La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de expresarle su total apoyo a la solicitud de una visita de trabajo a Colombia para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril de 2021

 

La información pública disponible indica la existencia, ente otras, de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras de derechos humanos, y ataques a personas indígenas.

 

Estas circunstancias también han sido registradas por los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre la situación  de  las  personas  defensoras  de  derechos  humanos; sobre  las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre los derechos de los pueblos indígenas, y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Integran este conjunto, para el orden regional, los relatores especiales de la CIDH sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal. En su comunicado conjunto expresan haber recibido informes de al menos

26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se habrían producido al menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos. Los expertos, además, expresaron su preocupación por: a. la represión contra los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas; y b. la participación de fuerzas militares en la respuesta del gobierno, y subrayaron que el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.  En  sentido  análogo,  la  Corte  IDH  tiene  dicho  y  reafirmado  “que  el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente  reservados a los cuerpos policiales civiles"

 

Por su lado, el recordado 28 de abril ppdo., Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, los trabajadores colombianos, liderados por una alianza de sindicatos y grupos sociales, se manifestaron pacíficamente en toda Colombia contra una serie de medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas un proyecto de ley de reforma fiscal que profundizaría la desigualdad. Noticias periodísticas indican como saldo preliminar de la represión a este evento: cinco muertos, más de 300 heridos, unos 280 detenidos y varias denuncias de abuso policial.

 

Al respecto, es preciso tener presente que, para la CIDH, “los trabajadores miembros de organizaciones sindicales y sus dirigentes deben gozar de un amplio derecho a la libertad de expresión en relación con sus actividades y demandas, que incluye la libertad de formular críticas acerca de la política económica y social del gobierno. Si los miembros de las organizaciones sindicales y los dirigentes de los trabajadores no cuentan con la posibilidad de expresarse libremente, y difundir informaciones para defender sus intereses y comunicarlos a sus empleadores, a los trabajadores que laboran en la empresa, así como al gobierno y a la comunidad general, se les priva de uno de los medios de acción y presión legítimos más importantes” . La libertad de expresión en contextos laborales, reafirma la Corte IDH, así como “resulta una condición necesaria para el ejercicio de organizaciones de trabajadores, a fin de proteger sus derechos laborales, mejorar sus condiciones e intereses legítimos, puesto que sin este derecho dichas organizaciones carecerían de eficacia y razón de ser”, es también “conditio sine qua non para que […] los sindicatos […] y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente” . Se yuxtapone a ello que “el Estado tiene el deber de garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues de lo contrario se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses” .

 

Este dramático cuadro de situación, con evidencia, requiere que el Estado dé cumplimiento, ex officio, sin dilaciones y de manera seria, exhaustiva, imparcial y objetiva, con el “deber de realizar una investigación por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de los responsables, cualquiera que haya sido su participación en los hechos”, así como “asegurar a la víctima una adecuada reparación” . Este deber, ciertamente, “se hace más intenso cuando están o pueden estar involucrados agentes estatales que detienen el monopolio del uso de la fuerza. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado”.

 

Consciente de que la presencia y actividad in loco de la CIDH resultará un decisivo apoyo para la superación de la crisis en Colombia, dado su compromiso indeclinable con la protección  interamericana de los  derechos  humanos  y  constituir  un órgano  principal  y autónomo de la OEA, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), manifiesta su pleno y decidido apoyo a la solicitud de la primera para realizar una visita de trabajo al mencionado país hermano.

 

 Se suscribe por el Comité Ejecutivo a los 18 días de mayo de 2021 .

 En constancia,

 

Luisa Fernanda Gómez Duque                Guillermo Ferriol Molina  PRESIDENTA                                        SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PATRIA NECESITA SACRIFICIOS. ES ARA Y NO PEDESTAL. SE LE SIRVE, PERO NO SE LA TOMA PARA SERVIRSE DE ELLA.

 

 

Declaración de la Unión Nacional de Juristas de Cuba

 

La Habana, 13 de mayo de 2021

 

La Unión Nacional de Juristas de Cuba expresa su más enérgico rechazo a la calumniosa declaración de la ciudadana Yeilis Torres Cruz quien pretende acreditar ante la opinión pública nacional e internacional su condición de ex fiscal y de haber trabajado en el Tribunal Supremo Popular. Una vez realizadas las indagaciones pertinentes afirmamos categóricamente que no es graduada de la carrera de Derecho en ninguna de las Universidades Cubanas.

