CARTA ABIERTA A LOS “TERCERIZADOS Y A LA COMUNIDAD JURIDICA.

Hubiese querido pasar el texto completo pero tiene 20 cuartillas y todavía no he aprendido a colocar un ícono que permita entrar y leer el resto. He hecho la traducción de apenas el comienzo de este texto, que me trae con la necesidad de seguir leyendo porque su autor Jorge Luiz Souto Maior, profesor de docencia libre de Derecho del trabajo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, que también se desempeña como juez del trabajo y es miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, subyuga con su excelente narración. Pero si alguien tiene interés por conocer el resto, que me escriba y les enviaré el texto en portugués.

Dice el autor:
La sociedad brasileña tiene la oportunidad de ver lo que representa el proceso de tercerización, sobre todo en el sector público, a partir de la realidad vivida, más de una vez, desgraciadamente, en la propia Universidad de Sao Paulo. Esta es una situación muy triste, pero al mismo tiempo importante por cuatro aspectos: porque los trabajadores tercerizados están siendo visibilizados, cuando andaban por ahí como seres invisibles, porque ellos mismos se están reconociendo como ciudadanos y están demostrando que poseen todavía capacidad de indignarse frente a la injusticia, porque los demás trabajadores y ciudadanos tienen la oportunidad de ejercer un sentimiento esencial de la condición humana, que es la solidaridad y por último porque los profesionales del derecho han llegado al momento de cuestionarse los aspectos jurídicos que conducen a la presente situación. El hecho es que la tercerización es, ante todo, un fenómeno creado por el derecho, por lo que él mismo tiene toda la responsabilidad por las injusticias que este fenómeno produce.
La Universidad de Sao Paulo como otros entes públicos y privados ha considerado que es correcto contratar una empresa para la realización de los servicios de limpieza en el ámbito de sus unidades de docencia. Pero si lo hizo es porque consideró que el derecho se lo permitía. Tratándose de un ente público, la contratación se hizo por determinación legal, mediante licitación.
Sucede que, respetando la lógica del procedimiento en cuestión, quien ha salido vencedor de la licitación ha sido la empresa que ofrece un menor precio, sin que sea muy diferente lo que ocurre en el ámbito de las relaciones privadas.
Esto es la lógica consecuente de la precarización de las garantías a que tienen derecho los trabajadores, porque hay transferencia de responsabilidad de una empresa económicamente sólida o de un ente público para una empresa que no posee necesariamente resultados económicos y que su actividad es simplemente organizar la actividad de algunos trabajadores y pagarles lo que el contratante abonó por sus servicios, sin saber si realmente se les paga íntegramente, con lo cual se fragiliza el salario de los trabajadores.
Desde el punto de vista de los tercerizados, las consecuencias de su situación no son solamente la mera precarización de las garantías del trabajo, significando también una forma de precarización de su propia condición humana, porque son desalojados del contexto de la unidad en que prestan servicios. Los tercerizados se convierten en objetos de contratos y del punto de vista de la realidad se transforman en seres invisibles. Y eso no es una figura de la retórica, porque la forma en que alguien ve cómo se reduce su condición de ciudadano es cuando le retiran la posibilidad concreta de luchar por su derecho y eso es exactamente lo que hace la tercerización.
Veamos esta afirmación a partir del ejemplo de la USP. El ente público contrató la empresa X para una prestación de servicios durante 5 años a partir del presupuesto de menor precio. Para extraer su lucro, dicha empresa dejó de cumplir en diversas ocasiones los derechos de los trabajadores y bien que la USP lo sabía, porque se concretaba al pago mensual. Todo está documentado en el Acta No. 94 firmada por la empresa ante el Ministerio Público de Trabajo en el 2007, con el compromiso de garantizar vales de transporte a los trabajadores, a hacer efectivo el pago del impuesto de la seguridad social, lo que tiene que ver con las denuncias de acoso moral, amenazas a los empleados y transferencias con el propósito de su disgregación, hasta llegar a un reportaje elaborado por el propio “Jornal del Campus”.
Quiero decir que lo que sucedió a partir del 5 de abril de 2011, cuando los trabajadores de la Empresa ya estaban cumpliendo el aviso previo en razón de terminar el contrato de prestación de servicios entre la misma y la USP, vencido el plazo de los 5 años, ya eso era una tragedia anunciada. Como empresa que durante el contrato de prestación de servicios se vio, de cierto modo “obligada” por el valor de lo que le pagaba la USP según los términos del contrato a eliminar derechos de los trabajadores, tales como los vales de transporte, ¿tendría condiciones financieras de asumir los costos legales de la terminación de 400 relaciones de empleo? Y los ejemplos presentados de incumplimiento de la legislación no indican que sean situaciones individualizadas, que de hecho existen, como son la supresión de las vacaciones y el ejercicio del trabajo en horas extraordinarias, cuestión posible si se mira el contenido del Acta elaborada en abril de 2011 (ya mencionada) donde se suprimía el intervalo de 11 horas, o el empleado trabajaba más de 8 horas por día o tenía que someterse a una modificación del horario que puede integrar el nuevo régimen de limitación de la jornada de trabajo.
Vale la pena aclarar que según versión de la Empresa de Limpieza UNION, expresada en nota pública, la USP ya le estaba pagando apenas el 70% de la nota de servicios desde hacía 4 meses porque ya tenía una decisión judicial otorgándole el derecho a recibir íntegramente la factura que no había sido respetada por la Universidad. Todo este embrollo, significa la utilización del derecho para fulminar a los tercerizados.