He recibido recientemente dos artículos sobre el desafortunado papel de los bancos en las crisis provocadas en los países. La triple crisis tiene también que ver con la forma que han operado los bancos que como señala Stiglitz, han cometido actos fraudulentos. Vale la pena profundizar en este texto y reconocer que ESTA GRAN HUMANIDAD HA DICHO BASTA Y HA ECHADO A ANDAR....
O mandamos a los banqueros a la cárcel o la economía no se recuperará
Por Joseph Stiglitz (*)
Como no se han cansado de repetir el economista James Galbraith y el economista y penalista William Black, no podemos resolver la crisis económica a menos que metamos en la cárcel a los delincuentes que han cometido actos fraudulentos.
Y el ganador del premio Nobel de economía George Akerlof ha demostrado que la negligencia en punto a castigar a los delincuentes de guante blanco, y a fortiori, el rescatarlos, crea incentivos para que se cometan más delitos económicos y se proceda a una ulterior destrucción de la economía en el futuro. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz acaba de expresar la misma idea. El pasado 20 de noviembre declaró lo que sigue a Yahoo s Daily Finance:
Es un asunto realmente importante y nuestra sociedad debe comprender cabalmente. Se supone que el sistema jurídico es la codificación de nuestras normas y de nuestras creencias, de lo que tenemos que hacer para que nuestro sistema funcione. Si se percibe un carácter explotador en nuestro sistema jurídico, entonces la confianza en todo nuestro sistema comienza a erosionarse. Y ese es realmente el problema que tenemos ahora.
Una muchedumbre de prácticas predatorias están en vías de continuar como si nada en los créditos para la compra de automóviles. ¿Por qué están bien los malos préstamos en el sector automovilístico y no en el mercado hipotecario? ¿Hay alguna razón de principio? Todos sabemos la respuesta: no. No hay razones de principio, hay razones de dinero. Son las contribuciones a las campañas electorales, el cabildeo, las puertas giratorias entre la ñpolítica y los negocios, todas esas cosas.
El sistema está ahora mismo diseñado para estimular ese tipo de prácticas, aun a pesar de las multas [en referencia al antiguo ejecutivo de Countrywide, Angelo Mozillo, que acaba de pagar 10 millones de dólares de multa, una ínfima parte de lo que ganó fraudulentamente, porque ganó centenares de millones de dólares].
Conozco mucha gente que dice: es un escándalo que tuviéramos más supervisión, control y rendición de cuentas en los 80, cuando se dio la crisis de las cajas de crédito y ahorro, que ahora. Sí, les multamos, ¿y cuál es la gran lección que se saca de eso? Compórtate mal, y el gobierno de quitará un 5% o un 10% de los beneficios malhabidos, que estarás muy tranquilo en casita con varios centenares de millones de dólares que aún te quedarán luego de pagar unas multas que parecen enormes, pero que son en realidad muy pequeñas en relación con la cantidad de dinero que has conseguido embolsarte.
El sistema está configurado de tal modo, que aun si te pillan, el castigo es sólo una ñinfima parte de lo que te llevas a casita. La multa es sólo un coste más del negocio. Es como una multa de estacionamiento. A veces decides estacionar mal sabiendo que te caerá una multa, porque empezar a dar vueltas en busca de estacionamiento lleva mucho tiempo.
Yo creo que deberíamos hacer lo que hicimos en los 80 con la crisis de las cajas de crédito y ahorro, y meter en la cárcel a un buen número de estos tipos. Lo creo absolutamente. No son sólo delitos de guante blanco o pequeños incidentes. Hay víctimas reales. Ese es el asunto. Hubo víctimas en el mundo entero.
¿O es que confiamos en que estos tipos que nos metieron en el lío actual han cambiado realmente de actitud? Todo lo contrario. He oído alguno discursos que decían: En realidad, no se hizo nada realmente mal. No hicimos las cosas demasiado bien. Pero nuestra comprensión de estos asuntos es bastante razonable . Si de verdad piensan eso, estamos en un lío verdaderamente tremendo.
[En la disuasión del delito] hay distintos aspectos. Los economistas se centran por entero en la idea de los incentivos. A veces, la gente tiene incentivos para comportarse mal, porque pueden ganar más dinero si estafan o se meten en actividades fraudulentas. Si queremos que nuestro sistema económico funcione, tenemos que asegurarnos de que lo ganan cuando defraudan quede anulado por el sistema de castigos y multas.
Por eso, pongamos por caso, en nuestra legislación anti-oligopólica a menudo no detenemos a la gente cuando se comporta mal, sino cuando lo hace y podemos decir que hay daños constatables. Entonces pagan tres veces el daño que han causado. Es una forma muy radical de disuasión. Desgraciadamente, lo que estamos haciendo ahora en el caso de estos delitos financieros recientes son multas por fracciones --¡fracciones! del daño directo causado, y una fracción aún más pequeña del daño social total. Es decir: el sector financiero llevó realmente al desplome de la economía global, y si incluyes todos los daños colaterales, estamos hablando ya realmente de billones de dólares.
Pero se puede hablar en un sentido aún más amplio de daño colateral y al que no se le ha prestado atención. Y es la confianza en nuestro sistema jurídico, en el imperio de la ley y el Estado de Derecho, en nuestro sistema de justicia. Cuando se hace el Juramento de Lealtad [constitucional en EEUU], se dice justicia para todos . Pues bien; la gente no está segura de que tengamos justicia para todos. Algunos son detenidos por algún delito menor de droga, y dan con sus huesos en la cárcel por mucho tiempo; pero cuando se trata de esos llamados delitos de guante blanco, que no dejan de tener víctimas, casi ninguno de los gachós que los perpetran acaba entre rejas.
***
Se me permitirá otro ejemplo que ilustra hasta qué punto nuestro sistema jurídico ha descarrilado, contribuyendo a la crisis financiera.
En 2005 aprobamos una reforma del proceso de quiebra. Fue una reforma pretendida por los bancos. Estaba concebida para permitir legalmente el préstamo el mal préstamo a gentes que no entendían de qué iba el asunto, y básicamente destinada a estrangularlas. A expoliarlas. Y podríamos haberla llamado con justicia la nueva ley de servidumbre permanente . Porque es lo que en realidad era.
Se me permitirá que cuente brevemente lo mala que era. No creo que los norteamericanos entiendan hsta qué punto era mala. Hace realmente muy difícil que las personas puedan librarse de la deuda. El principio básico en los EEUU del pasado era la gente tenía derecho a comenzar bien. La gente comete errores. Especialmente cuando son presa de expolio. Y entonces tienes derecho a volver a empezar bien. Borrón y cuenta nueva. Paga lo que puedas, y vuelve a empezar. Ahora, si lo haces una y otra vez, entonces es distinto. Pero al menos, cuando andan sueltos estos prestamistas predadores, deberías conservar el derecho a volver a empezar sin cargas.
Pero los bancos dicen: No, no y no; no puedes librarte de la deuda , o no puedes librarte de ella tan fácilmente.
***
Eso es servidumbre permanente. Y criticamos a otros países por permitir ese tipo de servidumbre duradera, trabajo esclavo. Pero en Norteamérica lo hemos instituido en 2005 sin apenas debate público sobre las consecuencias. Lo que hizo esa ley fue animar a los bancos a realizar préstamos todavía peores.
***
Los bancos pretenden que creamos que no hicieron malos préstamos. Se niegan a aceptar la realidad. Es un hecho de alteraron los criterios contables, de modo que los préstamos dañados por la incapacidad de los prestatarios para devolver lo que deben se contabilizan igual que las hipotecas que se pagan a buen ritmo y sin mora.
De modo que toda la estrategia de los bancos ha consistido en esconder las pérdidas, seguir enredando y conseguir que el gobierno mantenga los tipos de interés realmente bajos.
***
Resultado: si toleramos esa estrategia, tendrá que pasar mucho tiempo antes de que la economía se recupere.
(*) Economista, Premio Nobel de Economía en 2001. Estados Unidos. En "Bitácora" de Uruguay.
lunes, 20 de diciembre de 2010
CRECIO LA ECONOMÍA CUBANA EN UN AÑO MUY DIFÍCIL
Para que nuestros amigos y amigas tengan información sobre lo sucedido en Cuba durante los días de reunión del Parlamento Cubano, quiero transmitirles alguna información breve, pero importante sobre lo analizado.
