La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de expresarle su total apoyo a la solicitud de una visita de trabajo a Colombia para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril de 2021

 

La información pública disponible indica la existencia, ente otras, de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras de derechos humanos, y ataques a personas indígenas.

 

Estas circunstancias también han sido registradas por los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre la situación  de  las  personas  defensoras  de  derechos  humanos; sobre  las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre los derechos de los pueblos indígenas, y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Integran este conjunto, para el orden regional, los relatores especiales de la CIDH sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal. En su comunicado conjunto expresan haber recibido informes de al menos

26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se habrían producido al menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos. Los expertos, además, expresaron su preocupación por: a. la represión contra los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas; y b. la participación de fuerzas militares en la respuesta del gobierno, y subrayaron que el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.  En  sentido  análogo,  la  Corte  IDH  tiene  dicho  y  reafirmado  “que  el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente  reservados a los cuerpos policiales civiles"

 

Por su lado, el recordado 28 de abril ppdo., Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, los trabajadores colombianos, liderados por una alianza de sindicatos y grupos sociales, se manifestaron pacíficamente en toda Colombia contra una serie de medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas un proyecto de ley de reforma fiscal que profundizaría la desigualdad. Noticias periodísticas indican como saldo preliminar de la represión a este evento: cinco muertos, más de 300 heridos, unos 280 detenidos y varias denuncias de abuso policial.

 

Al respecto, es preciso tener presente que, para la CIDH, “los trabajadores miembros de organizaciones sindicales y sus dirigentes deben gozar de un amplio derecho a la libertad de expresión en relación con sus actividades y demandas, que incluye la libertad de formular críticas acerca de la política económica y social del gobierno. Si los miembros de las organizaciones sindicales y los dirigentes de los trabajadores no cuentan con la posibilidad de expresarse libremente, y difundir informaciones para defender sus intereses y comunicarlos a sus empleadores, a los trabajadores que laboran en la empresa, así como al gobierno y a la comunidad general, se les priva de uno de los medios de acción y presión legítimos más importantes” . La libertad de expresión en contextos laborales, reafirma la Corte IDH, así como “resulta una condición necesaria para el ejercicio de organizaciones de trabajadores, a fin de proteger sus derechos laborales, mejorar sus condiciones e intereses legítimos, puesto que sin este derecho dichas organizaciones carecerían de eficacia y razón de ser”, es también “conditio sine qua non para que […] los sindicatos […] y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente” . Se yuxtapone a ello que “el Estado tiene el deber de garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues de lo contrario se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses” .

 

Este dramático cuadro de situación, con evidencia, requiere que el Estado dé cumplimiento, ex officio, sin dilaciones y de manera seria, exhaustiva, imparcial y objetiva, con el “deber de realizar una investigación por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de los responsables, cualquiera que haya sido su participación en los hechos”, así como “asegurar a la víctima una adecuada reparación” . Este deber, ciertamente, “se hace más intenso cuando están o pueden estar involucrados agentes estatales que detienen el monopolio del uso de la fuerza. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado”.

 

Consciente de que la presencia y actividad in loco de la CIDH resultará un decisivo apoyo para la superación de la crisis en Colombia, dado su compromiso indeclinable con la protección  interamericana de los  derechos  humanos  y  constituir  un órgano  principal  y autónomo de la OEA, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), manifiesta su pleno y decidido apoyo a la solicitud de la primera para realizar una visita de trabajo al mencionado país hermano.

 

 Se suscribe por el Comité Ejecutivo a los 18 días de mayo de 2021 .

 En constancia,

 

Luisa Fernanda Gómez Duque                Guillermo Ferriol Molina  PRESIDENTA                                        SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PATRIA NECESITA SACRIFICIOS. ES ARA Y NO PEDESTAL. SE LE SIRVE, PERO NO SE LA TOMA PARA SERVIRSE DE ELLA.