 

Rechazamos las mentiras y las calumnias con que Torres Cruz pretende denigrar la imagen del periodista y jurista Humberto López; así como las que utiliza para cuestionar el actuar de las instituciones jurídicas y sus profesionales en el desempeño de sus funciones quienes han actuado con observancia a los principios éticos esenciales y con respeto, dignidad y profesionalidad en las relaciones con el pueblo y otros juristas.

 

Desde hace varios meses las plataformas contrarrevolucionarias en Internet financiadas desde el exterior han convertido en su principal blanco de ataque a la figura de Humberto López por las denuncias que sistemáticamente realiza en el espacio estelar del Noticiero Nacional de la Televisión cubana, sobre las acciones de los grupos mercenarios en Cuba o radicados en Estados Unidos con el objetivo de socavar el proyecto social de la Revolución Cubana.

 

Humberto informa al pueblo con apego a la verdad de los planes contrarrevolucionarios y con ello pone al descubierto el rostro y las intenciones reales de quienes pretenden un estallido social para que se instaure en el país el capitalismo salvaje. Es por eso que empañar el prestigio y desmoralizar a un joven comprometido, valiente y digno como Humberto López, frente a su pueblo, así como dañar a su familia, constituye la misión del momento. De esa forma se pretende sembrar el terror contra quienes pongan su rostro para defender a la Patria y enfrentar a la contrarrevolución.

 

Humberto es ejemplo de la juventud cubana que hoy participa en la construcción del Socialismo en nuestro país. Es un profesional ético, consagrado, con capacidad, esforzado, por eso fue reconocido por la Junta Directiva de la Unión de Juristas de La Habana como Premio al mejor jurista de la provincia en el año 2020, por eso la Central de Trabajadores de Cuba y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura le otorgó recientemente la distinción “Proeza laboral”

 

Recientemente la presidencia nacional de la UPEC le otorgó el Premio a la Dignidad como un alto reconocimiento de carácter moral. También le fue entregada la Medalla “Raúl Gómez García” por el Sindicato Nacional de los trabajadores de la Cultura.

 

Por el conjunto de sus méritos el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba le hará entrega en la Jornada por el 8 de junio, Día del jurista, de la “Réplica del Mallete Martiano”, en reconocimiento a su significativa, calificada y virtuosa actuación en defensa de los más altos valores de la justicia y los Derechos Humanos.

 

Junta Directiva Nacional.

COLOMBIA DUELE, NO NOS QUEPA LA MENOR DUDA

 Hace unos días estamos siendo testigos de una arremetida violenta de las fuerzas del orden en Colombia contra la población que se manifiesta contra la reforma tributaria del gobierno de Duque, en un acto de legítimo derecho a la opinión y a que se oigan sus reclamos que los afecta sobremanera. 

Pero entonces asistimos a los atropellos, gases lacrimógenos, chorros de agua, detenciones arbitrarias y 14 muertos en total, una decisión del gobierno de militarizar el país, para al final detener la reforma como si aquí no pasara nada, en la tierra paz y en el cielo gloria. El pueblo sigue en paro nacional, porque sabe que si se desmoviliza, presentarán otra variante a lo mejor más agresiva. 

Renunció el Ministro de Hacienda y no hay quien se alegre, si por él pondrán a otro, porque aquí no se trata de renuncias personales, aquí estamos en presencia de un gobierno contrario a su pueblo. Esperemos más acontecimientos, aquí la Declaración de la Asociación latinoamericana de Abogados Laboralistas sobre dichos acontecimientos y de apoyo al pueblo colombiano.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CONVENIO 190 DE LA OIT

El Convenio núm. 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es el primer tratado mundial que aborda la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, en el mundo del trabajo. Establece los principios y normas mínimas para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Está abierto a la ratificación de todos los Estados Miembros y entrará en vigor una vez que dos Estados Miembros lo hayan ratificado. A partir de ese momento será vinculante para los Estados Miembros que lo hayan ratificado.

La Recomendación núm. 206 complementa el Convenio y proporciona orientaciones adicionales para respaldar la aplicación del Convenio.

un análisis profundo de los riesgos psicosociales y organizacionales en ambientes laborales, cuyo objetivo es hacer visible lo que aún resulta invisible para muchas personas como hechos de violencias en las relaciones de trabajo.

