miércoles, 9 de octubre de 2019

CONTINUANDO CON TEMAS FEMINISTAS, PROPONGO EL SIGUIENTE TEMA SOBRE EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES


MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA: LA  VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL TIENE CONSECUENCIAS REALES EN LA VIDA DE LAS MUJERES
9 de octubre de 2019 | Escribe: Stephanie Demirdjian en Violencias |
La especialista mexicana Marcela Suárez Estrada analiza la red como otro espacio público donde se profundizan las agresiones machistas.
No es una novedad que las mujeres estamos expuestas a la violencia en los espacios públicos –y en todos los demás espacios–. A diario sufrimos el acoso en las calles, nos manosean cuando viajamos en ómnibus y hasta abusan de nosotras mientras varios buscan justificarlo. También recibimos acoso, insultos, amenazas y comentarios misóginos cuando navegamos en nuestras redes sociales, un espacio que se configura con y para otros y que, por lo tanto, también nos expone a distintas formas de violencia. En una época en la que las nuevas tecnologías son prácticamente extensiones de lo que hacemos y pensamos, el contexto digital también se convierte en un espacio hostil para las mujeres y otras poblaciones vulneradas.
La violencia de género digital es definida como todo tipo de violencia que esté mediada por una tecnología. Es un fenómeno que existe, tiene impacto en la vida de las mujeres y es cada vez más frecuente. De hecho, el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas sobre esta temática, publicado en 2015, asegura que 73% de la población de mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de ciberviolencia.
Expertas y organizaciones abordan esta problemática desde una perspectiva en la que internet es concebida no como un espacio alejado de la realidad material, sino como la continuidad del espacio social en el que habitamos. Una de ellas es la mexicana Marcela Suárez Estrada, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín e investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de ese centro educativo. Una de sus áreas de especialización es la ciudadanía digital con perspectiva de género, y para hablar al respecto fue invitada la semana pasada a participar en las Jornadas de Ciudadanía Digital por Plan Ceibal y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. En ese marco, fue entrevistada por la diaria.
¿Qué cuestiones se analizan cuando se habla de ciudadanía digital con perspectiva de género?
Se trata de asegurar que mujeres y minorías vulneradas por cuestiones de origen étnico-racial, de edad o clase, por ejemplo, vivan internet como un espacio seguro, que tengan garantizada una integridad física y psíquica, y realmente se sientan en condiciones de ejercer sus derechos, tengan las condiciones para habitar el espacio tal como lo hacen al salir a la calle, puedan tener una posición crítica y una voz propia respecto de algún tema. Los grupos más vulnerables a la violencia digital son las niñas, niños y adolescentes, por un lado, y las mujeres de entre 15 y 40 años, especialmente aquellas que están en posiciones de liderazgo de opinión, como las periodistas y las activistas.
¿Qué formas específicas tiene la violencia digital hacia las mujeres?
Todo tipo de violencia en espacios no virtuales tiene su continuidad en espacios virtuales. Las categorías de agresiones son las mismas del espacio no virtual [ver recuadro], simplemente porque el concepto de violencia de género digital es cualquier daño que pueda resultar a una mujer con la mediación de tecnologías. Las más comunes son el acoso, la suplantación de identidad –que es muy común para después crear una campaña de desprestigio o de daño material, profesional o de humillación que tenga que ver con su cuerpo– y la difusión, sin consentimiento, de imágenes con contenido sexual. Pero hay muchas, desgraciadamente, y tienen consecuencias reales para las mujeres. Hay daños a su integridad física y psíquica, ataques de pánico, depresión, ansiedad, dolores de cabeza e incluso suicidios. Hay daños materiales, a la propiedad, a la carrera profesional, a la reputación, en la autoestima o en el honor. Daños en la relación con su cuerpo, riesgo de expulsión de su círculo social y también daños en cuanto a la relación de esas mujeres con la tecnología, lo que a la vez acentúa la brecha digital de género.
