lunes, 19 de mayo de 2014

INTERVENCION DE JAIME NUGUER EN LA 18A REUNION DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE JURISTAS DEMOCRÁTICOS

LA CARTA SOCIO LABORAL LATINOAMERICANA

Nació en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas celebrado en la Ciudad de Méjico en el mes de octubre de 2.009. Los abogados laboralistas que habíamos estado trabajando en los años previos sobre sus contenidos coincidimos en que la Legislación Laboral es históricamente un producto del sistema capitalista, y desde ese punto de vista una forma de consolidar el sistema e impedir su transformación. Sin embargo, estamos convencidos que la lucha organizada y liderada por los trabajadores para el avance de sus derechos puede ser parte de la lucha de los pueblos por el progreso social y la transformación hacia un nuevo orden económico social.

Como una contribución hacia esos históricos objetivos, brindamos esta propuesta con la intención de tomar la ofensiva en la lucha contra el neoliberalismo. Diversos países en nuestro continente Latino Americano tienen condiciones sociales y políticas para esas transformaciones, superando las regresiones neoliberales de la década de los ’90. Y esto es lo que está ocurriendo, con realidades diferentes, y contradicciones en Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Argentina y otros.

Como nuestra Carta propone: Indudablemente ha llegado el momento de dejar de lado la mera defensiva y decir que queremos instalar un escenario en el que se comience a diseñar este nuevo orden social, con justicia y solidaridad; un orden para nuestros pueblos. Es necesario convencernos que no hay nada que determine que el actual sistema social haya encontrado su plena y definitiva hegemonía.

La ideología dominante tiene la intención de hacernos creer que la historia neoliberal ha llegado ha llegado a su fin, y que cualquier cambio que la desafíe es absurdo e irracional. La crisis recurrente del capitalismo demuestra la falsedad de ese eslogan. Pero es cierto que entre la caída de un modelo social y su reemplazo por otro no es solamente un largo camino. Una cosa es ser conscientes del deterioro del sistema neoliberal y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble.

Para lograr ese objetivo es preciso establecer claramente los principios fundamentales del nuevo orden social que intentamos crear, desarrollando una agenda e iniciativas, mediante políticas realistas y concretas. Se trata de un proyecto para el siglo veintiuno que ubique al trabajo humano en el centro del escenario. Ello con el objetivo de terminar con el flagelo del desempleo, proponer una distribución equitativa de los ingresos, profundizar la democracia, todo ello en orden a lograr una verdadera justicia social. En esa dirección la ALAL ha venido proponiendo el diseño de un nuevo paradigma de las relaciones laborales, que constituya una base inderogable de derechos para todos los trabajadores.

Una respuesta global para una crisis global del sistema capitalista. Una Carta Socio Laboral para Latinoamérica como primer paso de una Constitución Social Mundial. La carta debe establecer, ante todo, el libre movimiento de las personas, eliminando todo tipo de discriminación en el terreno de la nacionalidad. Y debe establecer un denominador común en el nivel protectorio de los derechos de los trabajadores, para actuar como una muralla contra los ataques neoliberales, que puedan aparecer, quizás vistiendo nuevas ropas para disimular sus crueldades y miserias.

 Proponemos una legislación laboral supranacional, que contenga reglas completamente operacionales en forma inmediata, para que no se repita la triste experiencia de nuestros pueblos, derechos y garantías constitucionales que se proclaman pero que nunca se llevan a la realidad. La Carta debe incluir el derecho a un trabajo decente como un derecho humano fundamental, como en los hechos ya está así reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

El sistema económico capitalista de acumulación privada admite solo un camino: aquellos que no están en posesión de los medios de producción para hacer posible su supervivencia venden su trabajo a cambio de un pago de dinero; dinero que en consecuencia puede gastar en la compra de bienes y servicios. Ello significa, por un lado, que el trabajador es cautivo del sistema, y por el otro lado, que el sistema solo puede alcanzar un mínimo de legitimación social si puede garantizar a todos los trabajadores un puesto de trabaja con una remuneración digna.

La legislación que proponemos, que pretende ser un sistema justo de organización social y coexistencia pacífica, debe además garantizar a los trabajadores estabilidad en sus empleos, Un trabajo estable que permita al trabajador desarrollar un proyecto de vida, desde una base sólida, que le permita pensar en un futuro esperanzador. Incluyendo la lucha por el progreso social.

Partiendo de esta premisa, otros diversos derechos laborales, constituyen derechos humanos fundamentales. Ante todo que el derecho al trabajo incluye el derecho a no ser privado de empleo sin justa causa. Segundo, garantía de la percepción de su remuneración, que se deriva del requerimiento de que todos los sujetos que se benefician en la cadena de producción gracias al trabajo personal de otros, respondan conjuntamente ante la falencia en el pago de los créditos laborales. Ello, sin perjuicio de la obligación de los estados de crear fondos especiales que cubran la potencial insolvencia del empleador.

Una remuneración digna no es aquella que solamente permita al trabajador cubrir sus necesidades mínimas y las de su familia, sino que también le proporcione una mayor participación en el ingreso que genera el trabajo humano. Sin embargo, todos estos derechos serían una fantasía si no se garantizara a los trabajadores la oportunidad de organizarse para defender sus derechos. La legislación debe asegurar la libertad de asociación y la democracia interna de los sindicatos. Asociaciones gremiales fuertes, con dirigentes realmente representativos, democráticamente elegidos, que sean la cadena de transmisión de las demandas de sus bases y sus legítimos portavoces, son la única garantía de la efectividad de los derechos laborales. Los representantes sindicales deben gozar de la protección necesaria para el ejercicio de sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar sus puestos y condiciones de trabajo.

Más aún, debe descalificarse cualquier discriminación o sanción a todo trabajador o activista gremial, por causa del legítimo ejercicio de sus derechos sindicales. Desafortunadamente advertimos que en varias naciones de Latinoamérica las Convenciones de la OIT Números 87, 98 y 102, sobre Libertad de Asociación, Negociación Colectiva y Seguridad Social son sistemáticamente violadas. Méjico es un claro ejemplo de ello.

El poder político y económico, a través de prácticas que podemos calificar de mafiosas, impide la libre organización de los trabajadores y la genuina elección de sus dirigentes representativos. En Colombia la situación es todavía peor, allí la vida y la libertad de los activistas y dirigentes gremiales está en grave riesgo. Nuestra propuesta no es solo un sueño.

Es un desafío para la negación esperanzada, aún sobre aguas turbulentas, hacia la integración de nuestros pueblos. En Latinoamérica apreciamos profundamente las lecciones que nos dejaron nuestros Héroes de la Lucha por la Independencia del siglo XIX, que soñaban con una Patria Grande.

La lucha continúa, y estamos en la primera fila en la batalla por la emancipación de nuestros pueblos.

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