DESDE CHILE NOS LLEGA ESTE INTERESANTE ARTÍCULO.

13 de Febrero de 2012

Su excelencia: el no empleador

JOSÉ LUIS UGARTE

Profesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales

Dicen que ni se arrugó. El ministro Chadwick aconsejó a los trabajadores de Bahía Coique hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo, ante el hecho de que la empresa en que prestaban servicios no respetaba los más básicos de los derechos fijados en la legislación laboral, como por ejemplo no tener con contrato a sus trabajadores o pagarles menos del mínimo.

Y dio por cerrado el asunto —y sin sonrojarse nuevamente—. El detallito es que uno de sus dueños es Piñera. ¿Es Piñera el responsable legal de que los trabajadores de Bahía Coique no se les respeten los derechos laborales mínimos establecidos por la ley?

En ningún caso. Su Excelencia no es legalmente hablando el empleador. Y entonces ¿cierra eso el problema —como se apuró en hacerlo Chadwick— en el que parecía ser un argumento legalmente abrumador?

La falta de respeto de los derechos más básicos de los trabajadores no es, cuando se trata del Presidente de la Republica, un problema puramente legal. Es esencialmente de ética pública: el estándar de la autoridad política en esta materia debe acercase al ideal. No sólo deben cumplir con las leyes —cosa que la empresa de Piñera no hacia—, sino que deben llevarse a efecto las mejores prácticas posibles.

En absoluto. Y es que a nadie medianamente informado se le pasa por la cabeza que este sea un problema simplemente legal acerca de a quién debe multarse por parte de la Inspección del Trabajo. En rigor, queda pendiente lo más importante: el problema político de que el Presidente de la Republica sea dueño en parte de una empresa que no respeta en los mínimos los derechos laborales de sus trabajadores; esto es, derechos de las más débiles de la sociedad -en este caso mucamas y cocineros—. Creo que se llama responsabilidad política en los países donde eso existe.

En efecto, la falta de respeto de los derechos más básicos de los trabajadores no es, cuando se trata del Presidente de la Republica, un problema puramente legal. Es esencialmente de ética pública: el estándar de la autoridad política en esta materia debe acercase al ideal. No solo deben cumplir con las leyes —cosa que la empresa de Piñera no hacía—, sino que deben llevarse a efecto las mejores prácticas posibles.

¿O es que el sencillo hecho de que Piñera sea el dueño —y no el administrador— de sus empresas lo hace irresponsable de los actos ilegales que se comentan dentro de las mismas desde el punto de vista político? ¿Y si Piñera hubiera sido propietario de la Minera San José no podríamos haber dicho nada porque era dueño, pero no administrador?

Simplemente absurdo. Alguna vez F. J. Errázuriz arguyó algo parecido cuando se le hacía ver las prácticas laborales de sus empresas. Lamentablemente, para Piñera ser Presidente supone deberes adicionales: él y quienes administran sus empresas debe generar las mejores prácticas en cualquier ámbito de la vida social, como en este caso, el manejo de las relaciones laborales de las empresas de que es dueño.

Ni hablar de la coherencia política mínima que exige tener el cargo de Presidente. Piñera, días antes de este escándalo, decía con ese entusiasmo de feria de emprendedores que lo caracteriza que “vamos a defender los legítimos derechos de nuestros consumidores y de nuestros trabajadores, con toda la fuerza del mundo”, y agregaba, con el tono de quien viene saliendo de una misa, que “la economía social de mercado que estamos construyendo sólo tiene sentido si junto a la iniciativa empresarial, el emprendimiento, la innovación, la inversión se respetan en forma sagrada los derechos de nuestros consumidores y nuestros trabajadores, porque para nosotros esos derechos son sagrados”.

Si le creemos a Piñera y estos derechos son en su idea del mundo sagrados ¿nos debería bastar la explicación de que es dueño, pero no administrador para eximir su responsabilidad política en el caso? De hecho, como podrá el Estado seguir exigiendo al resto de los empleadores la responsabilidad mínima en materia laboral —los derechos sagrados de Piñera— si las empresas en que participa el Presidente no lo hacen.

En fin, como ya es marca registrada de este gobierno, contradicción, liviandad y palabras vacías.

En todo caso, este episodio  deja una constatación algo triste: los derechos de los trabajadores en Chile son prácticamente irrelevantes, y su abierta infracción —como lo hacía la sociedad de Piñera en Coique— no genera responsabilidad política alguna para nadie. En fin, visto lo visto, no escucharemos ni una disculpa ni un lamento sincero. Ni del Presidente —el dueño— ni del Ministro de turno, ni menos de la titular de Trabajo —¿alguien ha visto a  Matthei?—.

Lo único que escucharemos serán excusas formales de abogado en apuros: Su Excelencia no es el empleador