Mejorar los servicios… y aprovechar bien los locales
Ivette Fernández Sosa y
Leyanis Infante Curbelo
Desde hace pocos meses, siete trabajadores por cuenta propia comparten un
espacio antiguamente destinado al arreglo y confección de calzado ortopédico en
una arteria principal del municipio de Diez de Octubre en la capital cubana. De
esta manera, varios vendedores insertan sus productos en una de las localidades
más populosas de la ciudad.
Los trabajadores de la relojería La Universal, en el
municipio de Centro Habana, conservan su local de trabajo ahora como
arrendatarios.
A pocos metros de allí una escena similar se repite en otro local y convence
al transeúnte de una saludable diversidad de ofertas. Además de lo atractivo de
estas, llama la atención que estos sitios fueron pintados y acondicionados por
los trabajadores que allí se desempeñan. Veteranos o principiantes, son cientos los cuentapropistas que multiplican su presencia en locales y áreas pertenecientes a la Empresas de Comercio y de Servicios Personales y Técnicos, y que han sido identificados de conjunto con los gobiernos locales y provinciales, para ser arrendadas con estos fines.
Otro grupo significativo de trabajadores (pertenecientes antes a esta empresa estatal) se ha adscrito a los nuevos modelos de gestión implementados en el sector de los servicios, conservando, ahora como arrendatarios, sus antiguos lugares de trabajo.
En esta entidad correspondiente a la capital, al cierre de enero, habían transitado hacia el cuentapropismo 1 120 trabajadores y 380 locales les habían sido arrendados, pasando así la empresa de la gestión y dirección administrativa, a fungir el papel de arrendadora para sus antiguos trabajadores. Mientras, otros 57 espacios subutilizados fueron alquilados por cuentapropistas de diversa procedencia, donde solo el administrador es empleado estatal de la empresa arrendadora.
Según explicó a este diario Benito del Pino Reyes, subdirector técnico de la Empresa Provincial de Servicios Personales y Técnicos, la institución se encuentra en un proceso de redimensionamiento. La mayoría de sus locales serán arrendados a la actividad privada, y a esta modalidad pasarán la mayor parte de sus trabajadores actuales. Solo funcionarán bajo la gestión estatal un grupo de actividades como las lavanderías, los institutos y centros de belleza, atelieres, entre otros.
Con el fin de facilitar esta forma de empleo en la capital, se aprobó en diciembre el acuerdo 383 del Consejo de la Administración Provincial (CAP), que establece las regulaciones para el arrendamiento de locales y áreas. En él, de acuerdo a la determinación de cinco zonas fundamentales, se explicitan las tarifas de arrendamiento diferenciadas en dependencia del lugar en el que se realicen las actividades.
Cuando se trate de un local compartido, las cuantías correspondientes a áreas o locales se establecen de manera diaria por el alquiler del espacio, según su categoría urbanística y el tipo de lugar específico donde se realice la comercialización. Si se tratara de un solo arrendatario, los montos varían en dependencia de la zona, la actividad realizada y los ingresos que cada una de ellas genere.
Tomando en cuenta las características e intereses del territorio, o las singularidades de las actividades en cuestión, los gobiernos municipales, previa conciliación con el órgano provincial, podrán incrementar o reducir las tarifas mínimas diarias.
En lo referente al arriendo por un solo trabajador por cuenta propia de uno de estos espacios se realizan otras acotaciones. Este deberá presentar un proyecto de lo que quiere hacer allí, y un grupo facultado para ello evalúa su factibilidad, aclara del Pino Reyes.
"Hasta la fecha, y según su ubicación, se han identificado locales de interés municipal y provincial. Para la aprobación de un proyecto —que lo realiza el CAP— se toma en cuenta la demanda de la comunidad por este servicio, la cantidad de personas que se emplean, entre otros factores. También si responde a determinada tradición o resulta emblemático del lugar", agrega.
UN EQUILIBRIO NECESARIO
El tránsito hacia nuevos modelos de gestión favorece la reducción de los
montos que año tras año erogaba el Estado para subsidiar la esfera de los
servicios. Como mismo ocurría con otras prestaciones como los de barbería y
peluquería, la población en muchas ocasiones abonaba montos que diferían de la
tablilla oficial cuando acudía en busca de ellos y el servicio, en la práctica,
dejaba de ser estatal para ser privado. Pero, si bien la variedad de ofertas puede ser garante de calidad, muchos de estos aún resultan caros para un gran sector poblacional. Prueba de ello, por ejemplo, es el desplazamiento de la demanda de las barberías y peluquerías tradicionales —ahora en el nuevo modelo— hacia los institutos de belleza que permanecen bajo la administración estatal, según declaraciones de Del Pino.
A ello también contribuye el hecho de que estos trabajadores son ahora contribuyentes, pagan arrendamiento y otros gastos asociados a la actividad y acceden a sus suministros a través de la red minorista, lo que contribuye al encarecimiento del servicio.
El arrendamiento de espacios a trabajadores por
cuenta propia hace más accesibles disímiles servicios o artículos a quienes los
precisen. Ahora corresponde a los gobiernos municipales velar por el equilibrio
de las actividades existentes y por la incorporación de aquella cuya presencia
es vital para el beneplácito de la comunidad.
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