miércoles, 21 de septiembre de 2016

PUBLICO ESTA NOTA POR SOLIDARIDAD Y APOYO A NUESTRA JUSTA CAUSA DE PONER FIN AL BLOQUEO USA CONTRA CUBA

La Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) emitió una declaración de condena al cruel cerco del gobierno norteamericano a nuestro país, especialmente en el ámbito bancario, que ocasiona serias dificultades al desarrollo integral de la Isla.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cu­ba no solo se mantiene totalmente, sino que se hace más duro por el recrudecimiento del carácter extraterritorial de las medidas.Así expresa la declaración de la Unión Na­cional de Juristas de Cuba (UNJC) de condena al cruel cerco del gobierno norteamericano a nuestro país, especialmente en el ámbito bancario, que ocasiona serias dificultades al desarrollo integral de la Isla.
El documento señala que los hechos de­muestran el creciente uso del arma financiera como herramienta de la política exterior de Estados Unidos contra países que se contraponen a sus intereses e inclusive contra sus propios aliados.
La Unión Nacional de Juristas de Cuba ar­gumenta que los bloqueos son calificados co­mo actos de genocidio, en virtud de la Con­vención para la Prevención y la sanción del Delito de Genocidio de 1948, y en un acto de guerra económica, de conformidad de la De­claración relativa al derecho de la guerra ma­rítima adoptada en la Conferencia Naval de Londres de 1909.
Sin embargo, Cuba y Estados Unidos no están en guerra y jamás desde el territorio cubano se han organizado o ejecutado agresiones militares contra los EE.UU. ni se han fomentado actos de terrorismo contra el pueblo estadounidense, expresa la UNJC.
Y apunta: el bloqueo no solo transgrede los derechos humanos del pueblo cubano, sino el derecho soberano de todos los países del mundo a relacionarse con Cuba sin temor a ser castigados, igualmente esa medida violenta el derecho internacional, los propósitos y principios de la carta de las Naciones Uni­das y las normas de libre comercio.
La UNJC reiteró su agradecimiento a las asociaciones de colegas que en todo el mundo exi­gen el cese de dicha política ilegal, genocida y extratemporal que jamás impedirá que el pueblo cubano defienda su soberanía y su derecho a escoger libremente su futuro.

jueves, 8 de septiembre de 2016

PUBLICANDO LA CARTA DE SAO PAULO APROBADA EL 26 DE AGOSTO EN ESA CIUDAD. LÉALA.






CARTA DE SÃO PAULO


El IV Congreso Internacional de Ciencias del Trabajo, Medio Ambiente, Derecho y Salud, que reunió a personas de diversos países de América Latina, llega en un momento crucial para Brasil. La última etapa de la destitución de la presidenta Dilma comenzó esta semana. Habiendo consenso en cuanto a  la gravedad de la situación, polémica en la sociedad en cuanto a su legalidad,  para los participantes de este evento, representa un proceso político de interrupción institucional cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para los trabajadores y sus familias.
La embestida contra los logros de la Constitución ha sido abrumadora y están siendo amenazados los derechos humanos fundamentales.
Bajo el falso pretexto de un país en bancarrota, los economistas neoliberales han anunciado como la única solución una alternativa económica basada en la acumulación de superávit primario, en la disminución de los llamados gastos (no inversión) públicos y la penalización nuevamente de los sectores menos privilegiados de la sociedad, sin que ni siquiera se contemple un cambio en el sistema económico dominado por los rentistas o el sistema fiscal que castiga a los pequeños.
Las propuestas del gobierno provisional y la élite económica van encaminadas hacia una brutal reducción de la inversión pública en áreas sociales. En este llamado ajuste fiscal será sacrificado, entre otros derechos, la llamada Bolsa Familia, los ajustes del salario mínimo, el derecho universal a la salud, la educación y el trabajo decente. Veamos los hechos.
La propuesta de enmienda constitucional 241 (PEC 241) presentada por el gobierno federal interino el 15 de junio de este año, establece que, durante 20 años, las inversiones públicas deben ser congeladas, con referencia a los gastos del 2016 con una actualización anual por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el IPCA. Reconocida por los columnistas económicos como un hecho de consecuencias permanentes, la PEC 241, si se lleva a cabo, tendrá efectos directos en las cuestiones más importantes para la mayoría de la población. Las inversiones públicas representarán cada año un menor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que el 20%  del PIB actual pasará en 20 años a ser del 12,5%. Esto representa una reducción y empeoramiento del nivel de redistribución de la renta y el aumento de la precariedad de los servicios públicos universales como la salud, la educación, la asistencia y seguridad social y el deterioro de la infraestructura. Es un verdadero atentado contra los derechos humanos.

