viernes, 20 de julio de 2018

SOMETER A LOS NIÑOS A UNO DE LOS INDICADORES DE LA TRATA, ES IMPERDONABLE

Según los estudios realizados, la trata de persona se caracteriza por el uso de la coacción, el engaño, la violencia, etc, para que una persona haga lo que no desea, o simplemente sea sometido a la explotación sexual, laboral, comercial, la mendicidad, abusos sexuales, uso de niños en conflictos armados, servidumbre forzada, labores domésticas, pornografía infantil, narcotráfico y robo de órganos.
Por tanto la noticia que hoy traen las redes, asombra por ser en la culta y milenaria Europa donde se produce el hecho de utilización de menores en actividades encubiertas de posible combate al terrorismo. Habiendo tantos mayores, valerse de un niño es inhumano, va contra sus derechos humanos. Veamos la noticia publicada.

La Cámara de los Lores opina que la participación de menores en actividades policiales y de Inteligencia aumenta "los riesgos para el bienestar mental y físico" de los niños.

La Policía y la Inteligencia del Reino Unido utilizan a menores como espías en sus operaciones encubiertas contra terroristas, pandillas y narcotraficantes. Un comité de la Cámara de los Lores (la cámara alta del Parlamento británico) puso de relieve la dudosa práctica y dio la voz de alarma sobre los planes del Gobierno para concederles a las fuerzas del orden más libertad para implicar a niños en sus operaciones.
El comité de escrutinio de la legislación secundaria expresó en un informe su preocupación por las propuestas de extender de un mes a cuatro el período de tiempo entre los procesos de reinscripción de cada niño."Nos preocupa que capacitar a una persona joven para participar en actividades encubiertas asociadas con delitos graves durante un período prolongado de tiempo pueda aumentar los riesgos para su bienestar mental y físico", dijo el comité, presidido por lord Trefgarne.
Ben Wallace, ministro de Seguridad del país europeo, sugirió que las fuentes infiltradas de inteligencia humana juvenil pueden tener "acceso único a información", particularmente para recopilar pruebas sobre grupos delictivos. Al mismo tiempo, representantes del Ministerio del Interior afirmaron, citados por The Guardian, que "las fuentes encubiertas de inteligencia humana juvenil se utilizan muy raramente y solo cuando (...) no hay otra forma menos intrusiva de obtener la información necesaria".
Neil Woods, policía encubierto actualmente retirado, afirmó que conocía casos en que niños habían participado en operaciones encubiertas en el pasado, pero indicó que eso ocurría en raras ocasiones. El exoficial advirtió que esta práctica puede incrementar los riesgos y "aumentar la violencia" que enfrentan los niños involucrados en las pandillas, ya de por sí muy vulnerables.
Por su parte, Rosalind Comyn, responsable de leyes y políticas de Rights Watch Reino Unido, considera que "exponer intencionalmente a niños al terrorismo, al crimen o al abuso sexual (…) va directamente en contra de las obligaciones del Gobierno en materia de derechos humanos, que exigen que los intereses de los niños se sitúen en el centro de las decisiones que los afectan".

AUSENCIA INDESEADA Y YA REGRESO COMO SIEMPRE A MIS TAREAS

Estimados amigos y amigas. Un tiempo ausente y no por voluntad propia, muchas tareas acumuladas, hoy quiero empezar a publicar algunas cuestiones relativas a la modificación de la Constitución cubana. De todos es sabido que ella será objeto de debate público por todos los cubanos y cubanas en los barrios, los centros de estudio y trabajo, a todos los niveles, para que el pueblo exponga sus criterios sobre la reforma constitucional. El proyecto ya está listo, comienza el debate por los parlamentarios que el día 21 se pronunciarán por el texto del anteproyecto y a partir de ahí circulará por todo el país entre agosto y octubre para su aprobación definitiva por Referendo.


