América Latina:
La región más desigual y violenta del mundo
México, octubre (SEMlac).- La condición de las mujeres, más
pobres, con menos oportunidades de desarrollo, agotadas por el trabajo de
cuidados, sin libertad y violentadas a lo largo de su vida, reproduce las
brechas de desigualdad en América Latina y forma parte de los nudos emergentes
que impiden el desarrollo. Urge así la institucionalidad y promoción de la
política de género, la social, la del trabajo productivo y una cultura de
derechos, no necesariamente de transferencias condicionadas, porque América
Latina es, también, la región más violenta del mundo.
Así
lo planteó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), al inaugurar el primero de octubre, en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Tercera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Desarrollo Social en América Latina, que arrancó a las 7 de la
mañana en el Palacio Nacional, durante "la mañanera" cotidiana del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Les dijo a los ministros de desarrollo social de la región: "Ni una
más", ya que CEPAL ha contabilizado 1.900 asesinatos de mujeres cada año
en la región, a excepción de los países del Caribe, y refirió que un problema
central es el embarazo en adolescentes, por lo que llamó a cerrar las brechas
de género y aumentar los porcentajes de gasto en salud y educación.
Destacó
que en la región hay 184 millones de personas en pobreza; que entre 2002 y
20014 se logró detener el crecimiento de pobres, pero en los últimos tres años,
se alentó, incluso creció. En estos datos, son mucho más pobres las mujeres, la
niñez y la adolescencia; es uno de los grandes desafíos. Propuso una cruzada de
cambio cultural porque la violencia contra las mujeres se ha
"naturalizado". Así, estudios estadísticos señalan que mujeres de 15
a 49 años consideran que está justificado que un marido golpee a su mujer,
entre los porcentajes que van de cinco, 10, 15 y hasta 25 por ciento de las
consultadas. México aparece en esta estadística.
Luis
Felipe López-Calva, director Regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), planteó una nueva
política social, señalando que se han empobrecido las clases medias, lo que ha
generado una peligrosa polarización social. Criticó que se haga la falsa
dicotomía entre política focalizada, sin considerar la universalidad: este es
el principio y la focalización del instrumento.
Según los últimos datos de la CEPAL, en 2017 el número de personas en situación
de pobreza en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 30,2 por
ciento de la población, de los cuales 62 millones (10,2 % de la población) se
encontraban en situación de pobreza extrema. En 2016, el 41,7 por ciento de las
personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a
los salarios mínimos nacionales, y este porcentaje era especialmente elevado
entre las mujeres jóvenes (60,3 %).
La reunión para el intercambio de lecciones aprendidas y cooperación entre los
países, reconoció que América Latina es el continente de la desigualdad, mayor
que en cualquier otra región del mundo.
Bárcena,
recién reconocida como Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM, propuso crear un Sistema Nacional de Cuidados para
"liberar a las mujeres" del cuidado a niños, enfermos,
discapacitados, y darles oportunidad para que elijan, tengan libre albedrío y
su derecho a escoger qué hacer con su vida.
Al presentar el documento central de esta conferencia, llamado "Nudos
críticos del desarrollo social inclusivo", refirió que entre las más
pobres están las indígenas, afrodescendientes y que en cada tramo de la
desigualdad analizado, están en el piso más bajo las mujeres, los niños y las
niñas.
También
destacó tres aspectos trascendentes para México: no habrá disminución de la
pobreza sin institucionalidad, el trabajo productivo y cambios profundos en las
políticas de protección social. El trabajo como eje de la productividad y el
combate a la desigualdad son asuntos, dijo, a largo plazo. Eligió poner en el
centro, como signo de la desigualdad, a la educación y destacó que a pesar de
los mayores logros educativos que exhiben las mujeres en términos de años de
educación alcanzados, todavía hay diferencias marcadas por sexo en términos de
resultados de aprendizaje, lo que perjudica las trayectorias de las mujeres.
Con la misma educación, reciben hasta 24 puntos menos salarios que los hombres.