Tipos de violencia de género digital
  • Acceso o control no autorizado de las cuentas personales para manipular información.
  • Suplantación y robo de identidad.
  • Monitoreo y acecho de la vida online de una mujer.
  • Expresiones discriminatorias contra mujeres referidas a patrones culturales machistas basados en roles tradicionales.
  • Acoso o conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidatorias.
  • Amenazas, contenidos violentos, lascivos o agresivos con la intención de daño a una mujer, a sus seres queridos o a sus bienes.
  • Difusión de la información personal o íntima sin consentimiento.
  • Extorsión.
  • Campañas de desprestigio para descalificar la trayectoria de una mujer y dañar su imagen pública mediante la divulgación de información falsa, manipulada o fuera de contexto.
  • Abuso sexual relacionado con la tecnología.
  • Ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen y/o cuerpo contra su voluntad
  • Afectaciones a canales de expresión o de comunicación de una persona o grupo.
  • Omisiones por parte de actores con poder regulatorio de lo que sucede online.
Actualmente estás trabajando en la investigación “Políticas feministas y la lucha contra la violencia en la era de la digitalización”, en la que analizás las formas en que colectivos feministas se apropian de las nuevas tecnologías para luchar contra la violencia digital hacia las mujeres, formar redes, movilizar el conocimiento y disputar el poder.
En esta investigación me enfoco en cómo se organizan estas mujeres y en las estrategias que están creando. Hay países, como México y Argentina, en los que están surgiendo muchos colectivos feministas que lo que hacen es juntarse y crear espacios seguros para que las mujeres exploren las tecnologías. Siguen la misma lógica de la lucha tradicional de las mujeres, que ha consistido en ocupar los espacios públicos y hacerse de ellos incluso cuando desde esa óptica paternalista a veces les decían “ustedes no pueden salir a las calles”. La respuesta de las mujeres era “vamos a salir y vamos a llevar falda porque tenemos el derecho a la ciudad y a habitar los espacios”. Está pasando lo mismo en internet. Esos colectivos dicen “no nos vamos a salir de internet aunque haya violencia”. Algo que sucede es que generalmente, después de que se llevan a cabo protestas callejeras, vienen olas de violencia digital contra colectivos y feministas, llamándolas “feminazis”, por ejemplo. Pero estas mujeres salen igual a dar la lucha, porque entienden que si no lo hacen se van a quedar sin poder crear contenidos en las redes sociales. Para disminuir la brecha de género digital hay que transitar de ser usuarias a ser creadoras, a involucrarse políticamente. Politizar la tecnología significa cuestionarla y desarrollar una relación propia con esa tecnología.
Algo que sucede es que colectivos, líderes de opinión y demás mujeres feministas que ya son violentadas por el hecho de ser mujeres, son atacadas además por denunciar públicamente estas problemáticas. ¿Cómo hacerle cara a esta doble violencia?
Esa es la pregunta, y no sé si puedo encontrar una respuesta. Me parece que lo que los colectivos, las periodistas y las mujeres hacen en esos espacios es resistir, porque ceder significa perder esos espacios y, sobre todo, perder una voz crítica con perspectiva de género en esos espacios. Pienso que sin esas mujeres que dan lucha y resisten, las más afectadas serán las generaciones futuras. Muchos derechos que tenemos ahora son resultado de otras mujeres que salieron a las calles y lucharon por eso. Entonces creo que por eso muchas mujeres están diciendo ahora “tenemos que defender este espacio” y, sobre todo, crear otras narrativas distintas de las que salen en los medios hegemónicos.
Una de las cosas que planteás es pensar en las redes sociales como un espacio público más. ¿Es posible que el impacto que genera el acoso en las redes sea incluso tanto o más dañino que el que provoca, por ejemplo, el acoso callejero? Pienso en que en algunas redes, como Twitter, los comentarios quedan de forma permanente, todo el mundo los ve y se pueden revisitar de vez en cuando.