La economía cubana creció en alrededor de un 2 por ciento en 2010 aunque en el año registró producciones bajas de níquel, azúcar y de alimentos, afirmó el ministro de Economía Marino Murillo en una intervención especial en la Asamblea Nacional este miércoles. En presencia del presidente cubano, Raúl Castro, Murillo aseguró que “no obstante las dificultades en 2010 el funcionamiento de la economía ganó en organización”.
Al menos 1,2 millones de cubanos pasarán en 5 años a trabajo no estatal
Unos 1,2 millones de cubanos se incorporarán al trabajo no estatal -por cuenta propia o cooperativo- en los próximos cinco años, lo que triplicará este sector, como parte de la actualización del modelo económico cubano.
“Hasta el 2015 se incorporaran al sector no estatal aproximadamente 1 800 000 de personas en las nuevas formas de gestión”, estimó la ministra de Finanzas, Lina Pedraza, en su informe ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que cumple este jueves su segunda jornada de sesiones.
Al cierre de 2009, el sector no estatal cubano estaba compuesto por unas 825.000 personas.
El Gobierno cubano autorizó en octubre la apertura de licencias para 178 oficios, en pequeñas y medianas empresas y cooperativas urbanas.
Según informes del ministerio del Trabajo, desde que se decretó la ampliación del trabajo por cuenta propia, más de 80 000 personas solicitaron licencias y otras 20.000 se mostraron interesadas.
Los cambios, en busca de eficiencia y el estímulo a la producción, contemplan también la entrega en usufructo de parcelas de tierra cultivable, autonomía a las empresas estatales, la eliminación de subsidios estatales y apertura a las inversiones, sin ceder la propiedad de la tierra ni entregar los principales medios de producción a manos privados.
Cuba eliminará gradualmente libreta de abastecimiento
Cuba gasta más 1 000 millones de dólares en la libreta de alimentos subsidiados por el Estado, que deberá desaparecer gradualmente, de acuerdo con los debates en el Parlamento cubano.
“Mucho hemos estudiado cómo eliminar la libreta”, pero “es bastante complicado quitarla de un golpe”, por lo que “el camino debe ser irla quitando paulatinamente”, dijo el ministro de Economía Marino Murillo, en la reunión del Parlamento, que ha estado encabezada por el presidente cubano Raúl Castro.
Murillo destacó que la “libreta”, mediante la cual se garantiza a cada cubano una canasta básica muy subsidiada, aunque insuficiente, cuesta al Estado “1 016 millones de dólares”, sin contar el gasto adicional en transporte de alimentos y otros asuntos de logística.
De esos 1.016 millones de dólares, el Estado asume 88% y la población paga sólo 12% por los alimentos, precisó el ministro, citado por el diario oficial Granma.
La “libreta de abastecimiento” se creó en 1963, cuatro años después del triunfo de la revolución de Fidel Castro, cuando comenzaron a escasear los alimentos debido al bloqueo que Estados Unidos aplica desde 1962.
“Es verdad que tenemos que crear condiciones, que a lo que se quite de la libreta y se le ponga un precio no subsidiado la población tenga alternativa de comprarlo en algún lugar”, comentó Murillo, al reconocer la “preocupación” que existe entre los cubanos.
La economía cubana creció en alrededor de un 2 por ciento en 2010 aunque en el año registró producciones bajas de níquel, azúcar y de alimentos, afirmó el ministro de Economía Marino Murillo en una intervención especial en la Asamblea Nacional este miércoles. En presencia del presidente cubano, Raúl Castro, Murillo aseguró que “no obstante las dificultades en 2010 el funcionamiento de la economía ganó en organización”.
Al menos 1,2 millones de cubanos pasarán en 5 años a trabajo no estatal
Unos 1,2 millones de cubanos se incorporarán al trabajo no estatal -por cuenta propia o cooperativo- en los próximos cinco años, lo que triplicará este sector, como parte de la actualización del modelo económico cubano.
“Hasta el 2015 se incorporaran al sector no estatal aproximadamente 1 800 000 de personas en las nuevas formas de gestión”, estimó la ministra de Finanzas, Lina Pedraza, en su informe ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que cumple este jueves su segunda jornada de sesiones.
Al cierre de 2009, el sector no estatal cubano estaba compuesto por unas 825.000 personas.
El Gobierno cubano autorizó en octubre la apertura de licencias para 178 oficios, en pequeñas y medianas empresas y cooperativas urbanas.
Según informes del ministerio del Trabajo, desde que se decretó la ampliación del trabajo por cuenta propia, más de 80 000 personas solicitaron licencias y otras 20.000 se mostraron interesadas.
Los cambios, en busca de eficiencia y el estímulo a la producción, contemplan también la entrega en usufructo de parcelas de tierra cultivable, autonomía a las empresas estatales, la eliminación de subsidios estatales y apertura a las inversiones, sin ceder la propiedad de la tierra ni entregar los principales medios de producción a manos privados.
Cuba eliminará gradualmente libreta de abastecimiento
Cuba gasta más 1 000 millones de dólares en la libreta de alimentos subsidiados por el Estado, que deberá desaparecer gradualmente, de acuerdo con los debates en el Parlamento cubano.
“Mucho hemos estudiado cómo eliminar la libreta”, pero “es bastante complicado quitarla de un golpe”, por lo que “el camino debe ser irla quitando paulatinamente”, dijo el ministro de Economía Marino Murillo, en la reunión del Parlamento, que ha estado encabezada por el presidente cubano Raúl Castro.
Murillo destacó que la “libreta”, mediante la cual se garantiza a cada cubano una canasta básica muy subsidiada, aunque insuficiente, cuesta al Estado “1 016 millones de dólares”, sin contar el gasto adicional en transporte de alimentos y otros asuntos de logística.
De esos 1.016 millones de dólares, el Estado asume 88% y la población paga sólo 12% por los alimentos, precisó el ministro, citado por el diario oficial Granma.
La “libreta de abastecimiento” se creó en 1963, cuatro años después del triunfo de la revolución de Fidel Castro, cuando comenzaron a escasear los alimentos debido al bloqueo que Estados Unidos aplica desde 1962.
“Es verdad que tenemos que crear condiciones, que a lo que se quite de la libreta y se le ponga un precio no subsidiado la población tenga alternativa de comprarlo en algún lugar”, comentó Murillo, al reconocer la “preocupación” que existe entre los cubanos.
ESTE ES UNO DE LOS TEMAS MÁS SENSIBLES QUE NO DEBEN FALTAR DE NUESTRO COTIDIANO HACER.
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI Nicolás Angulo Sánchez
El siglo XXI se ha inaugurado en un contexto económico, político, social y cultural marcado por lo que se ha dado en denominar "globalización" o "mundialización" neoliberal, es decir, una generalización de los valores e intereses de las fuerzas y grupos hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas a escala planetaria. Ello implica una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes; y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más.
En efecto, nos encontramos ante un mundo cada vez más “financiarizado” y mercantilizado, en el que se lleva a cabo un intercambio comercial injusto y desequilibrado entre ricos y pobres y entre los países del centro o metrópoli, donde se refugia y acumula la mayor parte del capital económico y financiero existente, y los países del Tercer Mundo o periferia dependiente. Asimismo, los promotores del neoliberalismo y su globalización priman lo privado en detrimento de lo público.
Asimismo, dicha globalización considera nuestro entorno natural o medioambiental como una fuente inagotable de materias primas, cuyo coste debe reducirse al mínimo para hacer rentable la fabricación de objetos de consumo. El modelo mercantilista y consumista promovido por la globalización neoliberal resulta ecológica y humanamente insostenible, indigno e injusto, pues el trabajo humano y los recursos naturales no deben considerarse meras mercancías cuyo coste debe reducirse al mínimo para maximizar los beneficios en la fabricación o prestación de productos o servicios.
Por el contrario, los derechos humanos deben abogar por un modelo de sociedad que no se reduzca al intercambio comercial, financiero o económico ni se centre en la ganancia, rentabilidad o el afán de lucro a toda costa, sino que prime el respeto, la protección y la promoción del conjunto de los derechos humanos para todos los grupos e individuos, y en especial para los más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Es decir, se trata de globalizar o generalizar todos los derechos humanos, teniendo en cuenta no sólo las necesidades y los derechos de las generaciones presentes, sino también los de las futuras, respetando y protegiendo la biodiversidad natural y cultural.
