martes, 28 de febrero de 2012

CUMPLO SOLICITUD DE MIS COLEGAS ABOGADOS COLOMBIANOS. INTERESANTE LECTURA


"Yo saqué a la luz un monstruo
económico y político": Bladimir Sánchez.


El realizador de "El video que el Gobierno no quiere que veamos", es víctima de amenazas que lo obligarían al exilio. El motivo: su reportaje, publicado el martes, muestra cómo varias personas son desalojadas violentamente por la Fuerza Pública de la represa 'El Quimbo".

Colombia entera y varios países extranjeros fueron testigos de los abusos que cometió la fuerza pública en un enfrentamiento contra los ciudadanos en el Huila, gracias a "El video que el Gobierno no quiere que veamos". Las imágenes muestran la resistencia que puso un grupo de ciudadanos ante el desalojo que adelantó el Gobierno para seguir con las obras de la construcción de la represa 'El Quimbo', en las veredas ubicadas a las orillas del río Magdalena, en el departamento del Huila. El video corrió por las redes sociales y en tres días alcanzó más de 700.000 visitas y está siendo traducido a cinco idiomas. A su realizador, Bladimir Sánchez, lo han llamado de Estados Unidos, Brasil y Francia entre otros países, para conocer más sobre el tema y algunas universidades extranjeras quieren incluir el registro de lo sucedido en 'El Quimbo', en sus asignaturas de derechos humanos.

Sin embargo, Bladimir, de 29 años y quien lleva cuatro investigando el caso de la represa de 'El Quimbo', no ha podido disfrutar de este éxito por culpa de las amenazas que lo tienen a punto abandonar el país.

Semana.com: ¿Se imaginó lo que le iba a pasar después de que publicara el video

Bladimir Sánchez: ¿Lo de las amenazas? Sí. El que se haya leído la historia de este país sabe que quién se atreva a denunciar una verdad es víctima de la persecución. Y yo saqué a la luz un monstruo económico y político.

Semana.com: Debido a la gravedad de sus denuncias ¿alguien lo persuadió de no hacer público el reportaje?

B.S.: Sí, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo en que lo publicara porque querían proteger mi integridad y otros porque sentían mucho temor. Yo me atreví a revelar una verdad al país y al mundo con la intención de que no se sigan repitiendo esas atrocidades y que esto no quede en la impunidad. Yo soy profesional de comunicación y he estado en el periodismo comunitario desde hace mucho tiempo.

Este conflicto lleva cuatro años y siempre he estado en las investigaciones en todo este proceso, grabando todas las asambleas. He elaborado siete proyectos sobre el mismo tema, todos están en YouTube, pero este fue el que más llamo.

Semana.com: ¿Cómo empezaron las amenazas?

B.S.: Al segundo día de haberse publicado el video me llamaron y me amenazaron pero las que ocurrieron al día siguiente fueron más contundentes, me decían que ahora si me iban a desaparecer.

Semana.com: ¿Llegó a pensar que el video tendría en tan pocos días casi un millón de visitas?

B.S.: Pues esto es el resultado de un proceso de cuatro años de mucho trabajo y finalmente se logró mostrar la evidencia de una clara violación de los derechos humanos, de cómo la Fuerza Pública atropelló a todo un pueblo. Han sido más de 700.000 reproducciones y está siendo traducido a cinco idiomas. Me han llamado reporteros de Estados Unidos, de Francia, y de otros países. El objetivo era demostrarle al país que la locomotora minera no es eso sino que es una aplanadora, que deja sin empleo a más de 400 familias, 3000 personas y que el Gobierno no ha querido escuchar a las comunidades.

Semana.com: ¿Cuál fue la motivación que tuvo para hacer este trabajo?

B.S.: Terminar con la impunidad, porque aquí se está afectando a miles de personas y no sólo aquí en el departamento del Huila. En la Guajira, por las minas de carbón se asesinaron 500 indígenas y no pasa nada porque eso sigue en la impunidad. Este video ha animado a otras asociaciones a que publiquen lo que está pasando en diferentes partes.

Semana.com ¿Cuál es el siguiente pasó que piensa dar para continuar con esta denuncia?

B.S.: Se está convocando a nivel nacional marchas por la defensa del territorio, y pues, en lo personal, le exijo al Estado protección y que los organismos internacionales de derechos humanos, hagan la veeduría de esta protección. Se necesita el respaldo internacional porque si en Colombia se hace una investigación profunda donde se denuncia la participación de políticos, entonces no existen las garantías suficientes en este país.