El PEC 87/2015, aprobado por la Cámara de Representantes en las primeras horas del 06/02/2016, plantea extender hasta 2023 la DRU o  Separación de los ingresos de la Unión, que culminó el 31/12/2015, y además aumenta el porcentaje de 20 a 30%. La DRU permite al gobierno federal usar libremente este porcentaje de todos los impuestos federales vinculados por la ley a los fondos o gastos. En la práctica, se permite al gobierno desviar los recursos asignados a áreas tales como la educación, la salud y la seguridad social para formar superávit primario destinado a cualquier gasto considerado prioritario, lo que permite aún más la gestión de los fondos para el pago de intereses de la deuda pública, nunca antes auditados, pero que, sin embargo, se consumen valores que se deberían aplicar a las políticas sociales y la mejora de la administración pública.

La tercerización de cualquier actividad, tal como se prevé en el proyecto de ley 30 de la Cámara (PLC 30), representa la desregulación total y la precarización de las relaciones laborales en nuestro país, con un impacto directo en su salud y seguridad.
El reconocimiento de lo negociado sobre lo legislado significa otro ataque a los derechos laborales. Lo que prevalecerá será lo acordado entre las dos partes incomparablemente desiguales, los empleadores y los trabajadores y no la ley. El aumento de las horas de trabajo, la flexibilidad de las horas de almuerzo y los días festivos son algunas de las propuestas dadas a conocer por los representantes de la organización de empleadores.
En el contexto de la seguridad social, están ganando espacio varias propuestas, como el aumento de la edad de jubilación y las restricciones al acceso y mantenimiento de los derechos de pensión.  El Sistema Único de Salud (SUS), que padece de un sub-financiamiento crónico ha sufrido varios reveses, incluyendo la aprobación de la Ley Federal 13.097, que permite la participación de capital extranjero en la salud. La propuesta de planes de salud populares es abiertamente defendida por el actual ministro de Salud, cuya campaña para diputado ha estado sustentada por la donación de fondos privados de salud.
Los participantes en el IV Congreso Internacional de Ciencias del Trabajo, Medio Ambiente, Derecho y Salud se sitúan al lado de aquellos que luchan contra cualquier retroceso en materia de derechos constitucionales, exhortando a la sociedad a manifestarse en las calles, junto con los diputados y senadores, junto con los fiscales y el poder judicial.
Todos debemos asumir el papel de esclarecer a los amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, estudiantes, maestros, los peligros que corremos. Y las entidades sociales consideran que es urgente la unidad y la construcción de un plan de comunicación de masas, fuerte, planificado y eficaz. Si por un lado tenemos poco acceso a los grandes medios de comunicación, por el otro, tenemos el entorno virtual, lo que nos permite llegar hasta porciones ilimitadas de la población. Debemos tener claro que hay un intento sistemático de los medios hegemónicos de descalificarnos y desmoralizarnos, otorgándose a sí mismo el papel de fuente fiable de información y análisis, libre e imparcial cuando en realidad representa los intereses de menos de 10 grupos económicos vinculados a los intereses del gran capital.
No podemos aceptar que criminalicen el ejercicio de la política y las manifestaciones de opiniones como si fueran acciones indignas. Generaciones brasileñas lucharon por la libertad de expresión en todos los aspectos que afectan a nuestras vidas, desde las agresiones diarias a la naturaleza, a las personas más vulnerables, como los indígenas y los que habitan los quilombos, hasta la discriminación de cualquier tipo, además de los temas antes mencionados.
La voz unida del pueblo brasileño en un poderoso NO debe unirse a los hermanos de todos los continentes, especialmente en los países de América Latina. Debemos decir NO a un mundo que se someta a la lógica del mercado y de las grandes empresas y un vigoroso SI a una sociedad en la que exista la equidad y la justicia social, en la que podemos vivir de manera solidaria y verdaderamente humana.