Debe prestarse especial atención a los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, como es el caso de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, los refugiados, los desplazados, los pueblos indígenas y las minorías, en general, con el fin de lograr el máximo de bienestar y la dignidad para todos y no sólo para los más privilegiados. Ello exige la aplicación de medidas de igualdad o equidad compensadora, es decir, medidas específicas en favor de los individuos y grupos discriminados y marginados con el propósito de superar o, al menos, paliar la situación o condición de desventaja y desigualdad que el actual modelo económico y social imperante acentúa y agrava.
Todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben interpretarse y aplicarse sin discriminar entre ellos, sin olvidar los de más reciente elaboración, los derechos de “tercera generación”: el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y a la asistencia humanitaria. Por esta razón, debemos luchar contra la guerra y por una paz y una seguridad colectivas como contextos idóneos para la efectividad de todos los derechos humanos para todos y no sólo para los más privilegiados. Debe tratarse de una paz justa y no una paz aparente que oculte una situación de opresión y violencia.
Además, debemos hacer realidad el desarrollo humano y sostenible y erradicar la pobreza; conservar un medio ambiente sano y preservarlo ante el actual deterioro grave y progresivo del conjunto de los ecosistemas planetarios y su biodiversidad; reivindicar el patrimonio común de la humanidad y su disfrute por parte de todos, en contra de su privatización; y prestar la asistencia humanitaria requerida en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad (desastres naturales, conflictos bélicos u otros) y no para servir de pretexto a intervenciones militares con particulares fines de dominación geoestratégica (casos de Irak y Afganistán, entre otros).
Hacer efectivos los derechos humanos exige la reorientación de las actuales políticas económicas, tanto a escala nacional como internacional, y en particular de las relaciones económicas, financieras y comerciales entre los países “desarrollados” y “subdesarrollados”, con el propósito de que sean más equitativas y menos abusivas.
Son los Estados de los países más ricos y poderosos, así como las organizaciones internacionales bajo su control (G 8 o G 20, FMI, BM, OMC y OTAN, primordialmente), junto con los bancos y empresas transnacionales, principales beneficiarios del actual proceso de globalización del mercado, quienes tienen especiales deberes respecto de la comunidad internacional por su destacado protagonismo en el mundo actual.
No basta el mero reconocimiento a nivel jurídico formal de todos los derechos humanos, sin exclusiones, sino que deben ser efectivas las políticas y las estrategias diseñadas para cumplirlos y hacerlos efectivos para todos.
La actual crisis económica, que golpea en pleno núcleo de la metrópoli capitalista y cuyas raíces y causas se ubican en los ámbitos privilegiados por los neoliberales (financiero y comercial), es una muestra más de la escasa o nula viabilidad de sus proyectos tras las crisis financieras sufridas repetidamente en diversos países del Tercer Mundo (México, Este de Asia, Rusia, Turquía, Brasil, Argentina, etc.).
Paradójicamente, quienes tanto abogan por reducir los gastos sociales y públicos en favor de los más vulnerables y desfavorecidos y por la disminución de la intervención de los poderes públicos con fines redistributivos se encuentran ahora con los bolsillos repletos de dinero público gracias a decisiones de gobiernos serviles a sus intereses.
Ello implica que se sigan negando y regateando recursos mucho menores, pero suficientes, para programas destinados a combatir el hambre en el mundo o a erradicar la pobreza mediante el establecimiento de servicios públicos que garanticen el acceso universal a los bienes y servicios que permitan la satisfacción de necesidades básicas, como disponer de agua potable y para la higiene, la asistencia sanitaria o la educación, entre otros, así como la asignación de una renta básica. Los seres humanos que no consiguen satisfacer dichas necesidades no pueden vivir una vida digna ni están en condiciones de ejercer y defender sus derechos por sí mismos. Arrastrarán dicho hándicap toda su vida y no podrán disfrutar plenamente de otros derechos humanos.
Así pues, deben ser prioritarias las políticas encaminadas a garantizar la satisfacción de necesidades como la alimentación, el agua potable, la salud, la educación o una vivienda digna, derecho este último particularmente burlado por el actual sistema económico, que lo ha convertido en uno de los negocios más lucrativos.
El siglo XXI se ha inaugurado en un contexto económico, político, social y cultural marcado por lo que se ha dado en denominar "globalización" o "mundialización" neoliberal, es decir, una generalización de los valores e intereses de las fuerzas y grupos hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas a escala planetaria. Ello implica una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes; y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más.
En efecto, nos encontramos ante un mundo cada vez más “financiarizado” y mercantilizado, en el que se lleva a cabo un intercambio comercial injusto y desequilibrado entre ricos y pobres y entre los países del centro o metrópoli, donde se refugia y acumula la mayor parte del capital económico y financiero existente, y los países del Tercer Mundo o periferia dependiente. Asimismo, los promotores del neoliberalismo y su globalización priman lo privado en detrimento de lo público.
Asimismo, dicha globalización considera nuestro entorno natural o medioambiental como una fuente inagotable de materias primas, cuyo coste debe reducirse al mínimo para hacer rentable la fabricación de objetos de consumo. El modelo mercantilista y consumista promovido por la globalización neoliberal resulta ecológica y humanamente insostenible, indigno e injusto, pues el trabajo humano y los recursos naturales no deben considerarse meras mercancías cuyo coste debe reducirse al mínimo para maximizar los beneficios en la fabricación o prestación de productos o servicios.
Por el contrario, los derechos humanos deben abogar por un modelo de sociedad que no se reduzca al intercambio comercial, financiero o económico ni se centre en la ganancia, rentabilidad o el afán de lucro a toda costa, sino que prime el respeto, la protección y la promoción del conjunto de los derechos humanos para todos los grupos e individuos, y en especial para los más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Es decir, se trata de globalizar o generalizar todos los derechos humanos, teniendo en cuenta no sólo las necesidades y los derechos de las generaciones presentes, sino también los de las futuras, respetando y protegiendo la biodiversidad natural y cultural.
Debe prestarse especial atención a los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, como es el caso de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, los refugiados, los desplazados, los pueblos indígenas y las minorías, en general, con el fin de lograr el máximo de bienestar y la dignidad para todos y no sólo para los más privilegiados. Ello exige la aplicación de medidas de igualdad o equidad compensadora, es decir, medidas específicas en favor de los individuos y grupos discriminados y marginados con el propósito de superar o, al menos, paliar la situación o condición de desventaja y desigualdad que el actual modelo económico y social imperante acentúa y agrava.
Todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben interpretarse y aplicarse sin discriminar entre ellos, sin olvidar los de más reciente elaboración, los derechos de “tercera generación”: el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y a la asistencia humanitaria. Por esta razón, debemos luchar contra la guerra y por una paz y una seguridad colectivas como contextos idóneos para la efectividad de todos los derechos humanos para todos y no sólo para los más privilegiados. Debe tratarse de una paz justa y no una paz aparente que oculte una situación de opresión y violencia.
Además, debemos hacer realidad el desarrollo humano y sostenible y erradicar la pobreza; conservar un medio ambiente sano y preservarlo ante el actual deterioro grave y progresivo del conjunto de los ecosistemas planetarios y su biodiversidad; reivindicar el patrimonio común de la humanidad y su disfrute por parte de todos, en contra de su privatización; y prestar la asistencia humanitaria requerida en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad (desastres naturales, conflictos bélicos u otros) y no para servir de pretexto a intervenciones militares con particulares fines de dominación geoestratégica (casos de Irak y Afganistán, entre otros).
Hacer efectivos los derechos humanos exige la reorientación de las actuales políticas económicas, tanto a escala nacional como internacional, y en particular de las relaciones económicas, financieras y comerciales entre los países “desarrollados” y “subdesarrollados”, con el propósito de que sean más equitativas y menos abusivas.
Son los Estados de los países más ricos y poderosos, así como las organizaciones internacionales bajo su control (G 8 o G 20, FMI, BM, OMC y OTAN, primordialmente), junto con los bancos y empresas transnacionales, principales beneficiarios del actual proceso de globalización del mercado, quienes tienen especiales deberes respecto de la comunidad internacional por su destacado protagonismo en el mundo actual.
No basta el mero reconocimiento a nivel jurídico formal de todos los derechos humanos, sin exclusiones, sino que deben ser efectivas las políticas y las estrategias diseñadas para cumplirlos y hacerlos efectivos para todos.
La actual crisis económica, que golpea en pleno núcleo de la metrópoli capitalista y cuyas raíces y causas se ubican en los ámbitos privilegiados por los neoliberales (financiero y comercial), es una muestra más de la escasa o nula viabilidad de sus proyectos tras las crisis financieras sufridas repetidamente en diversos países del Tercer Mundo (México, Este de Asia, Rusia, Turquía, Brasil, Argentina, etc.).