OTRO SOBRE LA REFORMA LABORAL


La reforma laboral y sus peligros
Rafael Borràs Ensenyat · · · · ·

26/02/12


I.- La Reforma Laboral plasmada  en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, es una auténtica revolución (en este caso conservadora) del Derecho Laboral español. Un cambio tan radical que se hace sin un diagnóstico previo del mercado laboral del Reino de España puede provocar peligrosos efectos colaterales indeseables. De hecho, la última aproximación al análisis de las trayectorias de fondo de las dinámicas laborares españolas es de enero del año 2005 en aquel documento que elaboró la Comisión de Expertos para el Diálogo Social titulado “Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas”. Ciertamente ha llovido mucho en los últimos siete años, pero es muy aconsejable la relectura de este informe para -se esté de acuerdo o no con sus conclusiones- darse cuenta que las Reformas Laborales de los años 2010 y 2011 se hicieron únicamente para saciar a los insaciables mercados financieros y la de Mariano Rajoy no tiene otra explicación que una deriva ideológica ultraconservadora y un vano intento del Gobierno del PP de conseguir de la troika (UE/BCE/FMI) una cierta flexibilidad en los plazos por la reducción del déficit público.
La Reforma Laboral no conseguirá ni la clemencia de las instituciones europeas e internacionales, ni creará empleo. Sobre lo primero la burocracia ultraliberal de Bruselas acaba de aceptar una imperceptible rebaja en los objetivos del déficit público español que no hace más que confirmar su crueldad para con los débiles, y sobre lo segundo –la creación de empleo- ya proliferan las declaraciones de sus mentores que fían sus supuestos efectos benéficos para reducir el paro al socorrido “largo plazo”. Valga como ejemplo lo que acaba de declarar públicamente un tal J.R. Bauzá: “La reforma laboral dará resultados en meses o años”. Así se ha referido, claro está a la generación de empleo y no a otros efectos absolutamente inmediatos, quien, además de ser Presidente del Gobierno de Baleares, es una promesa de provincias en alza en el seno del PP español.
Como quiera que el reformazo es muy coherente con el regreso a la pasión desaforada por el cemento, el tocho y el trabajo de baja cualificación, tampoco reducirá la temporalidad laboral directamente asociada a los problemas del modelo de crecimiento y de productividad que tiene el mercado laboral español. El peligro es que se provoque una gran decepción a una sociedad con grados ya elevados de frustración por la crisis. Obviamente, la mayor frustración será para quien, en la desesperación de una situación insoportablemente prolongada de paro, está rozando la peligrosa línea de la exclusión social y siguió creyendo que la alternancia política en la lógica bipartidista era solución.
II.- Puede ser discutible la intensidad, pero no lo es que el objetivo principal de la Reforma Laboral del PP es el de un abaratamiento estructural de los costes laborales. A este fin se dedica la mayor parte de la ingeniería reformadora: Desde la implantación de unas normas para la negociación de los convenios colectivos absolutamente sesgadas a favor de la parte empresarial, al radical abaratamiento del coste de todo tipo de despido, pasando por la promoción de un tipo de “Guantánamo laboral” bajo el eufemismo de “Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”. Teniendo en cuenta que este contrato tiene un despido absolutamente libre y totalmente gratuito durante el primer año de la relación laboral, seguro que será muy empleado por el empresariado. En mi opinión, esta modalidad de contratación es peor que los famosos “mini Jobs” o “mini trabajos” de Alemania.
En un contexto de moderación del salario nominal y de ausencia de crédito, el peligro es de una mayor contracción del consumo y una profundización de la recesión económica. Otro peligro es que la introducción de nuevas formas de precariedad -y 365 días en periodo de prueba lo es- puede agravar la pérdida de productividad del factor trabajo. En cualquier caso, la inocultada alegría de Miguel Ángel Ordóñez evidencia que estamos en presencia de la por él insistentemente reivindicada expoliación del poder adquisitivo de las clases medias y bajas. El Gobernador del Banco de España y los suyos ganan su particular cruzada a favor de una “devaluación interna” ante la imposibilidad de empobrecer a la inmensa mayoría mediante una devaluación de la moneda.
III.- Ni los defensores de la Reforma Laboral discuten que se han extremado las facilidades para el despido tanto individual como colectivo, en el sector privado y en el sector público. Si tomamos en consideración las previsiones sobre ocupación de las instituciones internacionales (OIT, FMI), europeas y españolas, es fácil concluir que si ahora es más barato expulsar mano de obra el paro crecerá todavía más y que, con el mantenimiento de las políticas de austeridad extrema, la proliferación de los EREs en el sector público promete ser la moda de la próxima primavera. El peligro cierto es un incremento del paro y un exponencial aumento del gasto de protección de desempleo que puede poner en cuestión la sostenibilidad de este mecanismo automático de estabilidad social y “justificar” un nuevo recorte social. Las impertinencias del dirigente de la CEOE solicitando que los parados pierdan la prestación económica si rechazan cualquier oferta de trabajo “aunque se tengan que ir la Laponia” no deberían achacarse a un calentón de boca. El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, sabe muy bien que en Finlandia y en Noruega las relaciones laborares son ciertamente muy flexibles aunque con una protección social que nada tiene que ver con la del Reino de España. Por aquellos fríos lares mal funciona eso de la “flexiseguridad”. Por aquí se impone la “flexiinseguridad”.