Las niñas siguen rindiendo mejor en las mediciones de lectura, los niños
obtienen mejores resultados en las de matemáticas y ciencias, lo que influye en
los campos de estudio y de inserción laboral de sus trayectorias futuras. Hay
una estrecha vinculación entre la educación y las oportunidades.
Violencia: los nudos emergentes
El documento señala que en la región se vislumbra una serie de desafíos
emergentes y uno fundamental es la persistencia de las diversas formas de violencia.
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado
dado su nivel de desarrollo económico, político y social. La tasa de homicidios
de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial (22,1 homicidios y
4,4 homicidios por cada 100.000 personas, respectivamente). Las elevadas tasas
de violencia no solo corresponden a homicidios, sino también a otras
expresiones como asaltos e incidentes de violencia sexual.
La violencia en todas sus manifestaciones amenaza el presente y el futuro de
las personas, en especial niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas indígenas y
afrodescendientes, migrantes, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI), entre otras, coartando sus opciones, desintegrando el
tejido social y debilitando la democracia. En este sentido, es imprescindible
reconocer como derechos ineludibles la seguridad y la vida sin violencia en
todas sus manifestaciones, y encauzar un cambio cultural basado en la paz, la
tolerancia y la valoración de la vida humana en toda su diversidad.
Subyace
a este fenómeno, además, una tendencia a la naturalización de la violencia en
las conductas y dinámicas de convivencia cotidiana, que afecta con especial
dureza a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Así, se puede observar que en
varios países de la región (como Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y
Suriname), la proporción de mujeres de 15 a 49 años que consideran que está
justificado que un marido golpee a su mujer alcanza niveles entre 10 y 15 por
ciento. Estas concepciones son todavía más altas en las zonas rurales, si se
compara con la población de las zonas urbanas (CEPAL/UNICEF, 2018). La
manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres es el feminicidio.
Según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe de la CEPAL, 1.903 mujeres fueron asesinadas en 15
países de América Latina y tres del Caribe, en 2014. Si bien la sigla LGBTI
hace referencia específicamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales, en este contexto debe entenderse también que
engloba al resto de personas que se enfrentan a situaciones de violencia y
discriminación por su orientación sexual, identidad de género y caracteres
sexuales, sean aparentes o reales, y aquellas personas que se puedan
identificar con otros términos.
Los
medios de comunicación promueven y apuntalan que continúe la violencia
generalizada y contra las mujeres. Se necesita reformas y nuevas visiones sobre
las nuevas tecnologías de la comunicación.
Embarazo en adolescentes
El documento presentado por Bárcena señala que el embarazo y la maternidad en
la adolescencia son retos que no han obtenido una respuesta apropiada por medio
de las políticas educativas, de salud, de infancia y juventud. En América
Latina, la fecundidad en adolescentes es mayor que la esperada en vista de sus
niveles bajos de fecundidad total, su condición de región de ingresos medios,
sus altos niveles de urbanización y el grado de inserción de las mujeres en el
sistema escolar. La fecundidad en adolescentes es extremadamente desigual entre
grupos socioeconómicos y las adolescentes que viven en situación de pobreza
presentan niveles de fecundidad muy elevados, en comparación con otras
poblaciones.
Lo
mismo ocurre en el caso de la población rural respecto a la urbana, y de las
personas indígenas y afrodescendientes en comparación con las no indígenas ni
afrodescendientes. La información disponible muestra que, en seis de los 10
países de los que se cuenta con información, las tasas de maternidad en la
adolescencia de la población afrodescendiente son en promedio 1,4 veces mayores
que las de la población no afrodescendiente.
Brecha de género
La
brecha de género se manifiesta en las profundas barreras que enfrentan las
mujeres en su inserción laboral, ante la persistencia de la desigual división
sexual del trabajo, en un escenario donde ellas asumen la mayor parte del
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En 2017 la tasa de participación
laboral de las mujeres (50,2 %) seguía siendo muy inferior a la de los hombres
(74,4 %). Se observa asimismo que, cuando las condiciones del mercado laboral
son desfavorables, las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Así, entre
2014 y 2017, la tasa de desempleo femenino aumentó 3,1 puntos porcentuales,
llegando a 10,4 por ciento, mientras que la tasa de desempleo de los hombres se
incrementó 2,3 puntos porcentuales, alcanzando 7,6.