 

 

Declaración de la Unión Nacional de Juristas de Cuba

 

La Habana, 13 de mayo de 2021

 

La Unión Nacional de Juristas de Cuba expresa su más enérgico rechazo a la calumniosa declaración de la ciudadana Yeilis Torres Cruz quien pretende acreditar ante la opinión pública nacional e internacional su condición de ex fiscal y de haber trabajado en el Tribunal Supremo Popular. Una vez realizadas las indagaciones pertinentes afirmamos categóricamente que no es graduada de la carrera de Derecho en ninguna de las Universidades Cubanas.

 

Rechazamos las mentiras y las calumnias con que Torres Cruz pretende denigrar la imagen del periodista y jurista Humberto López; así como las que utiliza para cuestionar el actuar de las instituciones jurídicas y sus profesionales en el desempeño de sus funciones quienes han actuado con observancia a los principios éticos esenciales y con respeto, dignidad y profesionalidad en las relaciones con el pueblo y otros juristas.

 

Desde hace varios meses las plataformas contrarrevolucionarias en Internet financiadas desde el exterior han convertido en su principal blanco de ataque a la figura de Humberto López por las denuncias que sistemáticamente realiza en el espacio estelar del Noticiero Nacional de la Televisión cubana, sobre las acciones de los grupos mercenarios en Cuba o radicados en Estados Unidos con el objetivo de socavar el proyecto social de la Revolución Cubana.

 

Humberto informa al pueblo con apego a la verdad de los planes contrarrevolucionarios y con ello pone al descubierto el rostro y las intenciones reales de quienes pretenden un estallido social para que se instaure en el país el capitalismo salvaje. Es por eso que empañar el prestigio y desmoralizar a un joven comprometido, valiente y digno como Humberto López, frente a su pueblo, así como dañar a su familia, constituye la misión del momento. De esa forma se pretende sembrar el terror contra quienes pongan su rostro para defender a la Patria y enfrentar a la contrarrevolución.

 

Humberto es ejemplo de la juventud cubana que hoy participa en la construcción del Socialismo en nuestro país. Es un profesional ético, consagrado, con capacidad, esforzado, por eso fue reconocido por la Junta Directiva de la Unión de Juristas de La Habana como Premio al mejor jurista de la provincia en el año 2020, por eso la Central de Trabajadores de Cuba y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura le otorgó recientemente la distinción “Proeza laboral”

 

Recientemente la presidencia nacional de la UPEC le otorgó el Premio a la Dignidad como un alto reconocimiento de carácter moral. También le fue entregada la Medalla “Raúl Gómez García” por el Sindicato Nacional de los trabajadores de la Cultura.

 

Por el conjunto de sus méritos el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba le hará entrega en la Jornada por el 8 de junio, Día del jurista, de la “Réplica del Mallete Martiano”, en reconocimiento a su significativa, calificada y virtuosa actuación en defensa de los más altos valores de la justicia y los Derechos Humanos.

 

Junta Directiva Nacional.

COLOMBIA DUELE, NO NOS QUEPA LA MENOR DUDA

 Hace unos días estamos siendo testigos de una arremetida violenta de las fuerzas del orden en Colombia contra la población que se manifiesta contra la reforma tributaria del gobierno de Duque, en un acto de legítimo derecho a la opinión y a que se oigan sus reclamos que los afecta sobremanera. 

Pero entonces asistimos a los atropellos, gases lacrimógenos, chorros de agua, detenciones arbitrarias y 14 muertos en total, una decisión del gobierno de militarizar el país, para al final detener la reforma como si aquí no pasara nada, en la tierra paz y en el cielo gloria. El pueblo sigue en paro nacional, porque sabe que si se desmoviliza, presentarán otra variante a lo mejor más agresiva. 

Renunció el Ministro de Hacienda y no hay quien se alegre, si por él pondrán a otro, porque aquí no se trata de renuncias personales, aquí estamos en presencia de un gobierno contrario a su pueblo. Esperemos más acontecimientos, aquí la Declaración de la Asociación latinoamericana de Abogados Laboralistas sobre dichos acontecimientos y de apoyo al pueblo colombiano.