En el Convenio 190 de la OIT, los Estados partes, así como las organizaciones de trabajadores/as y empleadores/as, reconocen que la violencia y el acoso en el lugar de trabajo constituyen una violación de los derechos humanos. El instrumento consagra una definición amplia de “trabajador/a” y “el mundo laboral” para abordar los riesgos que enfrentan las mujeres y las niñas en muchos contextos, incluida la economía informal. Además, reconoce los efectos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, reconoce que la violencia y el acoso por motivos de género afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas y establece la obligación de los Estados de desarrollar políticas con un enfoque inclusivo, integrado e interseccional, que es fundamental para abordar múltiples formas de discriminación y relaciones de poder desiguales basadas en el género. Las nuevas normas también contienen medidas de protección y prevención, así como mecanismos de implementación y reparación.

 

Esta definición de violencia y acoso del Convenio abarca una amplia gama de comportamientos y prácticas inaceptables. Comprende conductas en el lugar de trabajo tales como formas físicas, verbales y no verbales de violencia y acoso, de violencia sexual y de acoso sexual, de abuso psicológico, de violencia y acoso psicosociales, de intimidación y hostigamiento moral, de amenazas e intimidación, de acecho, y de ciberacoso a través de la tecnología digital y de internet, entre otros.

 

Violencia y acoso: riesgos psicosociales en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y en las evaluaciones de los riesgos en el lugar de trabajo

 

El Convenio también subraya la importancia de la prevención de la violencia y el acoso en la seguridad y salud en el trabajo. Contiene una referencia a la inclusión de la violencia y el acoso en las evaluaciones de los riesgos laborales. Habida cuenta de ello, la Recomendación núm. 206 especifica que las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo contenidas en la legislación y las políticas nacionales deberían tener en cuenta los instrumentos pertinentes sobre seguridad y salud de la OIT. Estos instrumentos incluyen el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981  (núm. 155), y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006  (núm. 187).

 

Las evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo, previstas en el Convenio y detalladas con mayor precisión en la Recomendación, también deberían contribuir a cambiar las actitudes porque tienen en cuenta los factores que aumentan la probabilidad de violencia y acoso en el mundo del trabajo (tales como las normas de género, culturales y sociales).

Por lo que se refiere a la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo (mencionada en el artículo 9, c) del Convenio), se ha tenido especial cuidado en destacar los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de violencia y acoso, incluyendo los peligros y riesgos

psicosociales. En la Recomendación (párrafo 8) se indica que debería prestarse especial atención a los factores de riesgo que:

 

a)       se deriven de las condiciones y modalidades de trabajo, la organización del trabajo y de la gestión de los recursos humanos, según proceda;

b)      impliquen a terceros como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el público, y

c)       se deriven de la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas de género,

culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso

 

Cuando se elabora y difunde una convocatoria para empleo, se piden a veces inconscientemente indicadores discriminatorios que son ajenos al desempeño, como son la edad, el sexo o género, el color de la piel, la estatura, la complexión física, la procedencia social y regional, la condición familiar y algunas preferencias personales.

En consecuencia, surgen los llamados “pisos y paredes pegajosas y techos de cristal” que no requieren más explicación que la dicha hasta ahora, en relación a su incapacidad para despegarse del piso y atravesar el techo que le impide sobresalir como lo hacen los pares masculinos, o las mujeres sin carga familiar.

Llegamos a un tema importante relativo a la necesidad de erradicar toda forma de violencia laboral con enfoque de género, como factor de riesgo en las relaciones de trabajo y con efectos en el medio ambiente interno, tanto en su forma de acoso sexual, como de acoso moral, al convertirse en una forma efectiva de discriminación en el empleo. La violencia de género, cuyas víctimas son mujeres en el 90% de los casos, constituye un problema acuciante que afecta a todos los países, siendo una manifestación de la desigualdad persistente de manera universal.

La violencia laboral incluye todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en su existencia, siendo un ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física.

 

 

Prevención de riesgos de daños a la salud. Los horarios extenuantes a que son sometidos los trabajadores de Call Center, supermercados, otras actividades y en general los jóvenes repartidores de comida a domicilio, motoristas que se exponen a accidentes con riesgo de muerte por cumplir las encomiendas. Todos son hechos de violencia y riesgos en el entorno laboral o dependientes de una relación de trabajo.