São Paulo, 26 de agosto de 2016.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

UN DÍA TRAS OTRO Y LOS NIÑOS SIGUEN SIENDO CADA VEZ MÁS VULNERABLES



Hay cerca de 50 millones de niños "desarraigados" en el mundo, alerta Unicef

Cerca de 50 millones de niños viven "desarraigados" en el mundo, tras haber sido obligados a abandonar sus hogares o sus países como consecuencia de guerras, violencia y persecuciones, alertó el miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
 A fines de 2015, cerca de 31 millones de ellos vivían refugiados y 17 millones eran desplazados dentro de sus propios países.
 "Las imágenes indelebles de niños víctimas -el pequeño cuerpo de Aylan Kurdi encontrado a orillas del mar tras haberse ahogado, o la mirada perdida y el rostro ensangrentado de Omrane Daqneesh, sentado en la ambulancia tras la destrucción de su vivienda- sacudieron al mundo entero", declaró Anthony Lake, director general de Unicef, en un comunicado.
"Cada foto, cada niño o cada niña simboliza a millones de niños en peligro y necesitamos que la compasión que sentimos por las víctimas que podemos ver se traduzca en una acción en favor de todos los niños", agregó.
 Del total de 50 millones de infantes "desarraigados", una evaluación "prudente", de acuerdo a Unicef, 28 millones fueron expulsados de sus casas por conflictos, y desplazados al interior o el exterior de sus países. Los menores tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria y de acceso a los servicios vitales.
Por otra parte, unos 20 millones de niños dejaron sus hogares por razones como la extrema pobreza y la violencia de bandas criminales.
 "Muchos de ellos corren riesgos de ser maltratados o detenidos, al carecer de documentación y de un estatuto jurídico preciso y no estar bajo seguimiento sistemático de servicios médicos", destacó Unicef.
 La agencia de la ONU observa igualmente que los niños representan una parte "desproporcionada y creciente" de las personas que buscan refugio fuera de su país de nacimiento: son casi la mitad de los refugiados y representan menos de un tercio de la población mundial.
En 2015, cerca del 45% de los niños refugiados bajo protección de la ONU eran originarios de Siria y Afganistán.
 Ante este panorama, Unicef llamó a las autoridades a poner fin a la detención de niños migrantes y solicitantes del estatuto de refugiados, a no separarlos de sus familias, a permitirles acceder a los servicios de salud y a promover la lucha contra la xenofobia y la discriminación.
 La ONU acogerá a fines de septiembre, al margen de su asamblea anual, dos cumbres sobre migraciones.
Unicef, dijo su director adjunto Justin Forsyth, espera que en esos encuentros se llegue a "compromisos claros y se tomen medidas prácticas", como "alternativas a la detención de niños", soluciones para "preservar la cohesión de las familias" y asegurar el acceso de los niños migrantes a la educación.
Forsyth subrayó además que "el reparto del fardo" de la recepción de refugiados y migrantes "es injusto", al estar cargado principalmente sobre las espaldas de países vecinos (Líbano y Turquía en el caso de los sirios) o pobres (República Democrática del Congo, Pakistán, Etiopía).

NECESARIA UNA VALORACIÓN MÁS PROFUNDA DE LA ACTUALIDAD DE NUESTRA AMÉRICA.

Qué tiempo sin aparecer por estos lares. Entre las actividades en que he estado participando en diferentes escenarios, he dejado sin actualizar mi blog que requiere de mucha sensibilidad por los temas que aborda. 
Ahora nos vemos comprometidos con varios temas que requieren una mirada más profunda y los señalo a continuación:
1. Tema de mineros en Bolivia, cómo la Federación de cooperativas mineras no acepta la creación de sindicatos. 
2. Reforma laboral flexibilizadora en Brasil, por la cual se privilegia y prevalece lo negociado por encima de lo legislado.
3. Los constantes aumentos de tarifas en Argentina que conducen al empobrecimiento de una población que ya tiene bajos ingresos o que ha sufrido el despido en la oleada de despidos de los 4 primeros meses del gobierno de Macri.
4. La ola de huelgas en el magisterio mexicano, en el sector docente también de Chile y ahora en el sector bancario de Brasil, este último con motivo de los acontecimientos que llevaron a la destitución "parlamentaria" de la Presidenta constitucionalmente electa.
Sobre estos temas habrá que regresar próximamente. Se hace necesario reconsiderarlos porque todos provocan la necesidad de prestarles la atención en el sentido de los derechos humanos que se violan o no se consideran como es debido.