IV.- Tengo la impresión de que el cambio más radical, el que tendrá más recorrido en el tiempo y provocará unos cambios sociales de más calado son todas las medidas contenidas en el Capítulo III del RDL. Las medidas diseñadas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas obvian cualquier mecanismo de negociación o pacto entre los sujetos de las relaciones laborales. Las capacidades de la dirección de la empresa pasan a ser omnímodas -la alternativa a la aceptación por parte del trabajador/a es el despido- en materias tales como clasificación profesional, movilidad funcional, tiempo de trabajo o movilidad geográfica. De nada ha servido el intento de suavizar esta mercantilización e individualización de las relaciones laborales que se intentó en el “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014” que firmaron CCOO y UGT con la CEOE el pasado 25 de enero. Con la Reforma Laboral de 2012 el Derecho Laboral y la Acción Sindical son dinamitados como ejes para la determinación de las condiciones en las que se presta el trabajo en las empresas. El trabajo es cada vez más mercancía sin ningún derecho y con un precio que depende del mercado.
El peligro de esta carta blanca al autoritarismo empresarial es que, a las “fricciones” o “imperfecciones” en la relación entre la demanda y la oferta de los mercados laborales que analizan los premios Nobel de Economía del 2010 Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissarides, se sumen otras nuevas. Es decir, a las ineficiencias del modelo turbo – capitalista, medidas en paro coyuntural y de larga duración, dificultades de ligar oferta y demanda, carencia de formación y habilidades para ocupar un determinado lugar de trabajo, desajustes en salarios y productividad, etc., ahora se sumarán las derivadas de la gestión más o menos autoritaria de la empresa.
V.- No hay duda que estamos ante una Reforma Laboral que nos acerca peligrosamente a una sociedad más “dickesiniana”, con fuertes retrocesos en la cohesión social y con bastante menos democracia (atención a la posible regulación restrictiva del derecho de huelga). Un futuro incierto en el que el riesgo es que los progresistas no sepamos combatir los peligrosos efectos de esta oleada de ideología conservadora. Conviene no seguir en Babia y tener presente que, en palabras del maestro Josep Fontana, “la ofensiva empresarial no se limita... a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una trasformación permanente del sistema político”. Esta Reforma Laboral es, sin duda, una pieza de importancia clave de esta transformación neoliberal del sistema.
VI.- El ataque a las clases populares y al sindicalismo es de tal calibre que aconseja una respuesta inteligente y meditada que forzosamente ha de ser de movilización y de acumulación de fuerzas. El éxito de concurrencia en las manifestaciones del domingo 19 de febrero demuestra que la gente no está dispuesta a permanecer pasiva ante la agresión. Es posible -y deseable- que las marchas de protesta que se han convocado en todos los estados de la UE el próximo día 29 sean, en el caso español, otro clamor contra la Reforma Laboral. Mientras tanto las nuevas normas laborales van acumulando víctimas. Algunos ejemplos los hemos podido observar ya: Las pegas que la Administración ha puesto para la publicación oficial del Convenio Colectivo Estatal de la Construcción –un convenio negociado y firmado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero y en que la dinámica negociadora de las partes ha querido dotarse de normas y derechos que ahora la Reforma Laboral impide-, los cambios que una patronal envalentonada y con el BOE en la mano pretende imponer en el Convenio de Agencias de Viajes cuando lo único que debe hacerse es la revisión de las tablas salariales. Estos son algunos ejemplos de los que los medios de comunicación se han hecho eco pero de los despidos baratos, de los EREs Express “low cost”, o de los contratos con un año de periodo de prueba se habla menos porque son las victimas invisibles pero están ahí.
A este victimario y al conjunto de los amenazados –que somos la mayoría de la ciudadanía- el movimiento sindical, especialmente CCOO y UGT, nos debe una respuesta en forma de propuesta de lucha que, sin duda, deberá in crescendo. En ningún caso cabe la resignación ni la movilización “para cubrir el expediente”. Este sería el mayor peligro: Que la Revolución Conservadora del Derecho del Trabajo deslegitimará a los sindicatos. La Huelga General no puede ser un escenario descartable, pero tampoco puede ser un punto de llegada de un largo periodo de conflicto social. Convendría recordar que, tal como escribió Marx en La ideología alemana, “No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”. [1] Con la Reforma Laboral del PP la vida será mucho más dura y precaria para la mayoría de la población. Es muy probable que el viejo Marx vuelva a tener razón y la conciencia de clase crezca en la medida que crece el conflicto.
Rafael Borràs Ensenyat fue secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Balears y miembro de la Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO de les Illes Balears. Actualmente trabaja como coordinador de programas de la Fundación Gadeso