Ya en estos años del siglo XXI compartimos estudios en la región que abordan los aspectos referidos a los riesgos psicosociales y organizacionales en el ambiente de trabajo y que pueden no sólo manifestarse en el consumo del alcohol y drogas, en el acoso sexual, el maltrato laboral, la persecución de trabajadores, la desprotección y falta de seguridad y salud en el trabajo, la discriminación de determinadas categorías de trabajadores, sino en nuevos aspectos relacionados con la sobrecarga de trabajo, el encadenamiento del trabajador al trabajo en forma de “disponibilidad absoluta” mediante el abuso de los medios de comunicación (celulares, bippers, GPS) el agotamiento extremo por regímenes de trabajo prolongados sin horarios de descanso, así como otros riesgos vinculados con la información genética, la maternidad, el uso de atributos externos como piercing y tatuajes, o el aspecto físico de la persona dada por la estatura, la obesidad, o la discapacidad evidente que se suman a los elementos ya conocidos de discriminación por edad, color de la piel, procedencia social y territorial, sexo, género, orientación sexual, creencias religiosas, afiliación política, etc.

A nuestro entender, por los años de experiencia de todos los investigadores latinoamericanos que participamos del análisis y apreciaciones del tema, donde quiera que existan relaciones de subordinación o de dependencia “laborales”, habrá siempre factores de riesgo que provoquen violencia laboral, si tenemos en cuenta que entre los componentes que la originan están, sin ser los únicos, pero si los fundamentales:

- El uso abusivo del poder de mando y dirección que se tiene de hecho o de derecho, incluyendo todas las facultades del empleador que constituyen un desbalance en la relación laboral y que el carácter protector del derecho laboral viene a equilibrar para garantizar seguridad, protección y justicia social en el ambiente laboral.

- La intención o ánimo de provocar consecuencias nocivas en el destinatario que es el fin que se persigue, siendo estas la de abandono del llamado “campo de batalla” o lugar que está causando el factor de riesgo para el trabajador, víctima, de dicha violencia.

- El sujeto sobre el cual se descarga dicha fuerza, que puede ser individual o colectivo, persona física o jurídica, casi siempre una persona individual y por cierto, la que tiene capacidad, conocimientos y resultados satisfactorios en su trabajo. Precisamente por ello es que se le quiere eliminar de la organización.

- El resultado de daño que puede ser desde una lesión física o alteración psíquica, visible o no hasta la muerte, con secuelas que siempre quedan en la persona afectada por el tiempo sometido a tal contingencia.

El tema que se aborda en estas reflexiones trata del impacto de las causas y condiciones de riesgo en el ambiente laboral sobre las relaciones sociales en general y en especial las tuteladas por el derecho, para llegar al entendimiento de que, en última instancia, se lesionan derechos inherentes a la persona humana en su doble carácter de ser bio-psicosocial y trabajador, la cual sigue siendo un ciudadano o ciudadana cuando traspasa el umbral del centro de trabajo, pues no se despoja de su condición de ser humano.

«violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de manera puntual o recurrente, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género y que cuando se habla de «violencia y acoso por razón de género» se deben reconocer aquellos comportamientos que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

A través de las modificaciones más recientes a la legislación laboral y las nuevas formas de gestión de los recursos humanos, como son el principio de la idoneidad demostrada para el acceso, permanencia y promoción, la evaluación del desempeño, la protección a sectores vulnerables de la población en sus relaciones laborales, la aprobación de los reglamentos disciplinarios internos, la negociación y puesta en vigor de los convenios colectivos de trabajo y los planes de prevención adoptados en las entidades, podríamos encontrar algunos indicios de abuso de poder, de discriminación en el empleo, maltratos de palabra, falta de respeto como un factor de riesgo derivado de la organización del trabajo o del ambiente de tensiones y presiones a que pueden estar sometidos los trabajadores con afectaciones a su salud, pero que siendo verdaderos episodios de violencia laboral, se esconden tras el estrés laboral.

Hay una interrelación de los riesgos psicosociales y organizacionales que requiere ser investigada y sobre todo separados los diferentes riesgos para evitar “su contaminación” e imposibilidad de estudio. Me refiero específicamente al estrés, “el síndrome del quemado y el síndrome del aburrido”, dos caras de la misma moneda, uno por exceso y el otro por defecto, el acoso sexual, la desprotección laboral, la exigencia extralimitada de resultados, las presiones continuadas, la carga de trabajo, porque en una u otra medida, son hechos o resultados de violencia en el ambiente laboral.