Paradójicamente, quienes tanto abogan por reducir los gastos sociales y públicos en favor de los más vulnerables y desfavorecidos y por la disminución de la intervención de los poderes públicos con fines redistributivos se encuentran ahora con los bolsillos repletos de dinero público gracias a decisiones de gobiernos serviles a sus intereses.
Ello implica que se sigan negando y regateando recursos mucho menores, pero suficientes, para programas destinados a combatir el hambre en el mundo o a erradicar la pobreza mediante el establecimiento de servicios públicos que garanticen el acceso universal a los bienes y servicios que permitan la satisfacción de necesidades básicas, como disponer de agua potable y para la higiene, la asistencia sanitaria o la educación, entre otros, así como la asignación de una renta básica. Los seres humanos que no consiguen satisfacer dichas necesidades no pueden vivir una vida digna ni están en condiciones de ejercer y defender sus derechos por sí mismos. Arrastrarán dicho hándicap toda su vida y no podrán disfrutar plenamente de otros derechos humanos.
Así pues, deben ser prioritarias las políticas encaminadas a garantizar la satisfacción de necesidades como la alimentación, el agua potable, la salud, la educación o una vivienda digna, derecho este último particularmente burlado por el actual sistema económico, que lo ha convertido en uno de los negocios más lucrativos.
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viernes, 17 de diciembre de 2010
PROPUESTA DEL BLOG CIUDAD NATIVA DE ANTONIO BAYLOS
Leyendo éste que es uno de mis blogs preferido, encontré la sugerencia del Prof. Baylos, de la Universidad Castilla La Mancha, de entrar en el blog de INSIGHT y consultar el último número del presente año. Lo hice y con gran agrado encontré dos trabajos que pongo a consideración de mis lectores, para que los consulten y extraigan información de primera mano. Son estos artículos: La lección del Tigre Celta, escrito por Tarso Genro, de Brasil, referido al ejemplo de desarrollo de la República de Irlanda y el Ataque a la Seguridad Social por Joaquín Aparicio, catedrático de la misma UCLM de España, con un estudio muy interesante sobre las modificaciones de la ley de pensiones de ese país. Al final de mi blog encontrarán el links para entrar en el blog CIUDAD NATIVA y poder consultar ambos documentos. El primero está en portugués y me tomé la libertad de proponerlo en la traducción que hice sobre el texto.
La lección del Tigre Celta.
Tarso Genro
Irlanda fue presentada como ejemplo de país que supo integrarse en la globalización de manera absolutamente bien conducida y ortodoxa.
En los últimos 10 años Irlanda nos fue presentada por agencias financieras privadas, consultores internacionales de grandes bancos y columnistas económicos como una especie de modelo de economía moderna. Léase, una economía al gusto del neoliberalismo global, que debería ser la envidia de nosotros, los payasos del tercero mundo, que luchan por un proyecto de desarrollo “sin sumisión”. Esto es, que no fuese apenas una economía de servicios, sin base productiva afirmada, anclada en el territorio y en el mercado interno y capaz de competir en el mercado global.
El déficit fiscal del Tigre Celta, que afecta al pobre pueblo irlandés, sumado al dinero necesario para socorrer el sistema bancario fallido, hoy alcanza el 32% del PIB. El salario mínimo fue recortado en un 20%, se extinguieron 25 mil puestos en el sector público (de un estado que ya fue presentado como ejemplo de estado mínimo y de quiebra, sin pudor alguno se aumentará el impuesto de la renta de los asalariados). Se registra que Irlanda fue presentada como ejemplo de país que se supo integrar a la globalización de manera absolutamente bien conducida y ortodoxa, incluso recibiendo excursionistas políticos de todo el mundo para beber de su éxito.
Nosotros, los brasileños, debemos leer la lección del Tigre Celta de manera inversa, o sea que no debemos integrarnos en la globalización sin proyecto propio sabiendo que existen ciertas fuerzas políticas, independientemente de sus matices ideológicos, que defienden la necesidad de una política industrial planificada por el estado, combinada con fuertes inversiones en investigación y desarrollo. Son reales aquellos que defienden la ampliación del crédito y del financiamiento para el sector público, el refuerzo de las políticas sociales del Estado para que el crecimiento se aporte con distribución de renta. También son ciertos los que apuestan por el ejercicio de la capacidad reguladora del Estado para inducir al desarrollo.
En el período actual que se vive en nuestro país, debemos mantenernos atentos a una nueva ola mediática, que ciertamente será promovida por los mismos propagandistas del Tigre Celta: la deconstrucción, abierta o subliminal, del espacio de la política, combinada con el elogio de la “técnica y de la meritocracia” sin principios. No se trata del elogio de la técnica como medio adecuado para un proyecto de cohesión social. Tampoco se trata del mérito como valor personal o colectivo dirigido al bien general de la comunidad, sino la defensa de la técnica que sustituye la política, o que por sí sola es una buena política, y de la “meritocracia” como un elemento frío de cálculo, olvidando que una buena sociedad se mide por el grado de bienestar de los más pobres y no por el consumo suntuario de los más ricos.
Queremos un Río Grande del Sur, que pertenezca a Brasil y al mundo. Acompañemos las experiencias de otros pueblos y aprovechemos sus errores y aciertos, para que nuestro diálogo en RGS sin prejuicios y exclusiones, pueda mejorar la vida de todos. Esta posibilidad no suprime nuestras diferencias, sino que califica nuestros argumentos en defensa del bien común, siempre haciendo un “elogio de la política” como lo hace con todo ardor, mi viejo amigo Mario Soares, quien integró Portugal en la vieja Europa civilizada.
Correo del Pueblo, 27 de noviembre de 2010.
El ataque a la Seguridad Social en España
Joaquín Aparicio
La reforma de la Seguridad Social y la ruptura de la solidaridad intergeneracional tampoco tienen que ver con la necesidad de reducir el déficit público. La Comisión Europea está alentando ataques al Estado Social para dar “confianza” a los mercados financieros que han causado la presente crisis.
La tercera etapa del programa reformista del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado y otros entes públicos, la congelación de pensiones para 2011 y del desarrollo de servicios sociales, como los de la Ley de Dependencia, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia.
En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.
La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los catastrofistas, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 2029. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular?
La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales.
Aunque solo sea por experiencia histórica los intentos de reforma parten de una aceptación aparente de estos presupuestos, pero tras la apariencia se esconde otra realidad. El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010 el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” o guías generales que han de guiar las conclusiones del Pacto de Toledo para la reforma. Estas determinaciones generales son: sostenibilidad, equilibrio financiero, respeto a los derechos de los pensionistas, globalidad, es decir, tener en cuenta todas las prestaciones, transparencia, equidad, pacto entre generaciones, gradualidad en la aplicación de la reforma, buscar un papel reforzado para la previsión social complementaria, reformar la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acentuar la separación de fuentes de financiación.
Pero el modo en que se entienden algunas de esas “determinaciones estratégicas” muestra una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social que nos obliga a plantearnos a qué Seguridad Social pretenden ir. Algunas pistas ya se dejan ver. Para empezar, como se incidirá, el equilibrio en realidad trata de conseguirse reduciendo la suficiencia de las prestaciones ya de por si modestas. La equidad la entiende, de un modo erróneo que nada tiene que ver con la idea aristotélica de búsqueda de justicia según principios que tratan de conseguir “una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta”.
El Documento citado entiende la equidad como que “las mayores aportaciones deben ser recompensadas con mayores retornos”, pero se ve obligado a recordar que la Seguridad Social se basa en el principio solidario y de reparto que es contrario a esa falsa idea de equidad, por eso añade que también el Sistema es “de aseguramiento”, como si quisiera decir que hay una matriz de seguro privado en el que hay una relación contractual entre prima, riesgo, alea y reparación. Pero eso en Seguridad Social es como cuadrar el círculo, un sin sentido. Aunque no cabe duda que prepare el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización facilitando su aceptación social.
La jubilación es la estrella de ese Documento para la cual hace propuestas concretas de reforma, como limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, sin indicar muy bien cómo, y de cuya sinceridad hay que dudar desde el momento en que la Ley 35/2010 permite los despidos objetivos, preventivos individuales y colectivos aún en empresas con beneficios. Dos aspectos son los más destacables, el primero desplazar la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años y el segundo incrementar las bases de cotización haciendo depender “en grado creciente” las prestaciones de las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Como otras veces, la necesidad de las reformas se justifica con el manido y falso argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, pero no impide que se siga utilizando, especialmente por la Comisión Europea que desde hace algunos años está continuamente presionado de modo abierto para llevar a cabo reformas en materia de Seguridad Social.
Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas.
De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá mucho más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas. Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. El único problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual.
La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan.
No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras con exigencias de menores cualificaciones profesionales y por lo general no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporan en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, por lo que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.
La lección del Tigre Celta.
Tarso Genro
Irlanda fue presentada como ejemplo de país que supo integrarse en la globalización de manera absolutamente bien conducida y ortodoxa.
En los últimos 10 años Irlanda nos fue presentada por agencias financieras privadas, consultores internacionales de grandes bancos y columnistas económicos como una especie de modelo de economía moderna. Léase, una economía al gusto del neoliberalismo global, que debería ser la envidia de nosotros, los payasos del tercero mundo, que luchan por un proyecto de desarrollo “sin sumisión”. Esto es, que no fuese apenas una economía de servicios, sin base productiva afirmada, anclada en el territorio y en el mercado interno y capaz de competir en el mercado global.
El déficit fiscal del Tigre Celta, que afecta al pobre pueblo irlandés, sumado al dinero necesario para socorrer el sistema bancario fallido, hoy alcanza el 32% del PIB. El salario mínimo fue recortado en un 20%, se extinguieron 25 mil puestos en el sector público (de un estado que ya fue presentado como ejemplo de estado mínimo y de quiebra, sin pudor alguno se aumentará el impuesto de la renta de los asalariados). Se registra que Irlanda fue presentada como ejemplo de país que se supo integrar a la globalización de manera absolutamente bien conducida y ortodoxa, incluso recibiendo excursionistas políticos de todo el mundo para beber de su éxito.
Nosotros, los brasileños, debemos leer la lección del Tigre Celta de manera inversa, o sea que no debemos integrarnos en la globalización sin proyecto propio sabiendo que existen ciertas fuerzas políticas, independientemente de sus matices ideológicos, que defienden la necesidad de una política industrial planificada por el estado, combinada con fuertes inversiones en investigación y desarrollo. Son reales aquellos que defienden la ampliación del crédito y del financiamiento para el sector público, el refuerzo de las políticas sociales del Estado para que el crecimiento se aporte con distribución de renta. También son ciertos los que apuestan por el ejercicio de la capacidad reguladora del Estado para inducir al desarrollo.
En el período actual que se vive en nuestro país, debemos mantenernos atentos a una nueva ola mediática, que ciertamente será promovida por los mismos propagandistas del Tigre Celta: la deconstrucción, abierta o subliminal, del espacio de la política, combinada con el elogio de la “técnica y de la meritocracia” sin principios. No se trata del elogio de la técnica como medio adecuado para un proyecto de cohesión social. Tampoco se trata del mérito como valor personal o colectivo dirigido al bien general de la comunidad, sino la defensa de la técnica que sustituye la política, o que por sí sola es una buena política, y de la “meritocracia” como un elemento frío de cálculo, olvidando que una buena sociedad se mide por el grado de bienestar de los más pobres y no por el consumo suntuario de los más ricos.
Queremos un Río Grande del Sur, que pertenezca a Brasil y al mundo. Acompañemos las experiencias de otros pueblos y aprovechemos sus errores y aciertos, para que nuestro diálogo en RGS sin prejuicios y exclusiones, pueda mejorar la vida de todos. Esta posibilidad no suprime nuestras diferencias, sino que califica nuestros argumentos en defensa del bien común, siempre haciendo un “elogio de la política” como lo hace con todo ardor, mi viejo amigo Mario Soares, quien integró Portugal en la vieja Europa civilizada.
Correo del Pueblo, 27 de noviembre de 2010.
El ataque a la Seguridad Social en España
Joaquín Aparicio
La reforma de la Seguridad Social y la ruptura de la solidaridad intergeneracional tampoco tienen que ver con la necesidad de reducir el déficit público. La Comisión Europea está alentando ataques al Estado Social para dar “confianza” a los mercados financieros que han causado la presente crisis.
La tercera etapa del programa reformista del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado y otros entes públicos, la congelación de pensiones para 2011 y del desarrollo de servicios sociales, como los de la Ley de Dependencia, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia.
En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.
La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los catastrofistas, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 2029. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular?
La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales.
Aunque solo sea por experiencia histórica los intentos de reforma parten de una aceptación aparente de estos presupuestos, pero tras la apariencia se esconde otra realidad. El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010 el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” o guías generales que han de guiar las conclusiones del Pacto de Toledo para la reforma. Estas determinaciones generales son: sostenibilidad, equilibrio financiero, respeto a los derechos de los pensionistas, globalidad, es decir, tener en cuenta todas las prestaciones, transparencia, equidad, pacto entre generaciones, gradualidad en la aplicación de la reforma, buscar un papel reforzado para la previsión social complementaria, reformar la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acentuar la separación de fuentes de financiación.
Pero el modo en que se entienden algunas de esas “determinaciones estratégicas” muestra una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social que nos obliga a plantearnos a qué Seguridad Social pretenden ir. Algunas pistas ya se dejan ver. Para empezar, como se incidirá, el equilibrio en realidad trata de conseguirse reduciendo la suficiencia de las prestaciones ya de por si modestas. La equidad la entiende, de un modo erróneo que nada tiene que ver con la idea aristotélica de búsqueda de justicia según principios que tratan de conseguir “una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta”.
El Documento citado entiende la equidad como que “las mayores aportaciones deben ser recompensadas con mayores retornos”, pero se ve obligado a recordar que la Seguridad Social se basa en el principio solidario y de reparto que es contrario a esa falsa idea de equidad, por eso añade que también el Sistema es “de aseguramiento”, como si quisiera decir que hay una matriz de seguro privado en el que hay una relación contractual entre prima, riesgo, alea y reparación. Pero eso en Seguridad Social es como cuadrar el círculo, un sin sentido. Aunque no cabe duda que prepare el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización facilitando su aceptación social.
La jubilación es la estrella de ese Documento para la cual hace propuestas concretas de reforma, como limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, sin indicar muy bien cómo, y de cuya sinceridad hay que dudar desde el momento en que la Ley 35/2010 permite los despidos objetivos, preventivos individuales y colectivos aún en empresas con beneficios. Dos aspectos son los más destacables, el primero desplazar la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años y el segundo incrementar las bases de cotización haciendo depender “en grado creciente” las prestaciones de las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Como otras veces, la necesidad de las reformas se justifica con el manido y falso argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, pero no impide que se siga utilizando, especialmente por la Comisión Europea que desde hace algunos años está continuamente presionado de modo abierto para llevar a cabo reformas en materia de Seguridad Social.
Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas.
De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá mucho más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas. Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. El único problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual.
La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan.
No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras con exigencias de menores cualificaciones profesionales y por lo general no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporan en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, por lo que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.
martes, 14 de diciembre de 2010
ARTICULOS PUBLICADOS EN PREVENCIONINTEGRAL.COM
Estuve leyendo el Boletín de Prevenciónintegral.com el cual contiene artículos, noticias e información sobre cursos y eventos de interés en la materia. He traido de su contenido dos artículos de opinión, sobre temas de actualidad, solamente el resumen, con el interés de que mis lectores busquen los mismos, los lean y nos convoquemos en un debate, ya que sobre estos temas he traido al blog artículos de mi autoría y otros de otros especialistas, con el fin del intercambio de criterios y la lectura de bibliografía más reciente.
Las transformaciones de las normas internacionales de seguridad y salud en el trabajo.
Muñoz Ruiz, Ana Belén. Profesora Ayudante Doctor. Universidad Carlos III de Madrid. 0034 699 346 710/ anabelen.munoz@uc3m.es
RESUMEN
Las fuentes internacionales han dedicado una especial atención a la problemática del Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales impulsando de este modo avances significativos en los ordenamientos nacionales. Sin embargo, las primeras normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo se habían aprobado bajo el paradigma Fordista-Taylorista sin tener presente la globalización de la economía y las transformaciones experimentadas en el mundo del trabajo.
La experiencia de su análisis pone de relieve un conjunto normativo caracterizado por su alto y muy detallado contenido técnico incorporando abundantes referencias técnicas (valores límites, fijación detallada de los elementos técnicos) lo que facilitaba que sus contenidos estuvieran desfasados en un breve espacio de tiempo por los avances científicos y técnicos. Todas estas razones vienen justificando la necesidad de una profunda reforma del método de producción de normas que, a partir de esta constatación, experimenta fuertes cambios.