GRACIAS A LA CONTRIBUCIÓN DE PEDRO GUGLIELMETTI, TRANSMITO EL SIGUIENTE TRABAJO SOBRE ALEMANIA


Alemania: cuidado con la comparación laboral
Rafael Poch · · · · ·

26/02/12

La utilización del “ejemplo alemán” en materia socio-laboral es dudosa si no se atiende a las fuertes diferencias de contexto
Al tópico del "hay que hacer los deberes", sin explicar quién es el maestro de tal infantil imposición, se suele sumar la evocación selectiva del "ejemplo alemán": los alemanes lo han hecho, los alemanes tienen poco desempleo, luego hay que hacerlo. Cada uno de los presupuestos de esa afirmación contiene una trampa. Así que el resultado no puede ser más dudoso. Ocurre, naturalmente, con la llamada "reforma laboral".
Visto desde España el cuadro laboral alemán es incomprensible sin atender a sus aspectos generales básicos. En primer lugar, en Alemania los trabajadores tienen mayor influencia en las empresas. En el marco de la llamada "cogestión" (Mitbestimmung), elogiada la semana pasada por el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, los comités de empresa tienen poder de decisión en aspectos que en España son mucho más exclusivos del empresario, como jornada laboral, organización del trabajo, rendimiento y salarios. El empresario asume todos los gastos del comité de empresa, incluida la formación de sus miembros. En aquellas empresas que tienen comités de empresa (alrededor del 40% de los trabajadores operan en empresas que los tienen), el despido debe ser consultado y es nulo si no se hace. En algunos sectores, como las grandes empresas de la minería y el acero, la participación laboral en los consejos de administración es paritaria. Todo ello da cierta influencia en la toma de decisiones.
Flexibilización y empleo
En general en Alemania las relaciones laborales son menos "feudales", en el sentido de menos arbitrarias, y los empleados tienen, por tradición, una mayor conciencia de sus derechos. Dicho esto, en los últimos años se ha desarrollado un "segundo mercado de trabajo" que destroza el marco de relaciones tradicional y desdibuja por completo ese estado de cosas que, desde luego, no es general para todos los trabajadores. Ese "segundo mercado", con sus figuras ("minijobs") e instituciones (agencias privadas de empleo, etc.) implica a unos ocho millones de empleados en sus diversas formas y variedades, y apunta hacia una sociedad imprevisible sin la menor relación con el admirable "Modell Deutschland". Su planteamiento se creó en nombre de la flexibilización, aunque no existe ni un solo estudio que demuestre que la flexibilización laboral crea más empleo.
Contra el tópico que se maneja en España, el efecto de la flexibilización laboral en Alemania no ha sido más trabajo (el volumen total de horas trabajadas en el año 2000 era de 57,7 millardos, y en 2010 fue de 57,4) sino el reparto del mismo trabajo entre más personas. Ese es uno de los secretos que la propaganda del gobierno alemán omite cuando afirma que el país tiene hoy "menos parados que nunca": no es verdad.
El paro en su contexto
En segundo lugar, el universo alemán es diferente al español en aspectos fundamentales como su estructura económica, fuertemente industrial-exportadora, su mucho mayor gasto social (a 25 puntos de ventaja del español, que está 15 puntos por debajo de la media europea), y su muy inferior tasa de paro.
En un país con un desempleo del 7%, que incluye algunas regiones con casi pleno empleo, el despido no es una calamidad percibida poco menos que como definitiva, como puede serlo en un país con el 23% de paro, sino un mero incidente entre dos ocupaciones. Jugando con una analogía penal, se podría decir que el mismo despido que en España puede percibirse como una dura y fatal condena, en la Alemania de hoy puede no pasar de una leve y corta pena de arresto domiciliario.