ASPECTOS PRINCIPALES DE SU CONTENIDO
El proyecto es consecuente con lo expresado por el compañero Raúl Castro Ruz, en la Primera Conferencia Nacional del Partido, el 28 de enero del 2012, cuando señaló: « (…) dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de la Patria, sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario».
El texto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Se trata de una propuesta de nueva Constitución de la República, que derivará de un proceso de reforma total al amparo del artículo 137 de la actual Carta Magna, en atención a los profundos cambios que se proponen.
En ella se define al Estado cubano como un estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar, y la prosperidad individual y colectiva.
Es de significar que la propuesta realza la supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico y la obligatoriedad de su acatamiento y cumplimiento por todos, así como el imperio de la ley en la actuación de los órganos del Estado, sus directivos y el pueblo.
El proyecto consta de un Preámbulo y 224 artículos, divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones.
Los fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario permanecen invariables y se incorporan dentro de sus fines esenciales, entre otros, la promoción de un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, trabajar por alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros de la Revolución.
También es de significar la obligación de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, de respetar y atender al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control.
En lo relativo a las relaciones internacionales se ratifican constitucionalmente los principios que sustentan nuestra política exterior, incorporándose otros que no están en el actual texto, entre ellos, la promoción del respeto al derecho internacional y a la multipolaridad entre los Estados; el repudio a toda forma de terrorismo, en particular el terrorismo de Estado; el rechazo a la proliferación y uso de armas nucleares, de exterminio en masa u otras con efectos similares; la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como defiende la democratización del ciberespacio y condena su uso con fines subversivos y desestabilizadores de naciones soberanas.
Se trata de un proyecto para consolidar y dar continuidad a un sistema socialista, democrático, próspero y sostenible.
El sistema económico que refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, en correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, resultado de la consulta con amplios sectores de la sociedad.
Destaca la empresa estatal como sujeto principal de la economía nacional y se le reconoce su autonomía como principio esencial de funcionamiento.
Asimismo ratifica constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías.
Respecto a la propiedad privada sobre la tierra se mantiene un régimen especial, con limitaciones para su transmisión y el derecho preferente del Estado a su adquisición mediante su justo precio.
En cuanto a la ciudadanía se propone afiliarnos al principio de ciudadanía efectiva consistente en que «los ciudadanos cubanos, en el territorio nacional, se rigen por esa condición y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera».
De manera singular refleja una amplia gama de derechos, a tono con los instrumentos internacionales de los que en esta materia Cuba es parte.
Ratifica el acceso y la gratuidad en cuanto a la atención, protección y recuperación de los servicios de salud, así como en la educación, desde la enseñanza preescolar hasta la universitaria de pregrado, remitiendo a la ley el modo en que estos derechos pueden desarrollarse.
Destacan el reconocimiento constitucional de otros derechos esencialmente en materia de justicia y el debido proceso, entre ellos, la presunción de inocencia; la reinserción social de las personas privadas de libertad; ser tratados con respeto a su dignidad e integridad síquica, física y moral, así como ser procesado y condenado por tribunal competente, independiente, imparcial y preestablecido legalmente.
Se mantienen los derechos relativos a la libertad de profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la de su preferencia con el debido respeto a otros credos y de conformidad con la ley.
Establece la obligación del Estado, la sociedad y las familias de proteger y asistir a los adultos mayores, así como la atención requerida por las personas discapacitadas para su rehabilitación y el mejoramiento de la calidad de vida.
El contenido del derecho de igualdad adquiere mayor desarrollo, al incorporar a los ya existentes, entre otros, la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad.
El proyecto establece que los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y la ley.
Igualmente se precisan mecanismos de defensa de las personas ante los tribunales de justicia para la salvaguarda de sus derechos, ante la acción u omisión indebida en sus funciones de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados.
A la par de los derechos que se reconocen, se definen además deberes cívicos y políticos a cumplir por los ciudadanos, entre ellos, contribuir a los gastos públicos; guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes; conservar y proteger los bienes y recursos que se ponen al servicio de todo el pueblo.
En cuanto a la estructura del Estado se significa lo siguiente:
La Asamblea Nacional del Poder Popular conserva su condición de órgano supremo del Estado y único con potestad constituyente y legislativa.
El Consejo de Estado se mantiene como el órgano permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la particularidad de que el presidente, vicepresidente y secretario de aquella, lo son a la vez del Consejo de Estado, con lo que se pretende lograr una mayor continuidad y vinculación entre ambas instituciones.
Se instituye la figura del Presidente y Vicepresidente de la República.
El Presidente ostenta la condición de jefe de Estado, es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre sus diputados, por un periodo de cinco años, y puede ejercer ese cargo hasta dos mandatos consecutivos, luego de lo cual no lo puede desempeñar nuevamente.
El Consejo de Ministros mantiene su condición de máximo órgano ejecutivo y administrativo, constituye el Gobierno de la República y estará bajo la dirección de un Primer Ministro, cargo que se propone crear.
En cuanto a los tribunales la principal novedad consiste en la posibilidad de integrarse de manera colegiada o no en los actos de impartir justicia y la no participación obligatoria en todos los casos de jueces legos.
En relación con los órganos estatales de rango constitucional se propone incorporar con ese carácter a la Contraloría General de la República e instituir al Consejo Electoral Nacional para atender lo relativo a los procesos electorales en el país.
En los órganos locales del Poder Popular es significativa la propuesta de eliminar las asambleas provinciales y su órgano de administración y establecer, en su lugar, un Gobierno Provincial, integrado por un Gobernador y un Consejo a ese nivel, conformado por los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular y los intendentes (dirigen el Consejo de Administración Municipal).
A nivel municipal se plantea extender el mandato de los delegados a cinco años y reconocerle al municipio autonomía en cuanto a su gestión, con la finalidad de buscar una atención más rápida y eficiente a los problemas y reclamos de la localidad.
Especial interés revisten las garantías a los derechos de petición y participación local, entre las que se mencionan la posibilidad de convocar consultas populares de asuntos de interés de la localidad, el derecho de la población a proponer análisis de temas en las asambleas y la correcta atención a las solicitudes, planteamientos, quejas y denuncias de los ciudadanos.
Se desarrollan en un Título los aspectos concernientes a la Defensa y Seguridad Nacional, definiéndose que la concepción estratégica de defensa se sustenta en la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo.
Se precisa que el Consejo de Defensa Nacional es un órgano superior del Estado que dirige al país durante las situaciones excepcionales y de desastre.
En lo relativo a la reforma de la Constitución quedan precisados los sujetos autorizados a promoverla y se mantienen las cláusulas de intangibilidad concerniente a la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político, social y económico, así como la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.
Para la entrada en vigor de parte de los contenidos se prevén disposiciones especiales, transitorias y finales.
En fin, se trata de un proyecto para consolidar y dar continuidad a un sistema socialista, democrático, próspero y sostenible.
(Tomado de Granma)