Es posible, sobre todo para mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en la formación pública, como las periodistas. Los ataques en esa esfera, que es su esfera de acción y de trabajo, son mucho mayores y, por lo tanto, más devastadores profesionalmente que los que pueden recibir en la calle. De ahí vienen todos los ataques y son dirigidos precisamente a esas mujeres, usando el cuerpo como un blanco de ataque, y estereotipos misóginos. Sin duda, para muchas mujeres la violencia digital tiene mayores repercusiones y mayores daños que la violencia que podemos experimentar en la calle. Aquí estamos hablando de acoso en concreto; también es para controlarnos. Porque si controlas a las mujeres en esos espacios, controlas la opinión pública. En muchos países estos colectivos están haciendo acompañamientos a periodistas, es un grupo que tienen en la mira porque la violencia es diaria y permanente. Ser periodista mujer implica mucha resistencia.
En muchos países existen leyes para proteger a las mujeres de la violencia basada en género, pero no suelen incluir la violencia digital, que muchas veces queda impune porque los agresores pueden esconder su identidad. ¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas para combatir esta problemática?
Ahí hay un gran debate. Hay activistas mujeres, sobre todo las que han sido víctimas, que se enfrentan día a día a casos de violencia, que van a denunciar y se encuentran con obstáculos. Hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil organizada que vienen trabajando desde hace años en la legislación integral contra la violencia de género. En México, por ejemplo, hay una ley que tipifica distintos tipos de violencia, y ahí lo que cuestionan esas organizaciones es por qué hay que crear otra legislación específica para la violencia digital. ¿Por qué no usar la legislación que ya existe? Mi posicionamiento en este debate sería buscar si hay legislación que se pueda aplicar con este entendimiento amplio de la violencia para no dividirla entre digital y no digital, porque en la división se reproduce una relación de poder en la que lo digital aparece como menos grave.
Una de las formas de violencia en la red es el robo de datos, que también afecta más a las mujeres. Pienso en organizaciones PROVIDA, por ejemplo, que buscan captar a embarazadas a partir de datos de internet para convencerlas de que no aborten.
El negocio de internet son los cuerpos de las mujeres: crean más datos a través de miles de apps que están destinadas al control y la recolección de lo que nos pasa. La app del embarazo, la de la pastilla anticonceptiva, la de la menstruación, la del niño que nació. La preocupación no es solamente que recolectan los datos, sino qué pasa con esos datos una vez que están en manos de las empresas. Tenemos el derecho a tener el control de nuestra información porque es nuestra esfera privada, y en eso no existe ningún tipo de conciencia. Tomando el ejemplo que señalabas, es como si yo empezara a recibir en mi casa cartas preguntándome si quiero abortar. En ese caso, me preguntaría quién me las está mandando e iría a hacer la denuncia. Pero en internet una no puede hacer eso, no hay ningún mecanismo, no hay transparencia. Veo que la gran batalla de los próximos años va a ser entre los gobiernos y las grandes empresas para poner límites en este sentido.
¿Hay alguna diferencia en el impacto que tiene la violencia digital hacia las mujeres en América Latina en comparación con lo que ocurre en el resto del mundo?
La violencia contra las mujeres es un fenómeno histórico y global. Lo veo como algo integral, por lo que también engloba las continuidades en el espacio digital. Obviamente hay matices porque los países tienen diferentes características. Cuando uno lee los reportes sobre violencia digital se da cuenta de que hay violencias que están latentes, que hay muchas mujeres que son víctimas de las mismas prácticas en México, en Uruguay o en Alemania. Es importante que no caigamos en esa trampa de dividir: hay violencias latentes que internet destapa, y esto nos da la oportunidad para debatir y repensar nuestra idea de violencia aun en esos lugares donde creíamos que eso no pasa. Sí pasa, y muchas veces es cuestión de la legitimación o el poder que tienen las víctimas para hacer escuchar su voz. Sin duda, cada país tiene su propio contexto y sus propias problemáticas, pero lo que es generalizado es la violencia, y donde están las diferencias es en la impunidad.