El objeto de esta Comunicación consiste precisamente en analizar las transformaciones experimentadas en la política normativa relativa a la seguridad y salud en el trabajo (tanto desde la perspectiva de la OIT como la Unión Europea), donde se ha evolucionado desde un enfoque vertebrado por una legislación detallada y formalista hacia un método de gobernanza más amplio que combina las normas formales con otros instrumentos no vinculantes y singulares en cuanto a su procedencia, formalización y contenido (método abierto de coordinación, diálogo social y soft law). Las nuevas estrategias reguladoras tienen en común que se trata de un derecho dinámico, flexible y de corte promocional. A su vez, la pluralidad de fuentes internacionales y su elevada productividad han derivado en una fuerte litigiosidad entre los organismos con competencia normativa en dicho ámbito. Pero, el conflicto moderno en el contexto internacional no sólo afecta a los sujetos públicos sino también a los privados. Las insuficiencias de las normas internacionales en un contexto de globalización de la economía han propiciado nuevas conexiones entre las normas sociales y las normas comerciales, produciéndose un acercamiento de los planteamientos sociales y mercantiles.
La prevención de riesgos laborales y el sentido social responsable desde la gerencia médico-asistencial.
Romero Díaz Carmen Helena. Universidad “Rafael Belloso Chacín”. Escuela de Ingeniería Electrónica. CP 4005 +582617538367 +582617534396 +584167649408. Maracaibo – Estado Zulia – Venezuela. carmenhelena2007@gmail.com
RESUMEN
Sigue siendo preocupante la crisis del sector médico-asistencial venezolano, cuando se advierten consecuentemente riesgos significantes para la salud de los usuarios en edificios enfermos y el inapropiado manejo de los desechos de hospitales que se convierten en foco infeccioso dentro y fuera de sus recintos. La propensión a los riesgos laborales de la organización humana del sector salud, así como las condiciones disergonómicas para el desarrollo de sus actividades y su consecuente contaminación ambiental, demuestran la necesidad imperante de atención que ocupa el propósito de este ensayo, a través del cual se invita a la comunidad científica a discutir sobre este problema que aqueja la salud de los usuarios de los hospitales venezolanos y de sus comunidades vecinas, para aproximarse a la comprensión de lo que puede llegar a ser una conducta social responsable desde la gerencia médico-asistencial, el reconocimiento de sus limitaciones y soluciones alternativas en medio de circunstancias críticas de gestión y medio ambiente laboral, centrando especial atención en la sostenibilidad y sustentabilidad de su proceso. Este trabajo se fundamenta en los preceptos de la Gerencia de Hospitales, del Ordenamiento Jurídico Venezolano, en la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO), la Prevención de Riesgos Laborales, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Ergonomía, la Gerencia Empresarial desde una Perspectiva Ergonómica, la Inteligencia Social y los Principios de la Organización Inteligente.
sábado, 11 de diciembre de 2010
LA MIGRACIÓN LABORAL SIGUE SIENDO UN TEMA DE ESTUDIO.
Hube de publicar en noviembre dos trabajos referidos a las migraciones, uno de mi querida amiga y colega de España Laura Mora Cabello de Alba sobre las migraciones en Europa y otro sobre el abordaje de Agrupación "Global Unions" previo al Foro Mundial de Migraciones para el Desarrollo que tuvo lugar en México del 8 al 11 de noviembre. Pues bien, ahora sigo con el tema porque no deja de ser preocupante la situación que confrontan los migrantes, vinculada con la discriminación en el empleo, la desvalorización como seres humanos, tratados como delincuentes, criminalizados por el solo hecho de vivir en otro país alejado del suyo buscando una vida mejor, que la mayoría de las veces se torma insoportable y violenta. Los dejo con la lectura del tema, mis consideraciones y lo que se publicó en la web.
La Convención internacional de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares cumple su 20º aniversario en un mundo donde la migración es un problema generalizado y no resuelto aún, porque las personas se mueven de un lado hacia otro por cuestiones económicas, políticas y sociales.
Según el Informe 2009 sobre Desarrollo Humano del PDNU, de los 200 millones de migrantes internacionales, el 50% son trabajadores y la mitad del total son mujeres. Estudiando la información disponible conocimos que los migrantes se concentran en los países con población envejecida porque existen mayores posibilidades de estabilizarse y encontrar empleo y salario. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2000 el 60% de los trabajadores migrantes estaban trabajando en países industrializados, mientras que en 1970 alcanzaba tan sólo el 44%.
Habiendo fracasado las acciones dirigidas a la creación de empleos en los países de origen a favor de la población nacional, las personas han dirigido sus alternativas hacia el desplazamiento a otros países de acogida con oportunidades de empleo aunque ello signifique separarse de sus familias. México es un buen ejemplo del aumento de las migraciones como un fenómeno de búsqueda de mejores condiciones de vida. Es sabido que en los EU hay aproximadamente una población de 15 millones de mexicanos, por lo que la migración no es un fenómeno nuevo entre ambos países, no obstante su intensificación a lo largo de las dos últimas décadas está claramente relacionada con la reestructuración de la economía mexicana y las políticas comerciales de EE.UU. basadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que han beneficiado más a las corporaciones transnacionales que las industrias nacionales mexicanas sin que ello favoreciera el crecimiento de empleos para la clase obrera mexicana, tanto en las ciudades como en el campo. Los pequeños agricultores mexicanos han enfrentado la competencia de las importaciones de la agroindustria estadounidense subsidiada.
Es sensible el deterioro de los salarios y los niveles de vida de los trabajadores que al perder sus empleos, no logran siquiera ganar el salario mínimo en su propio país. Es una realidad que la maquila no ha resuelto estos problemas porque si bien gestionan un empleo de supervivencia, éste es de mala calidad y bajos salarios siendo sus destinatarios fundamentalmente las mujeres, acosadas sexualmente e incluso asesinadas cuando protestan, intentan huir o unirse a sindicatos independientes. “Irse para el Norte” se ha convertido en una cuestión de supervivencia, a pesar de los riesgos de arresto arbitrario, extorsión, robo, violación, secuestro y asesinato.
Continuando con el tema, hay que dedicarle un espacio al enfoque de género de la migración, porque hay voces que justifican la misma como nuevas oportunidades para el empleo femenino,
Pero la realidad es bien diferente porque las mujeres cuando son el sostén único de su familia, terminan aceptando un salario por debajo del mínimo establecido, aunque tengan un acceso limitado a la seguridad social y se encuentran bajo una presión enorme para conseguir la conciliación entre el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares.
El aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de las últimas décadas no ha estado acompañado de unas políticas públicas adecuadas para responder a las obligaciones de cuidados que tienen las familias. La falta de instalaciones públicas y colectivas para cuidar a los niños, a los mayores y a los enfermos ha provocado un incremento importante en el número de migrantes (en su mayoría mujeres) que asumen estas responsabilidades. El racismo, la xenofobia, la violencia y la trata de personas tienden a exacerbar las desigualdades de género existentes, como la segregación ocupacional, la infravaloración del trabajo de las mujeres y la precariedad del empleo.
El FMMD tiene que reconocer el hecho que las mujeres migrantes tiendan a concentrarse en puestos de trabajos atribuidos tradicionalmente a las mujeres, como es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidar y atender a alguien, los servicios de hostelería, el sector textil y el sector agrícola. Este tipo de ocupaciones suelen estar excluidas de las definiciones legales de trabajo, privando así a estas trabajadoras de una serie de derechos y protecciones legales.
Los investigadores han identificado varios obstáculos a los que se enfrentan los migrantes irregulares en el acceso a sus derechos. Los obstáculos legales son: la nulidad de los contratos de trabajo que implican a los migrantes irregulares, la negación de los derechos sindicales, la imposición de obligaciones formales a los funcionarios públicos a denunciar a los inmigrantes irregulares a las autoridades de inmigración, medidas de criminalización de la migración irregular, tanto a nivel nacional como regional; y la falta de asistencia jurídica ante los tribunales de trabajo.
Los obstáculos prácticos incluyen el acceso limitado de los migrantes irregulares al sistema de atención de salud en vista de la falta de información sobre sus derechos, así como las onerosas condiciones burocráticas impuestas a dicho acceso, y las dificultades en la provisión de una educación adecuada a los hijos de migrantes en situación irregular a pesar de la existencia de requisitos de educación obligatoria en la mayoría de los países. Sería interesante destacar que los migrantes contribuyen económicamente con el país de acogida porque generan mercaderías a precios baratos y por las necesidades de empleo, permiten el pago de salarios más bajos, pero también favorecen al país de origen mediante el envío de la remesa para ayudar a su familia.