lunes, 2 de julio de 2018

VAMOS HACIENDO CAMINOS AL ANDAR. VIVA MÉXICO Y LA PAZ.

Publico en mi blog con muchísimo gusto el artículo de nuestro querido amigo OSCAR ALZAGA.


El triunfo electoral irreversible, llega la hora del cambio
                                                                                              Oscar Alzaga
Todos los factores políticos se han sumando en los últimos siete meses, para llegar al triunfo de la democracia en México, la hora del pueblo o de la votación mayoritaria a favor de Andrés Manuel López Obrador, o de cambiar la política de gobierno de derecha –neoliberal-, por el Constitucionalismo Social, surgido en 1917 producto de la Revolución de 1910, materializado por el Cardenismo de 1934 a 1940.
La enorme ventaja de AMLO y Morena frente a sus contendientes en los siete meses nunca varió, salvo matices sin importancia; ante un PRI y PAN que les hicieron crisis sus direcciones, estructuras y deserciones en ese lapso; y confrontados como nunca: PRI vs. PAN, cuya alianza fue y es fundamental para un fraude electoral. La crisis de los partidos  llega hasta los pequeños también, algunos a punto de desaparecer. Y queda muy desprestigiada la vía de los “independientes”.
Dos caras de la misma moneda subyacen en el triunfo: el enorme ánimo de muchos por AMLO y el hartazgo de otros del PRI y el PAN. Que juntos hacen la aplastante mayoría.
El fraude electoral ha estado al acecho en las elecciones, pero pierde fuerza conforme acaba el tiempo. Todavía en Toluca, Meade invocó “el triunfo” del PRI en el Estado de México de manera ladina, esperanzado en otro fraude para ganar. Como quedó claro para la opinión pública.
El fraude solo lo puede decidir Peña Nieto con el aparato del Estado, el apoyo de la oligarquía y el Ejército. Lo que de inmediato llevaría a una protesta social y nacional irrefrenable, peor aún a una masacre y brutal muerte de personas, para ahogar la democracia y la justicia. Solo un enfermo mental podría decidir el fraude. Que algunos oligarcas se desvivan por el fraude, solo habla de su degradación.
El miércoles 27 de junio, todas las encuestas eran favorables a AMLO, ni siquiera las de derecha daban esperanzas de ganar al PRI o al PAN. Y sobre todo el ánimo de la gente, ciudadanos o pueblo que es lo más importante en esta jornada histórica, iba en ascenso.