jueves, 11 de agosto de 2016

PUBLICADO EN EL SITIO WEB CUBANO CUBADEBATE POR RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE WALK FREE FOUNDATION

Esclavitud moderna afecta a 46 millones de personas, revela estudio de Walk Free Foundation
Antes de insertar el texto de esta noticia quisiera expresar que una de las cuestiones más horrendas en la humanidad es la esclavitud moderna que se nutre del trabajo forzoso y de formas de servidumbre forzada, por deudas, en las que nacen y se desarrollan la prostitución forzada, el trabajo infantil, los maltratos y agresiones, el abuso sexual, las violaciones de niñas y mujeres,  hasta llegar a la muerte de las personas. Por cosas de la vida no hay país de América Latina con esclavitud moderna, excepto Haití, pero sí los hay con trabajo forzoso u obligatorio, reconocido en Brasil como trabajo esclavo.


Unas 46 millones de personas viven en situación de esclavitud, trabajando principalmente en fábricas, minas y granjas, según un estudio presentado hoy por el grupo australiano de defensa de los Derechos Humanos Walk Free Foundation.
La pesquisa, publicada en el sitio web de la mencionada institución, precisó, además, que el 60 por ciento de los países tienen un alto riesgo de utilizar la servidumbre como parte de sus cadenas de producción.
El Índice de Esclavitud Global pone de manifiesto que el tráfico de personas para su explotación sexual, así como el sometimiento laboral para saldar deudas, son problemas fundamentales a la hora de luchar contra la esclavitud moderna, puntualizó la investigación.
La empresa Verisk Maplecroft, que analizó la situación en 198 países, observó que 115 se encuentran en riesgo extremo de tener trabajadores bajo esa condición. Pocas naciones en el mundo son inmunes a la esclavitud moderna, consideró Alex Channer, analista de Verisk Maplecroft. Channer señaló que el objetivo del informe es el de ayudar a las empresas a identificar aquellos lugares en los que hay un mayor riesgo de esclavitud.
De acuerdo con el estudio, países como Sudán del Sur, República Democrática del Congo (RDC), uno de los mayores productores de aparatos electrónicos, y Sudán presentan un mayor número de esclavos.
Entre los países con un alto riesgo de albergarlos se encuentran India y Costa de Marfil.
La Unión Europea presenta un ‘riesgo medio’ en ese sentido, mientras que Alemania, Finlandia, Dinamarca y Reino Unido son los países con menor tendencia dentro Europa.
En general, la mayoría de los países presentan un buen marco legal al respecto, el problema es la correcta implementación de esas leyes, manifestó Channer.


jueves, 4 de agosto de 2016

UNA VERDADERA MASACRE LABORAL. CADA DIA SE PIERDEN MAS DERECHOS LABORALES EN EL MUNDO.



En junio de 2013, un grupo de periodistas, activistas y profesores universitarios se reunieron para dilucidar la segunda edición del llamado ‘Premio a las Empresas Negras’.

