ÓSCAR ZÁS: ESTÁ SUPERADO EL MODELO EN QUE EL JUEZ SOLAMENTE HABLA A TRAVÉS DE SUS SENTENCIAS
De visita en nuestro país, junto a un grupo de magistrados latinoamericanos, participa del seminario organizado por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, que encabeza, y por el Instituto de Estudios Judiciales de Chile, en el que se aborda el tema de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores. En un breve intermedio, entrega su visión de la judicatura laboral y los desafíos que se plantean para la región en este ámbito.
-Cómo ven ustedes el respeto de los derechos de los trabajadores, tanto la sindicalización como el respeto mismo de los trabajadores. ¿Cuál es el estado actual en la región?
-En América Latina no podemos dar una respuesta única. Si bien nosotros hacemos planteos regionales y universales, el Derecho del Trabajo sigue siendo producto de la soberanía nacional. Por lo tanto, cada Estado y cada sociedad tienen un grado distinto de desarrollo económico, social, cultural, político y, por ende, jurídico. Por tanto, aun cuando existan normas similares, el grado de aplicación de esas normas es diferente en cada Estado. Eso responde a factores como los antes descritos y de organización sindical. La idea nuestra es crear lo mínimo homogéneo de derechos fundamentales en todas las sociedades. Por eso, nuestra idea es estar en todos los países, pero reconocemos o admitimos que el grado de desarrollo es diferente. Hay países, como Argentina o Brasil, donde hay un mayor grado de desarrollo y otros países, como los centroamericanos, en que el grado de desarrollo es menor.
-En ocasiones se platea la figura del juez como quien resuelve y que sólo habla por sus fallos ¿Qué rol, a su juicio, cumple el juez en la sociedad?
-Los jueces, fundamentalmente, son servidores públicos de la ciudadanía, están al servicio de la sociedad de la cual forman parte. Tienen que resolver conflictos en el área laboral cada vez más complejos, con situaciones cada vez más complejas, con conflictos de derecho, principios y valores que exigen no solamente una formación técnico-jurídica y profesional cada vez más adecuada, sino que un compromiso social con los problemas sociales. El juez del trabajo tiene el deber de conocer los problemas sociales, debe tener conocimientos de economía, sociología y sicología de las personas que vienen a su tribunal. A mi entender, según el criterio de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, ya está superado el modelo en que el juez solamente habla a través de sus sentencias. El juez es un ciudadano que cumple una función pública fundamental, pero no puede estar en su torre de cristal y no puede ser aséptico, sino que debe estar comprometido con su sociedad.
-El desarrollo económico ha tendido a la superposición o prevalencia del Derecho Económico sobre el Derecho del Trabajo ¿cómo ve ese enfrentamiento que se da?
-Esa prevalencia respondió al llamado modelo económico neoliberal que estuvo vigente sobre todo en la década del 90, con un discurso político y jurídico que da prevalencia a la libertad económica. Se sostenía y se sostiene por quienes son partidarios de esas ideas, que el libre mercado, que el desarrollo de las leyes del mercado iba a asegurar el desarrollo económico y, eso, por añadidura, tendía al desarrollo social y a la elevación del nivel de vida. Bueno, la realidad demostró que no es así, porque después de llegar a un gran desarrollo económico, hay niveles de pobreza, desigualdad e inequidad social que son inmensos, con lo cual lo económico solo no resuelve los problemas sociales. Hace falta una dimensión política y una dimensión jurídica. Esa es una discusión que se está planteando en este momento y la estamos viendo en Europa, en países donde hay fuertes crisis económicas-financieras y las recetas que se dan son de disminución del gasto y, en definitiva, disminución de los derechos sociales. Eso trae más pobreza, más desigualdad, y en vez de solucionar los problemas, los complica más.
-¿Usted conoce la situación actual de Chile respecto de la reforma Procesal Laboral?
- La estoy empezando a conocer, he empezado a tomar contacto, sobre todo a través de escritos del magistrado Álvaro Flores, quien es miembro del directorio de la Asociación Latinoamericana y, casualmente, a través de la visita a algunas audiencias. Me parece una reforma interesante en la idea que agiliza el proceso, que lo hace oral, que lo desburocratiza, acorta los tiempos, favorece la inmediación –el contacto del juez con los litigantes-, pero hay que acercar lo procesal a lo sustancial. Si bien el acortamiento y agilización de los trámites judiciales es una condición necesaria, no es suficiente para que los derechos sean efectivos. Ahí hay otra cuestión discutible, pues la resolución de los conflictos judiciales no se les puede aplicar los mismos estándares de eficiencia que a la producción de bienes, porque los conflictos son humanos, cada conflicto humano tiene una faceta y requiere de una decisión adecuada a ese conflicto. Por lo tanto, agilidad, sí, celeridad, sí, pero con justicia.
-Uno de los problemas hoy en Chile, más que el tema de la resolución del juicio en sí, es cómo se cumple lo resuelto en el juicio. Hay un problema con el cumplimiento. Viendo la experiencia comparada de países como Brasil, en materia de cumplimiento, ¿qué podría hacerse en Chile?
-Hay que desarrollar instrumentos procesales más modernos, la tutela anticipada de derechos, el desarrollo de las medidas cautelares. En Brasil tienen hace unos años el embargo on-line; es decir, los jueces desde su computadora, frente a una medida cautelar, pueden trabar las cuentas a través de una comunicación con el Banco Central que traba las cuentas de todos los empleadores. Tenemos en cuenta que el derecho va siempre tras de los hechos y a veces llega tarde.
-La Asociación Latinoamericana de Jueces Laborales se creó recién en 2006. ¿No es contradictorio que ustedes, encargados de defender los derechos sindicales y de los trabajadores se hayan asociado hace tan poco tiempo?
-Creo que es una necesidad que surge en el año 2006 por un pequeño grupo de jueces argentinos, uruguayos y brasileños que planteaban la necesidad de trasladar la idea del asociacionismo judicial hacia los jueces del trabajo de América Latina. Realmente, el modelo inspirador fue la Asociación Nacional de Magistrados del Trabajo de Brasil (Anamatra), que ya tiene muchos años de existencia, pues fue fundada por allá por el año 1976 y plantea un asociacionismo no corporativo, la agrupación de los jueces en defensa del Estado constitucional de Derecho, que proclama una serie de derechos fundamentales de los trabajadores, tanto de las constituciones de los respectivos países, como las normas internacionales de derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo; y, por otro lado, la defensa de la independencia de los jueces frente a las presiones, tanto del poder político como de los poderes económicos y su relación o vínculo directo con la sociedad, con los ciudadanos. Estas son las dos ideas que nutren y que justifican la necesidad de la existencia de esta entidad.
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