Diferencias entre el neoliberalismo y el Constitucionalismo Social

Al país lo rige el sistema capitalista en la etapa monopolista, cuando las trasnacionales dominan la economía y la sociedad, y lleva como lastre ser un capitalismo subdesarrollado y dependiente, impuestos por el imperialismo, antes europeo, hoy norteamericano.
El neoliberalismo es la política de gobierno de la extrema derecha del sistema, a favor de los grandes capitales o las trasnacionales, es la política de la derecha extrema.
O sea, las mismas leyes del país de otros tiempos, las maneja a favor del gran capital, y las modifica o reforma a favor de ellos, como fue la reforma energética, la educativa o la laboral. El neoliberalismo incluso acude a actos ilegales en tribunales y a fraudes electorales.
El Constitucionalismo Social es nuestro, surgió de la Revolución y del proyecto de nación plasmado en 1917. Es una política social en la que la participación activa de trabajadores de ciudades y campo, maestros, estudiantes, profesionistas y empleados, que son tomados en cuenta en las políticas de gobierno.
No es una política comunista o socialista, sino social y original de México; no es -ni ha sido- una política anti-patronal, sino social, justa.
El Constitucionalismo Social es para atacar la pobreza y la pobreza extrema. Así como los ilegales abusos patronales, solo exige que los patrones cumplan con la Ley y los derechos humanos y sociales. Ese es el cambio político y de gobierno al que nos referimos: que haya justicia para todos, no solo abusos para el gran capital nacional y extranjero.
Recientemente se denunció que el gobierno de Peña Nieto incumplió el compromiso que tenía con las Pymes, las empresas pequeñas y medianas del país en el 60%, para favorecer a las trasnacionales de los grandes oligarcas del país y extranjeros.
Parte esencial del neoliberalismo es la corrupción, no solo del gobierno, sino también de tribunales de justicia y de elecciones, al grado de que en 35 años parece una “costumbre” vivir con la ilegalidad, nos parece “normal” que hayamos vivido tres mega fraudes electorales en 1988, 2006 y 2012. Para los neoliberales es parte definitiva de su política de gobierno e imprescindible para ganar elecciones y dinero. Para nosotros no. No definitivamente, la corrupción y la ilegalidad van de la mano.
La política neoliberal es del enemigo principal del pueblo: la oligarquía y sus servidores o lacayos. Nuestra política es social y de justicia, no es populista, es popular porque es del pueblo. Aclaremos bien las cosas, lo popular es del pueblo, la injusticia y los fraudes son neoliberales.
Ellos, los neoliberales, establecieron los bajos salarios al extremo y los empleos precarios para que el gran capital tuviera ganancias extremas, llevaron en 35 años al sindicalismo charro a uno patronal, más dócil y adecuado a la nueva era: sindicatos y contratos colectivos de protección patronal. Salinas diseñó con el TLCAN los sindicatos “a la carta” y los contratos colectivos de trabajo, igualitos. Modificaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje para servir al patrón y la corrupción. Pero aún en el “año de hidalgo”.
Los neoliberales anularon la soberanía popular, con sus gobiernos nos sometieron al Consenso de Washington: todo a favor del gran capital y las transnacionales. Con el Plan Mérida sometieron al país al narco y a los traficantes, porque Estados Unidos es el principal consumidor de drogas de América, principal financiero de la droga, y vendedor de armas a los narcos y al ejército del gobierno del país.
Ellos impusieron que no haya consultas populares o ciudadanas sobre los grandes problemas nacionales, para que las reformas estructurales pasen, “fast track”, sin consulta al pueblo para que no haya conciencia nacional e impusieron la mentira y la simulación como política nacional.
El cambio del nuevo gobierno consiste en que todos respeten las leyes en los diversos ámbitos de la realidad y las leyes. ¿Les parece poco una nación en la que se respeten y cumplan las leyes? ¿Un país que exija en todos los foros internacionales que respeten a los migrantes como seres humanos?
La gran diferencia radicará en la participación del pueblo, de las mujeres y los jóvenes, sobre todo de los trabajadores del campo y las ciudades. Porque los gobiernos del PRI y el PAN casi anularon esa presencia y ahora será distinto.