que coloque los derechos humanos en el
centro
Hasta la década de los 80, se tomaba por un hecho generalmente aceptado que la migración afecta negativamente el desarrollo en los países de origen, porque implica una transferencia de recursos humanos valiosos al aparato productivo de los países de destino. En años recientes, se ha generalizado la posición de que la migración promueve el desarrollo en los países de origen. Se pide, en suma, que algunos de los trabajadores más explotados en el mundo compensen el fracaso de las políticas oficiales de desarrollo.
La posición oficial de los gobiernos de países de destino, muchos países de origen y algunos organismos intergubernamentales es que la migración de países pobres a países ricos beneficia a todas las partes. Un modelo “gana‐gana‐gana” que beneficia tanto a los migrantes como a los países de origen y destino. Esto es falso. Lo cierto es que los migrantes están expuestos a la explotación, el racismo y la discriminación. Las y los migrantes no encajan en una categoría genérica, sino que viven la migración de forma distinta dependiendo de su estatus migratorio, raza, etnicidad, clase, género, orientación sexual, edad, religión y origen nacional. Las mujeres
migrantes frecuentemente se concentran en ciertos tipos de trabajo en los que están particularmente expuestas a la explotación y el abuso. Las y los migrantes indocumentados se ven con frecuencia confrontados por arresto, detención y deportación, incertidumbre económica y social, negación de sus derechos y amenazas a su vida y seguridad. Otros grupos de migrantes vulnerables, como los gitanos (Roma), Sinti y Travellers, así como migrantes de pueblos originarios, también se enfrentan a formas específicas de discriminación, exclusión y explotación.
Las mujeres migrantes, que encarnan varias identidades excluidas, son especialmente vulnerables. Las mujeres migrantes enfrentan violaciones de sus derechos en su casa, comunidad, lugar de trabajo, durante el tránsito de un lugar a otro, y de cara al Estado. Esto incluye con frecuencia violencia sexual, explotación laboral intensiva y separación de las familias, que puede implicar una pérdida de atención y cuidado de los niños. Las remesas no necesariamente ayudan al desarrollo de los países de origen. Los altos costos de envío, la corrupción y las barreras burocráticas consumen gran parte del dinero. Con frecuencia, las remesas se convierten en una nueva forma de dependencia, que obstruye el desarrollo local y nacional. Debido a que los migrantes generalmente trabajan en empleos menos calificados, sus opciones de movilidad se ven reducidas.
La migración para retornar a las comunidades de origen muchas veces implica que el país de origen debe asumir la responsabilidad de pensiones y seguridad social para los trabajadores que contribuyeron a las economías de los países ricos. Es un error colocar en los trabajadores migrantes menos calificados la carga de impulsar el desarrollo en los países del Sur a través de sus remesas. Esto condona a los países ricos en el norte de su responsabilidad de cumplir con
los compromisos de ayuda internacional para el desarrollo, y de crear un ambiente que permita el desarrollo.
En consecuencia, la AGP hace un llamado a los gobiernos para poner fin a prácticas de exclusión social y discriminación con base en la raza, etnicidad, género y origen nacional.
Hacemos un llamado a los gobiernos para alejarse del modelo de desarrollo que genera sistemas migratorios explotadores e incorporen una perspectiva de derechos humanos como la base de la migración y el desarrollo.
Aún más, hacemos un llamado a los gobiernos para procurar seguridad humana, y el bienestar económico y social de las personas en los países de origen y destino.
Derecho al trabajo digno
La demanda global de trabajo divide a las y los trabajadores dependiendo de su raza, etnicidad, género y estatus legal. Estado, empleadores y élites en los países de destino se ven beneficiados por estas divisiones, lo cual aumenta la naturaleza precaria del trabajo. Ha habido una proliferación de esquemas de trabajo temporal que niegan los derechos humanos y laborales, y obstaculizan la reunificación familiar. Se estima que hasta 40 millones de migrantes a nivel mundial se ven implicados en situaciones de irregularidad.
La búsqueda de utilidades por parte de las compañías transnacionales incluye el reclutamiento internacional de trabajadores indocumentados con pocos o ningún derecho. Esto garantiza una fuerza de trabajo barata y explotable, a costa de minar los salarios y derechos de todos los trabajadores. El uso intencional de trabajadores indocumentados con pocos o ningún derecho garantiza una fuerza laboral barata y explotable, y mina tanto los salarios como los derechos de todas y todos los trabajadores.
La AGP, por lo tanto, demanda condiciones decentes de trabajo decentes de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT. La AGP también exige a los gobiernos apoyar la resolución de la OIT para impulsar la creación de una nueva convención internacional de la Organización sobre trabajo doméstico.
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