martes, 8 de octubre de 2019

Y CONTINÚA LA VIOLENCIA CON SU EXPRESIÓN MÁS AGRESIVA CONTRA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA


América Latina: La región más desigual y violenta del mundo

Por Sara Lovera (sara.lovera@ymail.com)
México, octubre (SEMlac).- La condición de las mujeres, más pobres, con menos oportunidades de desarrollo, agotadas por el trabajo de cuidados, sin libertad y violentadas a lo largo de su vida, reproduce las brechas de desigualdad en América Latina y forma parte de los nudos emergentes que impiden el desarrollo. Urge así la institucionalidad y promoción de la política de género, la social, la del trabajo productivo y una cultura de derechos, no necesariamente de transferencias condicionadas, porque América Latina es, también, la región más violenta del mundo.
Así lo planteó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al inaugurar el primero de octubre, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina, que arrancó a las 7 de la mañana en el Palacio Nacional, durante "la mañanera" cotidiana del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Les dijo a los ministros de desarrollo social de la región: "Ni una más", ya que CEPAL ha contabilizado 1.900 asesinatos de mujeres cada año en la región, a excepción de los países del Caribe, y refirió que un problema central es el embarazo en adolescentes, por lo que llamó a cerrar las brechas de género y aumentar los porcentajes de gasto en salud y educación.
Destacó que en la región hay 184 millones de personas en pobreza; que entre 2002 y 20014 se logró detener el crecimiento de pobres, pero en los últimos tres años, se alentó, incluso creció. En estos datos, son mucho más pobres las mujeres, la niñez y la adolescencia; es uno de los grandes desafíos. Propuso una cruzada de cambio cultural porque la violencia contra las mujeres se ha "naturalizado". Así, estudios estadísticos señalan que mujeres de 15 a 49 años consideran que está justificado que un marido golpee a su mujer, entre los porcentajes que van de cinco, 10, 15 y hasta 25 por ciento de las consultadas. México aparece en esta estadística.
Luis Felipe López-Calva, director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), planteó una nueva política social, señalando que se han empobrecido las clases medias, lo que ha generado una peligrosa polarización social. Criticó que se haga la falsa dicotomía entre política focalizada, sin considerar la universalidad: este es el principio y la focalización del instrumento.
Según los últimos datos de la CEPAL, en 2017 el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 30,2 por ciento de la población, de los cuales 62 millones (10,2 % de la población) se encontraban en situación de pobreza extrema. En 2016, el 41,7 por ciento de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales, y este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes (60,3 %).
La reunión para el intercambio de lecciones aprendidas y cooperación entre los países, reconoció que América Latina es el continente de la desigualdad, mayor que en cualquier otra región del mundo.
Bárcena, recién reconocida como Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, propuso crear un Sistema Nacional de Cuidados para "liberar a las mujeres" del cuidado a niños, enfermos, discapacitados, y darles oportunidad para que elijan, tengan libre albedrío y su derecho a escoger qué hacer con su vida.
Al presentar el documento central de esta conferencia, llamado "Nudos críticos del desarrollo social inclusivo", refirió que entre las más pobres están las indígenas, afrodescendientes y que en cada tramo de la desigualdad analizado, están en el piso más bajo las mujeres, los niños y las niñas.
También destacó tres aspectos trascendentes para México: no habrá disminución de la pobreza sin institucionalidad, el trabajo productivo y cambios profundos en las políticas de protección social. El trabajo como eje de la productividad y el combate a la desigualdad son asuntos, dijo, a largo plazo. Eligió poner en el centro, como signo de la desigualdad, a la educación y destacó que a pesar de los mayores logros educativos que exhiben las mujeres en términos de años de educación alcanzados, todavía hay diferencias marcadas por sexo en términos de resultados de aprendizaje, lo que perjudica las trayectorias de las mujeres. Con la misma educación, reciben hasta 24 puntos menos salarios que los hombres.
Las niñas siguen rindiendo mejor en las mediciones de lectura, los niños obtienen mejores resultados en las de matemáticas y ciencias, lo que influye en los campos de estudio y de inserción laboral de sus trayectorias futuras. Hay una estrecha vinculación entre la educación y las oportunidades.