Por
otra parte, diversos análisis han mostrado que en América Latina el desempleo afecta
más a la población indígena y afrodescendiente, en especial a las mujeres, lo
que evidencia una vez más la interacción entre los ejes de la matriz de la
desigualdad social.
Ello se refleja en las brechas de ingresos laborales por hora trabajada que se
observan entre las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas en
comparación con sus pares varones, así como con las mujeres y especialmente los
hombres no indígenas ni afrodescendientes.
Esta diferencia se manifiesta incluso al mismo nivel educacional y aumenta
significativamente entre aquellos que tienen 12 años o más de estudios. Los
ingresos promedio por hora de las mujeres afrodescendientes ocupadas mayores de
15 años en cuatro países de la región en 2014 eran de 6,5 dólares, en
comparación con un valor de 8,3 dólares en el caso de los hombres
afrodescendientes y 11,4 dólares en el caso de los hombres no afrodescendientes
ni indígenas, tendencia similar a la ilustrada con los ingresos medios
mensuales.
En
América Latina, el porcentaje de jóvenes mujeres que no estudian ni están
ocupadas (31,2 %), "entre otras cosas por el embarazo que a las jóvenes
les trunca su vida", es el triple que el de los jóvenes de sexo masculino
en la misma situación (11,5 %), en tanto que el porcentaje de jóvenes en esa
situación en las áreas rurales (24,9 %) es más alto que en las áreas urbanas
(20 %). Este indicador es también mayor entre las mujeres afrodescendientes (34
%) que entre las mujeres no indígenas ni afrodescendientes (26 %), los hombres
afrodescendientes (15 %) y los hombres no indígenas ni afrodescendientes (13
%).
Actualmente,
alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en
situación de trabajo infantil en América Latina (OIT/CEPAL, 2018). El trabajo
infantil es producto y, a su vez, origen de cadenas de desigualdad que se
expresan tanto en el presente como a lo largo del ciclo de vida de niños, niñas
y adolescentes que están en esa situación, afectando sus trayectorias
educacionales y laborales futuras, obstaculizando el acceso a servicios y
derechos básicos para su desarrollo integral y limitando sus opciones de
participación plena y en igualdad de condiciones en las diversas esferas de la
vida social. La incidencia del trabajo infantil es más elevada en la población
infantil afectada por otras exclusiones: es mayor en las zonas rurales, y entre
la población indígena y afrodescendiente (CEPAL, 2018b). Todo lo anterior pone
en evidencia, una vez más, el entrecruzamiento de los ejes estructurantes de la
desigualdad social en América Latina y el Caribe.
Sistema de cuidados
Los
países de la región necesitan avanzar en la creación o fortalecimiento de los
sistemas de cuidados, para proteger y proveer mayores niveles de bienestar a
niñas y niños, personas mayores, con enfermedades crónicas y discapacidad, así
como a las personas encargadas de su cuidado, transversalizando un enfoque de
derechos y de género en su diseño.
Las mujeres son las principales proveedoras de trabajo de cuidado no remunerado
en los hogares y la debilidad de las políticas públicas de cuidado en la
mayoría de los países de la región, junto a la persistencia de la actual
división sexual del trabajo remunerado y no remunerado, se constituye en un
obstáculo para su plena incorporación al mercado laboral y para la realización
de sus proyectos de vida. Ello podría superarse con una distribución más
equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres en los hogares.
Estas políticas debieran considerar la situación de las personas que requieren
cuidados y sus cuidadoras, así como el conjunto de prestaciones relativas a los
tiempos, recursos económicos, servicios y regulaciones vinculadas al cuidado.
El avance en estas políticas es aún limitado en la región y demanda una
atención prioritaria por parte de los sistemas de protección social.