En un documento elaborado por la Agrupación Global Unions dedicado al año del 20 aniversario de la Convención, y sobre el papel que juega el Foro Mundial de Migración para el Desarrollo, se plantea textualmente que “hoy día, en medio de la crisis económica, son ellos los que más están sufriendo el deterioro de los mercados laborales. Se están despidiendo a más migrantes que a trabajadores nativos, y el desempleo entre la mano de obra extranjera se ha disparado en todos los países de la OCDE. La respuesta de muchos gobiernos de la OCDE ha sido inapropiada: mediante una severa restricción de la migración y el regreso forzoso sólo han conseguido que la situación empeore. Las afluencias masivas de migrantes pueden provocar inestabilidad económica y global. De hecho, el aumento de la población desempleada en los países de origen de los trabajadores migrantes está generando una mayor presión por migrar. Y la caída en las remesas de dinero es otra repercusión económica que debilita aún más estas frágiles economías y pone en peligro a las familias pobres”.
Pero se aplican políticas de migración selectiva que pudieran ser “de robo o fuga de cerebros” para recibir profesionales altamente calificados lo cual sería especialmente perjudicial para los países más pobres. Pero por su complejidad, no parece aconsejable disponer el cierre de la migración, porque se obtendría el efecto contrario con un mayor número de migrantes irregulares o indocumentados producto del tráfico de personas y otros fenómenos delictivos.
En otra parte del documento de la Agrupación Global Unions se plantea que “los sindicatos instan a los gobiernos a que tomen las medidas necesarias para asegurarse de que los migrantes estén protegidos de la xenofobia y la discriminación en el empleo, en el lugar de trabajo y en todas las esferas sociales”, lo cual consideramos un justo reclamo, ya que hay una política dirigida hacia la criminalización de los migrantes, como si fuesen delincuentes y elementos subversivos dedicados a crear situaciones explosivas en los países de destino.
Por último tomo literalmente del documento ya mencionado el análisis realizado del nexo migración-desarrollo.
Muchas de las discusiones en el marco del Foro Mundial de Migraciones para el Desarrollo promueven el infundado concepto de las remesas como estrategia para el desarrollo. Aunque se reconoce la contribución que aportan las remesas al aumento del consumo, a la atenuación de la pobreza y al apoyo de las familias y comunidades que se han quedado en los países de origen, la Agrupación Global Unions insiste en que éstas no son la cura para la falta de desarrollo y de oportunidades de empleo decente y personalmente consideramos que la solución rondaría por un verdadero Programa de generación de empleos en el país de origen.
TRAIDO PARA EL DEBATE DEL BLOG DE DUGLAS YANES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Algunas consideraciones sobre la Propuesta de
Documento sobre “riesgos” del trabajo
Cualquiera que tenga forma puede ser definido,
y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido.
Sun Tzu
En primer lugar, quiero expresarles mi casi total adhesión a las palabras expresadas por el Prof. Ramírez[1] en su trabajo titulado “Riesgos del trabajo. Impuesto de sangre”.
Ahora bien, me voy a permitir con todo respeto, realizar algunas consideraciones.
La primera de ellas, tiene su eje central en la descripción por demás cruda y realista que realiza el Prof. Ramírez de las condiciones en que prestan sus servicios los trabajadores, y que generan tan altas tasas de accidentes, enfermedades ocupacionales y muertes. Ahora bien, la poca o ninguna preocupación que manifiestan algunos patronos por la salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, dentro de un sistema Capitalista de pensamiento neoliberal, es una realidad. Como realidad, considero que debemos estudiarla para poder desarrollar las estrategias necesarias para cambiarla. Con esto no quiero decir, que simplemente aceptemos este “genocidio” con mirada inerte y hasta complaciente. Por el contrario, si los cambios en el sistema de producción no se vislumbran a corto plazo, se hace necesario desarrollar estrategias dentro del marco del sistema Capitalista Neoliberal, que permitan desplegar un conjunto de acciones tendentes a suministrarle a los trabajadores las herramientas necesarias para que se conviertan en la vanguardia de su defensa, sin que esto tenga ningún contenido político-ideológico, es solamente un tema de salud.
Si partimos de la premisa que el capitalismo privilegia la defensa del lucro y la tasa de ganancia, es allí donde deben hacerse sentir las consecuencias de su actuar perverso y poco humano. Parafraseando a Sun Tzu, es posible que necesitemos para darle un vuelco a esta “guerra”, cambiar de táctica, porque hasta el momento y a la luz de las estadísticas, aun cuando ganamos batallas, da la sensación que perdemos la guerra. Por ello, y nuevamente bajo el pensamiento de Sun Tzu “…en la guerra, la mejor política es atacar la estrategia del enemigo…”.
La afirmación anterior no debe ser tomada como fatalista, por el contrario, debe llamarnos a revisar objetivamente, si las estrategias que hasta el momento hemos puesto en práctica para atacar la política del “enemigo”, son las correctas. Lo que sí es completamente cierto, es que la problemática avanza a una velocidad muy superior a cualquier cambio de sistema de producción.
Considero que si el único lenguaje valido para el capitalismo es la acumulación de ganancias, se hace necesario diseñar sistemas de protección que estén inspirados bajo la premisa que su incumplimiento genera serias consecuencias patrimoniales al empleador, por una parte, y por la otra, resaltar las experiencias positivas que se conozcan de empresas comprometidas con la salud y seguridad de sus trabajadores. Es decir, atacar el problema desde la prevención, incluso promocionando y comunicando las experiencias positiva, y castigando con cuantiosas indemnizaciones o multas el incumplimiento de la garantía de seguridad y salud que debe brindar el empleador en el lugar de trabajo.
En ese orden de ideas, siempre requeriremos de un ente estadal que cuente con el personal calificado y en la proporción necesaria para asumir su rol de supervisión, desde una óptica técnica y objetiva, así como, sin parcialidad política y con altísimos niveles éticos, es decir, funcionarios comprometidos con el ideal de salud y seguridad en el trabajo, sea en el sector público o en el privado.
En cuanto a la asunción dentro de la terminología utilizada en condiciones y medio ambiente de trabajo, de “agente” por “riesgo”, a estas alturas de la discusión técnico-doctrinaria, ya es un imperativo. De hecho, al abordar el problema desde la perspectiva de los agentes se le brinda al trabajador mayor protección, debido a que no estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia de un daño, sino, de “…elementos, fenómenos, circunstancia o situaciones resultantes de la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral que encierra una capacidad potencial para causar daño a la salud…” (Glosario Temático de la Salud del Trabajador en el Mercosur). De allí que, la consecuencia jurídica inmediata de exponer el trabajador a prestar servicio en presencia de un agente, debe ser brindarle las garantías de protección necesarias para que no se afecte su salud. De no ser así, entonces el empleador o patrono debe asumir las consecuencias patrimoniales que le hagan ver la importancia del asunto en cuestión.
Finalmente, es importante resaltar que aun cuando se tomen todas las medidas necesarias, tanto por el empleador como por el trabajador, a los efectos de evitar daños a la salud de estos últimos, siempre puede generarse un imponderable, independiente de la voluntad humana, capaz de generar un daño, y hasta los momentos pareciera la mejor aproximación conceptual denominarlos, accidentes de trabajo.
Por último, aun cuando generemos compromisos internacionales en esta materia y legislemos en nuestros países con criterios de avanzada, siempre habrá una tarea pendiente en sensibilizar a los administradores de justicia y a los funcionarios públicos encargados de la supervisión, para que los avances legislativos de toda índole no se conviertan en letra muerta o en banderas ideológicas para perseguir contrarios.
Duglas J. Yanes R.
Pues bien, ahora van mis comentarios que inserté en el blog de Duglas Yanes, joven abogado venezolano que me ha alegrado con su contagioso entusiasmo de abrir un blog sobre estos temas: Dije entonces:
Bien, Duglas, has abierto "la caja de Pandora" para que salgan todos los vicios, por lo que me permitiré con tu autorización, que se me darás, para publicar este artículo de opinión en mi blog y comentarlo también.
