CARTA DE SÃO PAULO
El
IV Congreso Internacional de Ciencias del Trabajo, Medio Ambiente, Derecho y
Salud, que reunió a personas de diversos países de América Latina, llega en un
momento crucial para Brasil. La última etapa de la destitución de la presidenta
Dilma comenzó esta semana. Habiendo consenso en cuanto a la gravedad de la situación, polémica en la
sociedad en cuanto a su legalidad, para
los participantes de este evento, representa un proceso político de
interrupción institucional cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para
los trabajadores y sus familias.
La embestida contra los logros de la Constitución ha sido abrumadora y están
siendo amenazados los derechos humanos fundamentales. Bajo el falso
pretexto de un país en bancarrota, los economistas neoliberales han anunciado
como la única solución una alternativa económica basada en la acumulación de
superávit primario, en la disminución
de los llamados gastos (no inversión) públicos y la penalización nuevamente de
los sectores menos privilegiados de la sociedad, sin que ni siquiera se
contemple un cambio en el sistema económico dominado por los rentistas o el
sistema fiscal que castiga a los pequeños.
Las propuestas del gobierno provisional y la
élite económica van encaminadas hacia una brutal reducción de la inversión
pública en áreas sociales. En este llamado ajuste fiscal será sacrificado,
entre otros derechos, la llamada Bolsa Familia, los ajustes del salario mínimo,
el derecho universal a la salud, la educación y el trabajo decente. Veamos los
hechos.
La propuesta de enmienda constitucional 241 (PEC
241) presentada por el gobierno federal interino el 15 de junio de este año,
establece que, durante 20 años, las inversiones públicas deben ser congeladas,
con referencia a los gastos del 2016 con una actualización anual por el Índice
Nacional de Precios al Consumidor, el IPCA. Reconocida por los columnistas
económicos como un hecho de consecuencias permanentes, la PEC 241, si se lleva
a cabo, tendrá efectos directos en las cuestiones más importantes para la
mayoría de la población. Las inversiones públicas representarán cada año un
menor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que el 20% del PIB actual pasará en 20 años a ser del 12,5%.
Esto representa una reducción y empeoramiento del nivel de redistribución de la
renta y el aumento de la precariedad de los servicios públicos universales como
la salud, la educación, la asistencia y seguridad social y el deterioro de la infraestructura.
Es un verdadero atentado contra los derechos humanos.
El PEC 87/2015, aprobado por la Cámara de Representantes
en las primeras horas del 06/02/2016, plantea extender hasta 2023 la DRU o Separación de los ingresos de la Unión, que culminó
el 31/12/2015, y además aumenta el porcentaje de 20 a 30%. La DRU permite al
gobierno federal usar libremente este porcentaje de todos los impuestos
federales vinculados por la ley a los fondos o gastos. En la práctica, se
permite al gobierno desviar los recursos asignados a áreas tales como la
educación, la salud y la seguridad social para formar superávit primario destinado
a cualquier gasto considerado prioritario, lo que permite aún más la gestión de
los fondos para el pago de intereses de la deuda pública, nunca antes auditados,
pero que, sin embargo, se consumen valores que se deberían aplicar a las
políticas sociales y la mejora de la administración pública.
La tercerización
de cualquier actividad, tal como se prevé en el proyecto de ley 30 de la Cámara
(PLC 30), representa la desregulación total y la precarización de las
relaciones laborales en nuestro país, con un impacto directo en su salud y
seguridad.
El
reconocimiento de lo negociado sobre lo legislado significa otro ataque a los
derechos laborales. Lo
que prevalecerá será lo acordado entre las dos partes incomparablemente
desiguales, los empleadores y los trabajadores y no la ley. El
aumento de las horas de trabajo, la flexibilidad de las horas de almuerzo y los
días festivos son algunas de las propuestas dadas a conocer por los
representantes de la organización de empleadores.
En
el contexto de la seguridad social, están ganando espacio varias propuestas,
como el aumento de la edad de jubilación y las restricciones al acceso y mantenimiento
de los derechos de pensión. El
Sistema Único de Salud (SUS), que padece de un sub-financiamiento crónico ha
sufrido varios reveses, incluyendo la aprobación de la Ley Federal 13.097, que
permite la participación de capital extranjero en la salud. La
propuesta de planes de salud populares es abiertamente defendida por el actual
ministro de Salud, cuya campaña para diputado ha estado sustentada por la
donación de fondos privados de salud.
Los
participantes en el IV Congreso Internacional de Ciencias del Trabajo, Medio
Ambiente, Derecho y Salud se sitúan al lado de aquellos que luchan contra
cualquier retroceso en materia de derechos constitucionales, exhortando a la
sociedad a manifestarse en las calles, junto con los diputados y senadores,
junto con los fiscales y el poder judicial.
Todos
debemos asumir el papel de esclarecer a los amigos, familiares, compañeros de
trabajo, vecinos, estudiantes, maestros, los peligros que corremos. Y las
entidades sociales consideran que es urgente la unidad y la construcción de un
plan de comunicación de masas, fuerte, planificado y eficaz. Si por un lado
tenemos poco acceso a los grandes medios de comunicación, por el otro, tenemos
el entorno virtual, lo que nos permite llegar hasta porciones ilimitadas de la
población. Debemos tener claro que hay un intento sistemático de los medios
hegemónicos de descalificarnos y desmoralizarnos, otorgándose a sí mismo el
papel de fuente fiable de información y análisis, libre e imparcial cuando en
realidad representa los intereses de menos de 10 grupos económicos vinculados a
los intereses del gran capital.
No
podemos aceptar que criminalicen el ejercicio de la política y las manifestaciones
de opiniones como si fueran acciones indignas. Generaciones brasileñas lucharon
por la libertad de expresión en todos los aspectos que afectan a nuestras
vidas, desde las agresiones diarias a la naturaleza, a las personas más
vulnerables, como los indígenas y los que habitan los quilombos, hasta la
discriminación de cualquier tipo, además de los temas antes mencionados.
La
voz unida del pueblo brasileño en un poderoso NO debe unirse a los hermanos de
todos los continentes, especialmente en los países de América Latina. Debemos
decir NO a un mundo que se someta a la lógica del mercado y de las grandes
empresas y un vigoroso SI a una sociedad en la que exista la equidad y la
justicia social, en la que podemos vivir de manera solidaria y verdaderamente
humana.
São Paulo, 26 de agosto de 2016.