Evidentemente, incluso teniendo en cuenta los problemas del subempleo, las dificultades para encontrar trabajo de los mayores de 45 años y la propagandística contabilidad oficial del paro (más un millón de parados barridos debajo de la alfombra, según los sindicatos), todos estos aspectos generales convierten en profundamente diferentes, por su contexto, normas y regulaciones parecidas, iguales e incluso más duras para el trabajador alemán en materia de despido, costes y negociación colectiva.
Despido: un recurso diferente
Dicho todo lo anterior, el despido alemán puede ser justificado o injustificado. En el primer caso, respetados los procedimientos correspondientes, la empresa no está obligada a pagar indemnización. Si es injustificado se busca un acuerdo cuya norma suele ser la mitad de la mensualidad por año trabajado. Si el trabajador no acepta el trato y el despido se declara judicialmente injustificado, la empresa debe readmitir al trabajador y abonarle los salarios atrasados.
Una vez más, ese cuadro legal induce a error sin atender a otra diferencia fundamental: mientras los empresarios españoles estuvieron dispuestos a asumir el coste de los despidos improcedentes y deshacerse de los trabajadores, en Alemania los empresarios invirtieron en 2009 aproximadamente 5000 millones de euros en la coofinanciación del llamado "Kurzarbeit" (trabajo con jornada reducida) y mantener sus plantillas. La reforma laboral española da más poder a un empresario cortoplacista, mientras que el Kurzarbeit apunta otro tipo de perspectiva. Este recurso permitió preservar 1,2 millones de puestos de trabajo. En mayo de 2009, en el peor momento de la crisis para Alemania, casi 500.000 empleados y 56.000 empresas estaban en este régimen. Ahora hay menos de 80.000 empleados en él. Eso no tiene nada que ver con la mayor "maldad" o "bondad" del empresariado, sino con la estructura económica y el volumen de gasto social.
Una red social que se encoge (y se debate)
En caso de desempleo la cobertura del seguro alcanza un año, aunque es más larga para los mayores de 55 años, y asciende al 67% del antiguo salario. Concluido ese periodo, se pasa a recibir la prestación no contributiva que asciende a 359 euros mensuales, más el pago del alquiler de la vivienda, los gastos de calefacción y toda una serie de extras, dependiendo del número de hijos y de su edad. En los últimos años estas prestaciones fueron muy recortadas a la baja (en algún caso el Tribunal Constitucional obligó a revisarlas), lo que ha transformado el ambiente social en dirección a una mayor pauperización. Esa tendencia es vista como problema y objeto de un vivo debate, social, mediático y parlamentario que atraviesa a todas las fuerzas políticas.
La ayuda no contributiva, en principio indefinida, ha sido fuertemente penalizada y condicionalizada por principios como el de "fomentar y exigir" y conceptos judicializados como el de "trabajo asumible", que exigen al parado, especialmente al menor de 25 años, que participe activamente en la búsqueda de trabajo y que obliga a aceptar prácticamente cualquier oferta de empleo. Esta dureza debe ser, una vez más, cotejada con un contexto en el que, según los últimos datos (diciembre de 2011), la media de permanencia de un joven menor de 25 años en situación de desempleo es en Alemania inferior a las catorce semanas, lo que en España, con toda una generación aparentemente condenada al desempleo, sería un sueño.

Rafael Poch, amigo y colaborador de SinPermiso, es el corresponsal en Berlín del diario barcelonés La Vanguardia.

sábado, 25 de febrero de 2012

CON EL PERMISO DE ANTONIO BAYLOS Y SU BLOG, PUBLICADO HOY MISMO HACE UNA HORA APROXIMADAMENTE.

¿DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES ES FRANQUISTA?
 
