La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista
de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El
hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de
Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos
Ménem (1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará
con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las
acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos
Fiscales(YPF) -el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro
del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las
tareas “de explotación, industrialización, transporte y
comercialización”.
Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso
cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada
especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como
ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922
por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director
durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos
sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del
mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico
y social y su condición de símbolo de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su
agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante
corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o
solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a
la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para
rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de
Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de
Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de
sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y
97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998
y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los
pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió
en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos
e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los
beneficios(13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política
de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por
Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de
combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado
a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza
comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y
en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista
mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e
incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto.
Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y
seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de
Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en
el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros
países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los
inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés
del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas
reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de
barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la
transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha
rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud
colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En
lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles
-que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una
insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa
connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español,
que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil,
Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina
-como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América-
Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de
Repsol. ¿Por qué será?
(Tomado de La Jornada, de México)
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