Violencia: los nudos emergentes

El documento señala que en la región se vislumbra una serie de desafíos emergentes y uno fundamental es la persistencia de las diversas formas de violencia. América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. La tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial (22,1 homicidios y 4,4 homicidios por cada 100.000 personas, respectivamente). Las elevadas tasas de violencia no solo corresponden a homicidios, sino también a otras expresiones como asaltos e incidentes de violencia sexual.
La violencia en todas sus manifestaciones amenaza el presente y el futuro de las personas, en especial niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, migrantes, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), entre otras, coartando sus opciones, desintegrando el tejido social y debilitando la democracia. En este sentido, es imprescindible reconocer como derechos ineludibles la seguridad y la vida sin violencia en todas sus manifestaciones, y encauzar un cambio cultural basado en la paz, la tolerancia y la valoración de la vida humana en toda su diversidad.
Subyace a este fenómeno, además, una tendencia a la naturalización de la violencia en las conductas y dinámicas de convivencia cotidiana, que afecta con especial dureza a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Así, se puede observar que en varios países de la región (como Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname), la proporción de mujeres de 15 a 49 años que consideran que está justificado que un marido golpee a su mujer alcanza niveles entre 10 y 15 por ciento. Estas concepciones son todavía más altas en las zonas rurales, si se compara con la población de las zonas urbanas (CEPAL/UNICEF, 2018). La manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres es el feminicidio. Según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 1.903 mujeres fueron asesinadas en 15 países de América Latina y tres del Caribe, en 2014. Si bien la sigla LGBTI hace referencia específicamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, en este contexto debe entenderse también que engloba al resto de personas que se enfrentan a situaciones de violencia y discriminación por su orientación sexual, identidad de género y caracteres sexuales, sean aparentes o reales, y aquellas personas que se puedan identificar con otros términos.
Los medios de comunicación promueven y apuntalan que continúe la violencia generalizada y contra las mujeres. Se necesita reformas y nuevas visiones sobre las nuevas tecnologías de la comunicación.

Embarazo en adolescentes

El documento presentado por Bárcena señala que el embarazo y la maternidad en la adolescencia son retos que no han obtenido una respuesta apropiada por medio de las políticas educativas, de salud, de infancia y juventud. En América Latina, la fecundidad en adolescentes es mayor que la esperada en vista de sus niveles bajos de fecundidad total, su condición de región de ingresos medios, sus altos niveles de urbanización y el grado de inserción de las mujeres en el sistema escolar. La fecundidad en adolescentes es extremadamente desigual entre grupos socioeconómicos y las adolescentes que viven en situación de pobreza presentan niveles de fecundidad muy elevados, en comparación con otras poblaciones.
Lo mismo ocurre en el caso de la población rural respecto a la urbana, y de las personas indígenas y afrodescendientes en comparación con las no indígenas ni afrodescendientes. La información disponible muestra que, en seis de los 10 países de los que se cuenta con información, las tasas de maternidad en la adolescencia de la población afrodescendiente son en promedio 1,4 veces mayores que las de la población no afrodescendiente.

Brecha de género
La brecha de género se manifiesta en las profundas barreras que enfrentan las mujeres en su inserción laboral, ante la persistencia de la desigual división sexual del trabajo, en un escenario donde ellas asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En 2017 la tasa de participación laboral de las mujeres (50,2 %) seguía siendo muy inferior a la de los hombres (74,4 %). Se observa asimismo que, cuando las condiciones del mercado laboral son desfavorables, las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Así, entre 2014 y 2017, la tasa de desempleo femenino aumentó 3,1 puntos porcentuales, llegando a 10,4 por ciento, mientras que la tasa de desempleo de los hombres se incrementó 2,3 puntos porcentuales, alcanzando 7,6.
Por otra parte, diversos análisis han mostrado que en América Latina el desempleo afecta más a la población indígena y afrodescendiente, en especial a las mujeres, lo que evidencia una vez más la interacción entre los ejes de la matriz de la desigualdad social.
Ello se refleja en las brechas de ingresos laborales por hora trabajada que se observan entre las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas en comparación con sus pares varones, así como con las mujeres y especialmente los hombres no indígenas ni afrodescendientes.
Esta diferencia se manifiesta incluso al mismo nivel educacional y aumenta significativamente entre aquellos que tienen 12 años o más de estudios. Los ingresos promedio por hora de las mujeres afrodescendientes ocupadas mayores de 15 años en cuatro países de la región en 2014 eran de 6,5 dólares, en comparación con un valor de 8,3 dólares en el caso de los hombres afrodescendientes y 11,4 dólares en el caso de los hombres no afrodescendientes ni indígenas, tendencia similar a la ilustrada con los ingresos medios mensuales.
En América Latina, el porcentaje de jóvenes mujeres que no estudian ni están ocupadas (31,2 %), "entre otras cosas por el embarazo que a las jóvenes les trunca su vida", es el triple que el de los jóvenes de sexo masculino en la misma situación (11,5 %), en tanto que el porcentaje de jóvenes en esa situación en las áreas rurales (24,9 %) es más alto que en las áreas urbanas (20 %). Este indicador es también mayor entre las mujeres afrodescendientes (34 %) que entre las mujeres no indígenas ni afrodescendientes (26 %), los hombres afrodescendientes (15 %) y los hombres no indígenas ni afrodescendientes (13 %).
Actualmente, alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil en América Latina (OIT/CEPAL, 2018). El trabajo infantil es producto y, a su vez, origen de cadenas de desigualdad que se expresan tanto en el presente como a lo largo del ciclo de vida de niños, niñas y adolescentes que están en esa situación, afectando sus trayectorias educacionales y laborales futuras, obstaculizando el acceso a servicios y derechos básicos para su desarrollo integral y limitando sus opciones de participación plena y en igualdad de condiciones en las diversas esferas de la vida social. La incidencia del trabajo infantil es más elevada en la población infantil afectada por otras exclusiones: es mayor en las zonas rurales, y entre la población indígena y afrodescendiente (CEPAL, 2018b). Todo lo anterior pone en evidencia, una vez más, el entrecruzamiento de los ejes estructurantes de la desigualdad social en América Latina y el Caribe.