La reforma laboral está siendo defendida desde posiciones supuestamente diversas pero demasiado homogéneas en su configuración clasista de consolidación del privilegio económico. Los argumentos son muchos, y la retórica del "equilibrio", de la "justicia" y de la "bondad" se declina con distintos acentos. Sin embargo uno de ellos es especialmente irritante, y se maneja con soltura por algunos protagonistas del espacio mediático - político como si se tratara de un hallazgo fecundo en la demostración de la necesidad de la reforma. Se trata de decir que el gobierno legislador mediante el RDL 3/2012 ha puesto fin al modelo franquista de derechos laborales. El texto que a continuación se inserta intenta reflexionar sobre esta pretensión, y constituye una versión del que se ha publicado en el número 36 de la Revista de la Fundación 1 de mayo correspondiente al mes de febrero de 2012.

Lo hemos oído muchas veces en boca de los exponentes más conocidos del neoliberalismo español. Hace poco, Esperanza Aguirre, la presidenta de la CAM, lo acaba de repetir respecto de la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 3/2012. Además de una nueva andanada contra los sindicatos, a los que considera anticuados, reaccionarios y antisociales (sic), ha afirmado que el nuevo texto legal pone fin al régimen franquista de regulación de derechos laborales que ha impedido el crecimiento y el empleo y que felizmente se sustituye por un marco legal apropiado al mercado. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian ditirámbicamente las intervenciones públicas de la Presidenta de la CAM cuanto más agresivas y antidemocráticas sean. Fieles a su nueva imagen de vencedores seguros en una contienda ya decidida, algunos responsables de la CEOE también han hecho suyo el argumento. Pero centrándose en la imputación de franquista al marco laboral reformado, hay que señalar que el argumento, por mucho que se reitere, es inconsistente e incoherente, y, naturalmente, completamente falso.

Es inconsistente porque afirma que el franquismo defendía los derechos laborales del trabajador, y por tanto, el RDL 3/2012 es antifranquista en cuanto que cancela las garantías de los derechos derivados del trabajo, y es incoherente con el discurso del Partido Popular y de la propia Aguirre sobre la inconveniencia de traer al tiempo presente referencias al franquismo y menos aún a lo que éste supuso de régimen criminal e ilegítimo. Es ante todo falso porque como se sabe, el franquismo se construyó política y económicamente como un Estado anti-obrero, y puso toda su maquinaria represiva al servicio de la persecución y eliminación de personas y organizaciones que perseguían justamente defender los derechos de los trabajadores. Algo de esto deben recordar muchos de los hoy neoliberales de mayor edad. Claro que es posible que tengan mala memoria. Pese a los homenajes repetidos a uno de los “padres” de la constitución de ominoso pasado represivo – o quizá justamente por ello - se olvida que entre el franquismo y la democracia hay un proceso constituyente que culmina en una Constitución en la que se configura el estado español como un estado social de derecho y, en consecuencia, se reconocen un catálogo de derechos colectivos e individuales de los trabajadores que vinculan a los poderes públicos y son garantizados tanto autónoma como jurisdiccionalmente.

El franquismo desde su primera etapa nazi-fascista, su untuosidad católica como religión de estado, su confianza en el mercado y en la empresa como creadora de riqueza, hasta su última fase, denominada tardo franquismo, y que incluye la primera transición una vez muerto el dictador, se caracteriza por dos grandes líneas. La expulsión de la dimensión colectiva de la regulación del trabajo, la incriminación de los sindicatos libres y de la huelga como medida de presión, es la primera. La segunda es la sustitución de esa dimensión colectiva por una dimensión organizativa empresarial, dirigida y ordenada por el empresario de forma unilateral y despótica en las primeras etapas del régimen y posteriormente, a partir del desarrollismo, con la apertura de espacios de participación y de contratación en la empresa, siempre en una lógica colaborativa y no conflictual. Ambas vertientes coincidían y resultaban tuteladas por el poder público, la autoridad laboral ante todo, que controlaba y autorizaba los contenidos de los convenios colectivos, con importantes facultades arbitrales, la administración gubernativa entendiendo cualquier conflicto como alteración del orden público, el aparato judicial especializado en la represión política – solo hay que recordar que en 1973 se condena en el proceso 1001 a veinte años de cárcel a cada dirigente obrero por organizar un sindicato (¿serían hoy vituperados como “liberados” sindicales Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y el resto de la dirección de CCOO como entonces lo eran por “activistas a sueldo de Moscú”?) , y que en 1975, meses antes de la agonía del dictador, un consejo de guerra, condenaba a obreros del Ferrol a 12 años de prisión por participar en una huelga – y, aunque no se suele recordar, el poder disciplinario del empresario que castigaba los actos de insubordinación colectiva con el despido. Ese era el franquismo que defendía los derechos laborales. Todo el contencioso que generó la amnistía laboral – una gran olvidada en los relatos de la transición política – puede dar cuenta de esa equiparación inverosímil entre el franquismo y la tutela de unos derechos que fueron preservados gracias a la acción colectiva – e ilegal – del movimiento obrero y sus organizaciones.