Pero además, lo más importante "estás emplazado" como bien sabes, a venir a Cuba del 14 al 16 de marzo de 2011 a presentar tus opiniones en torno al tema, ya que los paneles de Seguridad y Salud en el Trabajo, de discriminación y violencia, están siendo los más demandados y no quisiera ni pienso en tu ausencia, mas bien, la discusión sobre agentes y riesgos será muy rica por las teorías que las anteceden. Por mi parte tengo la definición de factor de riesgo de OIT que casi se asemeja a la de agente dada por ti en el texto: "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT (1986) como "las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia". No habla del daño en si, sino de la probabilidad de su ocurrencia según sea percibido por el trabajador o trabajadora. Dejo aquí el debate y me llevo el artículo para mi blog.
Pero además, lo más importante "estás emplazado" como bien sabes, a venir a Cuba del 14 al 16 de marzo de 2011 a presentar tus opiniones en torno al tema, ya que los paneles de Seguridad y Salud en el Trabajo, de discriminación y violencia, están siendo los más demandados y no quisiera ni pienso en tu ausencia, mas bien, la discusión sobre agentes y riesgos será muy rica por las teorías que las anteceden. Por mi parte tengo la definición de factor de riesgo de OIT que casi se asemeja a la de agente dada por ti en el texto: "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT (1986) como "las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia". No habla del daño en si, sino de la probabilidad de su ocurrencia según sea percibido por el trabajador o trabajadora. Dejo aquí el debate y me llevo el artículo para mi blog.
Y ahora además agrego lo siguiente:
Consultado el Glosario de Salud Ocupacional de Colombia nos encontramos con la siguiente definición para riesgos psicosociales: “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su satisfacción personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo". Concluye señalando que estos factores tienen la potencialidad de actuar sinérgicamente en la generación de los accidentes y que los determinantes de los factores psicosociales son la mentalidad, las motivaciones, las interrelaciones humanas y los factores intrínsecos.
Me he referido con toda intención a lo psicosocial, porque cuando de dicho IMPUESTO DE SANGRE se habla, el ambiente laboral enrarecido como resultado de la violencia laboral no aparece con su cuota de sangre aportada, siendo muy importante vincular en cualquier contexto lo referido a la seguridad y salud física y mental de los trabajadores, cuya integridad debe ser siempre el aspecto a proteger, como decía Ernesto Che Guevara parafraseado por mí, que lo más importante es la vida de cada hombre en la sociedad.
Servida está la mesa para los que quieran participar en este rico debate. Invito a Susana Treviño, a Manuel Muñoz de Chile, en fin a todos los que quieran sumarse.
[1] El profesor Ramírez es el Doctor Luis Ramírez, abogado argentino, Vicepresidente Ejecutivo de la ALAL, quien escribiera para fundamentar los principios de la Carta sociolaboral latinoamericana un escrito referido al Impuesto de sangre, cuando de accidentes del trabajo se trata. (Nota de Lydia Guevara)
NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
A los conocidos y a los que no tenemos aún el gusto de conocer, felicidades por este nuevo reto al frente de la AIDTSS.
viernes, 10 de diciembre de 2010
NO RECESO, PERO ESTARÉ MENOS TIEMPO CON USTEDES.
Estimados seguidores y amigos. Voy para la provincia Santiago de Cuba a impartir un módulo de la Maestría de Derecho Laboral. Tendré la oportunidad de insertar algún artículo u otra información pero no con la asiduidad a que los tengo acostumbrados. Mantenemos el contacto. Saludos a todos y sobre todo desde ahora quisiera ir enviando mis felicitaciones, mis saludos y mis mejores deseos de paz, amistad y solidaridad.
UN POCO DE HISTORIA SIEMPRE ES BUENO RECORDARLA. CUBA Y SU AYUDA INTERNACIONALISTA EN TODOS LOS ÓRDENES.
Tomado de la prensa internacional, escrito por un autor extranjero y por su importancia transmito y reproduzco en mi blog. De qué se trata? De un verdadero motivo de solidaridad: “damos lo que tenemos, no damos lo que nos sobra” Eso es humillar al prójimo, pero cuando usted da lo que tiene, comparte con otro sus bienes y de esa forma, ayuda y colabora que es lo más importante.
Por qué lo inserto en el blog? Alguien puede dudar el saldo que tendrá esta pandemia en la población haitiana? No se han podido prever las consecuencias nocivas para la salud de las personas y de futuras generaciones que podrán continuar como portadoras de una enfermedad letal y muy contagiosa y que dejará su impronta en la salud pública, la seguridad social, el empleo, la educación y el medio ambiente.
No es necesario detenerse a sacar muchas cuentas, con solamente reflexionar en los cientos de miles de enfermos y en los más de 2000 fallecidos, hijos sin padres, padres sin hijos, escuelas sin niños, trabajos sin trabajadores, ya la tragedia se vuelve más cercana y comprensible. Pero además esta solidaridad cubana va camino a evitar la transmisión del cólera a otros países y regiones. Sirva este texto de meditación.
Lo escribió Rickey Singh
El más reciente ejemplo inspirador del compromiso de Cuba con las masas que sufren en Haití fue el envío urgente la semana pasada de otros 300 médicos, enfermeras y técnicos de la salud a la empobrecida nación de nuestra Comunidad del Caribe (CARICOM), azotada por la epidemia de cólera y un devastador terremoto.
Esta demostración de solidaridad práctica, característica del gobierno y pueblo cubanos en respuesta a las tragedias humanas en todos los continentes, es el resultado de una petición internacional realizada por Valerie Amos, subsecretaria general de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios.
A medida que los haitianos siguen enterrando a sus muertos como consecuencia de la epidemia del cólera – unos 2000 – y mientras que otros están sumidos en conflictos políticos por acusaciones de fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias, la desesperada necesidad de médicos y personal de la salud continúa dividiendo el llamado de la ONU y la respuesta humanitaria como la de Cuba.
La información del último grupo de médicos, enfermeras y técnicos cubanos se dio a conocer a través de una declaración emitida en La Habana durante el fin de semana, centrada en una reflexión de Fidel Castro titulada “Haití: el subdesarrollo y el genocidio”.
El legendario ex Presidente de esa nación caribeña que continúa padeciendo las terribles consecuencias económicas y sociales del bloqueo económico impuesto hace 48 por los Estados Unidos de América, afirmó que los 300 médicos y personal de la salud adicionales que enviaría su país ahora sumarían más de 1 200 médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en Haití.
Algunos de los equipos médicos cubanos se encontraban trabajando en las comunidades haitianas mucho antes del horrible terremoto de enero y la propagación de la epidemia de cólera en octubre.
El líder cubano resaltó cuán desalentador había sido conocer de parte de la subsecretaria general de la ONU, Amos, que hasta ahora se había recibido “menos del 10 por ciento” de una ayuda de emergencia de 164 millones de dólares.
Castro también subrayó el 27 de noviembre (víspera de las controversiales elecciones) que “durante los últimos 7 días no se había producido un solo fallecimiento por cólera en los 37 centros atendidos por la Misión Médica Cubana en Haití…”
La Secretaría de la CARICOM no pudo confirmar en días pasados el número actual de médicos y trabajadores de la salud movilizados para prestar servicios en Haití desde el brote de cólera.
En las tragedias reveladas de Haití, el terremoto de enero destruyó el sistema hidráulico y de alcantarillado dondequiera que existía y donde millones de personas viven en tiendas de campaña y carecen de letrinas y “todo se mezcla…”
En apoyo a la petición de los funcionarios de la ONU para respuestas rápidas y prácticas con la ayuda urgente de personal médico y recursos, el ex líder de Cuba durante casi medio siglo, dijo que solo el 10 por ciento de los haitianos afectados que viven fuera de la capital, Puerto Príncipe, había recibido suministros de agua y jabón.
Al informar sobre el trabajo de la Brigada Médica Cubana en Haití, ahora reforzada con el nuevo contingente de 300 médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de la Brigada Henry Reeve, Castro explicó:
“Casi el 40% de los enfermos han sido atendidos por los integrantes de la Brigada Médica Cubana, que cuenta con 965 médicos, enfermeras y técnicos que han logrado reducir el número de muertes (por cólera) a menos de 1 por cada 100…”
En un llamado general, Castro subrayó que era “de suma importancia evitar que la epidemia se extienda a otros países de América Latina y el Caribe, porque en las actuales circunstancias causaría un daño extraordinario a las naciones de este hemisferio.”
“Se impone la necesidad de buscar soluciones eficientes y rápidas a la lucha contra esa epidemia…”
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