Sistema de cuidados
Los países de la región necesitan avanzar en la creación o fortalecimiento de los sistemas de cuidados, para proteger y proveer mayores niveles de bienestar a niñas y niños, personas mayores, con enfermedades crónicas y discapacidad, así como a las personas encargadas de su cuidado, transversalizando un enfoque de derechos y de género en su diseño.
Las mujeres son las principales proveedoras de trabajo de cuidado no remunerado en los hogares y la debilidad de las políticas públicas de cuidado en la mayoría de los países de la región, junto a la persistencia de la actual división sexual del trabajo remunerado y no remunerado, se constituye en un obstáculo para su plena incorporación al mercado laboral y para la realización de sus proyectos de vida. Ello podría superarse con una distribución más equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres en los hogares.
Estas políticas debieran considerar la situación de las personas que requieren cuidados y sus cuidadoras, así como el conjunto de prestaciones relativas a los tiempos, recursos económicos, servicios y regulaciones vinculadas al cuidado. El avance en estas políticas es aún limitado en la región y demanda una atención prioritaria por parte de los sistemas de protección social.

viernes, 20 de septiembre de 2019

NUESTRO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS EN CALI COLOMBIA




ONU, CADA 11 SEGUNDOS MUERE EN EL MUNDO, UNA MADRE Y UN BEBÉ EN EL PARTO

En peligro el cumplimiento de uno de los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. Y aunque parezca que no tenga relación con los temas laborales, por supuesto, se trata de un tema de sdalud y protección de la maternidad que requiere atención por parte de los gobiernos para un futuro mejor que la actualidad


El número de niños y madres que fallecen en el parto ha disminuido notablemente en las últimas décadas, pero estos avances se producen de forma desigual, según datos de la ONU publicados este jueves.
Dos informes de las agencias de Naciones Unidas para la salud y la infancia muestran netos avances en la reducción del número de mujeres embarazadas o madres y niños que mueren cada año, gracias al mejor acceso a unos servicios médicos de calidad y más asequibles.
“En los países que suministran a todo el mundo servicios de salud seguros, económicos y de calidad, las mujeres y los niños sobreviven y se desarrollan”, declaró el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.
Desde el inicio del nuevo siglo, el número de decesos de niños menores de cinco años se redujo casi a la mitad, hasta situarse en unos 5,3 millones en el mundo el año pasado.
Casi la mitad de estas muertes se produjo en el primer mes de vida, lo que significa que unos 7.000 recién nacidos murieron cada día en 2018.
El número de mujeres que fallecieron debido a las complicaciones durante el embarazo o el parto se redujo considerablemente, pasando de 451.000 en 2000 a 295.000 en 2017.
Estos informes revelan que unos 2,8 millones de mujeres y recién nacidos mueren cada año, la mayoría por causas evitables.
“En el mundo, los nacimientos son motivo de alegría. Pero, cada 11 segundos, un nacimiento es una tragedia familiar”, lamentó la jefa de Unicef, Henrietta Fore, en un comunicado.
“Un par de manos cualificadas que ayuden a las madres y a los recién nacidos en el momento del parto, con agua limpia, una nutrición adecuada, medicinas y vacunas básicas, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, declaró.