La firma Watami Foodservice, una conocida cadena de restaurantes japoneses, obtuvo el galardón por segundo año consecutivo muy por delante de otras empresas dedicadas a la venta de textiles, libros de texto, transportes y hasta una universidad.
Watami, cuyo dueño es el conocido multimillonario y político local Miki Watanabe, obtuvo el 72% de los votos después de que los expertos examinaran todos los requerimientos del concurso entre los que figuraban: excesos en las horas de trabajo, abuso de poder, bajos salarios, hostilidad hacia los sindicatos, negativa a pagar horas extras o arbitrariedades hacia los empleados temporales.
La cadena, que posee cientos de tabernas de estilo japones conocidas como ‘izakaya’, se ha ganado un significado lugar en la animadversión popular tras el suicidio en 2008 de Mina Mori, de 26 años, una empleada que se quitó la vida tras permanecer trabajando durante dos meses a un ritmo extenuante de 140 horas extras cada 30 días.
Además de su abrumadora rutina nocturna -que en muchas ocasiones la obligaba a dormitar en el mismo restaurante-, Mori tenía que asistir algunas mañana a sesiones de entrenamiento, se veía obligada a redactar informes sobre el funcionamiento del negocio o a memorizar el credo de la compañía, redactado por el dueño.
Incapaz de lidiar con tamaña presión, la fémina escribió una premonitoria misiva a sus padres en la decía: “me duele el cuerpo, estoy agotada, emocionalmente paralizada. Por favor ayudarme”.
Aunque el fallecimiento de Mina fue definido como “accidente laboral” en 2012, Watanabe se negó a pedir disculpas o a reunirse con los padres de la víctima hasta que accedió en diciembre pasado a pagarles 130 millones de yenes (unos 970.000 euros) y admitir su responsabilidad.
Los padres de Mina habían asegurado que para ellos el deceso de su hija -aunque inducido-, fue “un asesinato”. “Mientras que no se encuentre a los asesinos y no se les expulse (de la compañía), se producirán más asesinatos”, afirmaron en una misiva que dirigieron a los responsables de Watami.

‘Karoshi’
Pese a la repercusión mediática de este suceso y la aprobación de una nueva normativa en 2014 para frenar un fenómeno que tiene su propio término -se llama ‘karoshi’-, lo cierto es que las últimas estadísticas oficiales volvieron a registrar un número récord de este tipos de trágicos incidentes en el último recuento anual.
Según el Ministerio de Trabajo japonés, el año pasado murieron hasta 189 personas -suicidios comprendidos- a causa de la fatiga laboral extrema, aunque los expertos estiman que la cifra real se cuenta por millares. Las demandas laborales relacionadas con esta práctica alcanzaron la cifra inédita de 2.310.
En los años del llamado “boom” japonés de los 70 y 80, los expertos estimaban que unas 10.000 morían anualmente en la nación asiática por este motivo.
Aunque los decesos a causa de un empleo extenuante se vincularon al mercado laboral japonés después de que se conociera el primer caso en 1969 -y alcanzaran cierta notoriedad a partir de los 80 y 90 con ejemplos como aquel conductor de autobuses que murió a los 37 años de una embolia tras pasar 15 años sin librar ni una sola jornada-, también es algo recurrente en países como Corea del Sur o China.
Los últimos datos gubernamentales son puestos en cuestión por Hiroshi Kawahito, secretario general del Consejo Nacional de Defensa de Víctimas de Karoshi (NDCVK), que opina que esos guarismos tendrían que multiplicar por diez ya que el asunto sigue siendo una suerte de tabú a nivel oficial. “El gobierno organiza conferencias y publica carteles sobre este problema, pero es propaganda. El problema real es reducir las horas de trabajo y no están haciendo lo suficiente. El problema es que la legislación laboral japonesa no tiene dientes”, manifestó a la agencia Reuters.
La legislación local permite las horas extras sin límite si hay un acuerdo entre la empresa y los empleados, y en un país donde la devoción por el trabajo constituye casi un culto, a muchos les parece lo lógico.
“La norma social en Japón estipula que los trabajadores prioricen sus responsabilidades laborales sobre la familia o las obligaciones comunitarias”, indicó Rika Morioka, una especialista en salud.
Los excesos laborales de las firmas japonesas no se justifican por la carestía de puestos de trabajo. Al contrario, los guarismos oficiales demuestran que existen hasta 1,28 empleos por cada persona que pretende incorporarse al mercado laboral.
Para Hirokazu Ouchi, profesor de la Universidad Chukyo y autor de un libro sobre esta problemática, el ‘Karoshi’ “es una táctica que usan las compañías para mantener los costes laborales a la baja, pero que también puede llevar a la muerte por exceso de trabajo”.
(Tomado de El Mundo)