Nadie habla de la constitución y no porque se haya muerto o extinguido. Sigue siendo el texto fundamental, al que se recurre enfáticamente cuando se quiere hablar de la unidad de la nación española en oposición a reinvindicaciones federalistas. Pero no parece serlo en la parte que reconoce derechos sociales plenos y vinculantes para los poderes públicos. No lo son desde luego para el discurso de Aguirre y de sus sicofantes mediáticos. Al pensamiento neoliberal no le gusta que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, y descuida que este texto fundamental regula el trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad, articulando esa centralidad mediante el reconocimiento de derechos ante todo colectivos, que giran en torno al poder normativo y de presión del sindicato, individuales para reconocer las posiciones básicas de defensa frente a la lógica del mercado y al poder organizativo del empleador, y sociales sobre la base de prestaciones públicas que se dirigen a una nivelación de las desigualdades económicas, sociales y culturales y a la desmercantilización de las necesidades y riesgos sociales básicos a través de un sistema acabado de Seguridad social.

Este marco institucional es el que configura la democracia. La democracia no se define por un recuento electoral de votos cada cuatro años que permita la toma de decisiones alejadas de cualquier control y opacas a cualquier forma de participación ciudadana, sino que se despliega en toda una serie de prescripciones que afectan al gobierno de las cosas y de los procesos sociales, y se tecnifica en procedimientos de creación de normas vinculantes para los poderes públicos que determinan un determinado equilibrio institucional entre intereses contrapuestos. La esfera de la producción de bienes y servicios, las relaciones sociales que se desprenden de las estructuras económicas generadas por un “sistema de empresa”, son también directamente “reinterpretadas” conforme a la constitución democrática. La voluntad de los sujetos económicos se inserta en un orden político que la condiciona. Sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Todo ello lo ignora el discurso neoliberal extremo y agresivo, y lo pervierte groseramente en su contrario, en un proceso de resignificación autoritaria del lenguaje que se aprecia tanto en el boletín oficial del estado como en los grandes medios de comunicación dominados por los poderes económicos. De esta manera, las medidas de abaratamiento y facilitación del despido son definidas por el RDL 3/2012 como “medidas para lograr la eficiencia del mercado y reducir la dualidad laboral”, pero un informe sobre esta norma de un conocido estudio jurídico de abogados avanza un poco más y las denomina “medidas para afianzar la estabilidad en el empleo”, señalando a sus destinatarios que esta debe ser la línea de exposición predominante sobre el contenido de la reforma en ese punto. Esta perversión lingüística se profundiza al definir la democracia social y su conjunto de derechos laborales y de contrapesos sociales como franquista, asociando la imagen de un régimen criminal y despótico con el sistema pluralista y garantista que nace justamente de la sustitución de aquél. Por el contrario, la reforma puesta en práctica por el Partido Popular con el apoyo inestimable del nacionalismo catalán, que rescata la hostilidad antisindical y anticolectiva y fortalece en términos impensables el poder autoritario del empresario, no se justifica en términos políticos, sino económicos: creará empleo y confianza de los mercados. El discurso neoliberal de Aguirre y sus corifeos utiliza la política como descalificación y la economía como ensalzamiento. Son dos dimensiones que se presentan en términos de oposición, negativa la esfera de la política “intervencionista y anticuada”, positiva la esfera de la economía “libre y dinámica”. Pero ante todo es un discurso que absolutiza la mentira y la falsedad como elementos incontrovertidos, dogmáticos. La democracia social es fascista, el autoritarismo empresarial creará empleo. Y punto, como diría aquel llorado ministro de Franco y fundador del PP, recientemente fallecido y tan sentidamente homenajeado por la propia presidenta de la CAM para quien el respeto de los derechos de los trabajadores es algo obsoleto en este siglo XXI.