SIGUEN LAS DESIGUALDADES

Estos documentos ponen de relieve que las desigualdades persisten en el mundo para acceder a los servicios de salud.
Las regiones en África subsahariana son las que se encuentran en peor situación, con índices de mortalidad materna casi 50 veces superiores a los de los países con rentas altas y donde los bebés tienen 10 veces más probabilidades de morir.
Los datos de la ONU muestran la tendencia a la baja en general en la mortalidad materna, pero señalan que en 13 países estos índices siguieron creciendo, entre 2000 y 2017.
Algunos de estos países se encuentran en situaciones de conflicto o crisis, como Siria y Venezuela.
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo se comprometió a intentar reducir la proporción de mortalidad materna global por debajo de 70 muertes por cada 100.000 nacimientos de aquí a 2030.
Pero la ONU advirtió que al ritmo actual, este objetivo no se cumplirá por más de un millón de vidas.
Los países también se comprometieron a disminuir la mortalidad neonatal a no más de 12 decesos por cada 1.000 nacimientos y la mortalidad de menores de cinco años a no más de 25 por cada 1.000, antes de 2030.
Muchos países alcanzaron ya este objetivo, pero todavía más de 50 naciones están lejos de conseguirlo.

martes, 3 de septiembre de 2019

REPERCUSIÓN DEL V CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE ACOSO LABORAL E INSTITUCIONAL



Declaración final del V Congreso Iberoamericano sobre Acoso laboral e Institucional
Compañeras y compañeros, culminamos en la tarde de hoy, 30 de agosto, el V Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional organizado por una Comisión liderada por la Red Iberoamericana por la Dignidad de las Personas y las Organizaciones, en esta ocasión se ha celebrado en la Habana, capital de Cuba, próxima a festejar en noviembre sus 500 años de fundada, que nos hubo de acoger con el calor humano de siempre para que los resultados alcanzados sigan impulsando las investigaciones y estudios sobre las diferentes manifestaciones de la violencia en el trabajo, bajo la consigna de la importancia de la información, la formación, el tratamiento de las personas victimizadas, el combate y enfrentamiento tanto legal como sindical, político y sobre todo humano y en primer orden, la prevención que es el elemento fundamental para reducir al mínimo el acoso y demás formas de violencia con incidencia en la salud física y mental de las personas, y por qué no, de toda la sociedad en su conjunto, por el elevado costo en la pérdida de seres humanos como consecuencia de la depresión, la ansiedad y otras enfermedades mentales, que se contraen a través del maltrato, las humillaciones, la violencia física y psicológica que son piedra angular de un modelo neoliberal que va en detrimento de los derechos humanos y de la dignidad e integridad física, social y mental de las personas.
Especialmente hemos dedicado tiempo y esfuerzos para hacer visible lo que se quiere invisibilizar y son las diferentes violencias, ante todo, la de género, en sus tipicidades tales como el acoso sexual, sexista, y las graves consecuencias de los feminicidios en la región, en cualquiera de los espacios donde las mujeres desarrollen una actividad profesional y social, siendo su fundamento y origen una visión atávica, androcentrista, patriarcal y discriminatoria en razón del género que pugna contra la igualdad y equidad.
En este importante Congreso, primero que se organiza y desarrolla finalizada la Conferencia de la OIT por el Centenario de su nacimiento, donde se aprobara por mayoría de sus miembros el Convenio 190 sobre la Violencia en el mundo del trabajo, y guiados por los Objetivos de Desarrollo incorporados en la Agenda 2030 de desarrollo Sostenible, los y las participantes reconocemos con profundo pesar que en las relaciones de trabajo, tanto en el sector público como en el privado, hay un marcado retroceso de las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora sobre empleo, condiciones y medio ambiente, igualdad en el trabajo, seguridad social  y seguridad y salud en el trabajo, por sólo citar algunas, que han sido flexibilizadas por las políticas de precarización del empleo con amplia incidencia en el crecimiento de las violencias y de su flagelo más cruel, el acoso laboral que deja secuelas a veces permanentes en la salud de las personas, por su repetitividad, agresividad e intencionalidad que lacera la dignidad de las personas y llega hasta los hogares destruyendo el entorno familiar, provocando el consumo de drogas, el alcoholismo hasta el suicidio de la persona acosada.
Comprobamos que la justicia está casi siempre ausente y demandando pruebas que a veces es imposible presentar y cuando las tiene, las obvia y ni toma en cuenta, porque para ella “hay que demostrar con huellas el acoso sufrido”. Esa justicia que con todas las pruebas de inocencia en su mano, retiene pasado ya un año en prisión a nuestro querido camarada Luiz Inacio Lula da Silva, por ser un precedente “incómodo” para el actual gobierno y que ha puesto en jaque y tela de juicio la veracidad del proceso judicial en Brasil en las manos de un juez corrupto actual Ministro de Justicia.
Reiteramos que la violencia se manifiesta por la agudización del modelo neoliberal capitalista responsable y promotor de la mayor ola de migraciones jamás vista que ha derivado en una crisis en la región y las masacres por el narcotráfico como sucede en México y en su panorama más aterrador en Colombia que desde 2016 firmados los acuerdos de Paz en La Habana, dada día asistimos con profundo dolor al asesinato de líderes y lideresas sociales, sindicales, e indígenas con total impunidad que ya sobrepasa los 700 hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores en cuyos hogares se ha perdido el sustento de sus familias.
Asistimos al desmontaje de las condiciones laborales, del empleo digno y de la seguridad social en países como Chile, Brasil y Argentina, donde la reforma laboral  y de las pensiones ha ensanchado el profundo abismo entre los ricos y los pobres, trayendo como resultado el empobrecimiento de la población con un número cada vez mayor de personas con condiciones de pobreza extrema y miseria con pérdida de sus hogares y secuelas para sus vidas por la angustia y la depresión y una vida sin futuro inmediato producto del desempleo yla precariedad de las relaciones de trabajo.
A pesar de los esfuerzos realizados, tanto en Nicaragua, como en Venezuela y Cuba, para el mantenimiento de los logros alcanzados en clave de salud, educación y seguridad social para todas las personas, la conquista de la igualdad y equidad plenas y el empoderamiento de las mujeres,  sus pueblos se enfrentan a la potencia fascista, xenófoba y criminal más violenta del mundo, que nos identifica como “Ejes del mal” y despliega recursos económicos y financieros incalculables con el fin de ahogar su rebeldía, apoyándose en un bloqueo mediático para provocar enfrentamientos internos que no concibe que con tal genocidio brutal para impedir el arribo de medicamentos y alimentos, aún se haga posible la voluntad de cumplir con el sueño de Rubén Martínez Villena poeta del Centenario que en su poema “Hace falta una carga” nos recuerda que esta lucha se emprende “para que nuestros hijos no mendiguen de hinojos la Patria que los Padres nos ganaron de pie.
Por tanto, expresamos el compromiso de todos y todas a:

