Oscar Alzaga[1].
Por la noche del sábado10 de octubre de 2009, el ejército tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, al día siguiente el presidente decretó la extinción de la empresa estatal y el despido de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin tener el ejecutivo facultades constitucionales para ello, porque debió contar con la previa autorización del Congreso de la Unión para liquidar la empresa y del tribunal laboral para el despido, lo que nunca ocurrió. Además, de violentar el debido proceso y de defensa.
Al recurrir el SME al amparo de la justicia una juez lo negó arguyendo que “los derechos individuales deben ceder ante los sociales, no se justifica por el derecho a tener trabajo, mantener una empresa deficiente”, más otros argumentos igual de aberrantes. Ante tal resolución, se interpuso el recurso de revisión, lo que ahora espera el fallo definitivo del máximo tribunal de justicia del país. Además del trabajo, se sustraen los derechos a un proyecto de vida personal de 44 mil familias y los básicos de libertad sindical.
Múltiples demandas y procedimientos se han intentado por los trabajadores, incluidos los 22 mil jubilados del SME cuya situación ahora es incierta, porque todo pende del decreto presidencial, al grado de que para la vía conciliatoria del diálogo social, el gobierno pone como condición que el SME acepté sin condiciones el decreto. Por lo que 92 trabajadores han recurrido a la huelga de hambre como forma de presión desde el 25 de abril.
Tal empresa deficiente no existe, en todo caso la administración era del gobierno, por lo tanto su responsabilidad. Ahora pasó a ser administrada por otra empresa de gobierno y no admite la sustitución patronal prevista en la ley laboral, porque la otra empresa fue extinguida. Kafka lo podría explicar mejor. ¿Cuál fue la verdadera razón para extinguir la empresa? Los hechos y el tiempo son más claros siempre que el gobierno y autoridades: se acaba de licitar a favor de las televisoras más poderosas la red digital de comunicación que corre por todo el sistema eléctrico del país, ahora en una sola empresa, para lo cual estorbaba un sindicato independiente y democrático de enorme tradición de lucha.
A mayor abundamiento, en noviembre del año pasado Calderón confesó que por presión de la iniciativa privada había liquidado la empresa; en mayo de este año, por su parte, el líder de los hombres de negocios del país lo confirmó. Fue un negocio multimillonario lo que llevó a torcer la Constitución y sus leyes reglamentarias para favorecer una minoría privilegiada. Afirmar –aunque sea mentira- que en aras de intereses superiores se pueden sacrificar garantías básicas, procedimientos y derechos humanos, laborales y sindicales es poner en peligro irresponsablemente el estado de derecho, y un pilar del totalitarismo.
Tal política de gobierno de someter a los demás poderes en función de los intereses de unos cuantos, la puede explicar la degradación del sistema al que han llevado 28 años de gobiernos neoliberales, dos fraudes electorales de 1988 y 2006, la crisis económica y oponerse a la Constitución Social vigente en la letra; explicar, pero nunca justificar.
[1] Oscar Alzaga es abogado mexicano, querido y respetado por nuestra comunidad jurídica, miembro de la Directiva de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de su país y Secretario de Justicia del Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
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