  • Hacer visibles las causas y consecuencias de la violencia laboral mediante la investigación y estudio de estos fenómenos en el entorno laboral con lo cual garantizamos que los trabajadores y trabajadoras las reconozcan y dominen los factores psicosociales y organizacionales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tanto a la vida, al empleo digno, a la salud en general.
  • Seguir fortaleciendo el movimiento sindical y hacemos votos por la unidad de sus organizaciones para el fortalecimiento de las Redes en aras de Ambientes Laborales libres de violencia.
  • Colaborar con las Instituciones estatales, gubernamentales y empresariales para que los Gobiernos ratifiquen el Convenio 190 de la OIT como marco propicio para que la propia Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, y la promulgación de normas nacionales al respecto,  contribuyan a la prevención, enfrentamiento y erradicación de esta pandemia del siglo XXI.
  • Continuar demandando la libertad de Lula hasta su liberación total y completa
  • Reiterar la denuncia a los bloqueos económicos, comerciales y financieros imperiales, a la Ley Helms-Burton y la doctrina Monroe, que constituyen una amenaza sobre nuestra América al atacar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, siendo instrumentos políticos con pretensiones de dominación colonial que transgreden la independencia, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

miércoles, 21 de agosto de 2019

AVANZA EL V CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE ACOSO LABORAL E INSTITUCIONAL

Del 27 al 30 de agosto, en una semana, celebraremos el V Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional en la Habana, Cuba, teniendo por sede el Hotel Habana Libre y la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Al presente tenemos representantes de los siguientes países inscritos como expositores: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Venezuela y España, con el siguiente programa que ponemos en su conocimiento.