En la tarde de hoy tuvimos la inmensa emoción de recibir muestras de cariño, ligadas con el interés de que se resuelva en Colombia, la ausencia de libertades y derechos humanos,que hacen imposible el trabajo digno y que ponen en peligro la propia vida de los trabajadores y trabajadoras del país. Les paso a continuación las palabras de Luis Enrique Ramírez, Vicepresidente Ejecutivo de ALAL, apoyadas por todos los miembros del TMLS en la apertura, para dar legitimidad a este órgano de la sociedad civil.
Los miembros del TMLS somos:
Luiz Salvador, (Brasil) Luis Enrique Ramírez, (Argentina) Lydia Guevara, (Cuba) Oscar Alzaga y José Luis Contreras (México) por la ALAL, Gretel Hernández, (Cuba) por la FSM y Sebastián Viscuzo, (Francia) por los sindicatos de la minería y energía.
TRIBUNAL
MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL- COLOMBIA
LEGITIMIDAD DEL TRIBUNAL
El Tribunal Mundial de Libertad
Sindical – Colombia (TMLS), es un tribunal internacional “de opinión”, fundado
por representantes de la sociedad civil colombiana, que pretenden hacer visible,
ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia
de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad
sindical.
Es un tribunal ético, porque nace con
el propósito de generar conciencia sobre la degradación de ese derecho humano, que la
institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia sólo se
explica por el fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una
respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este
país. Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para
reprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor aún,
cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el derecho de
reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un espacio para la
denuncia, la condena y la difusión de los hechos de violación de la libertad
sindical, identificando a sus responsables.
Sin lugar a dudas, este es el primer
paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e
internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que
van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se
trata, ni más ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción
de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar
mecanismos represivos de estas conductas, socialmente reprochables.
Cuando la violación de los derechos
en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte de lo
cotidiano, cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, como mecanismo de
defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social, entonces las
instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad, porque
pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho de
hacer “su” justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los
violentos, a los corruptos, a los delincuentes,, a los explotadores, a los que
degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que
sistemáticamente violan el principio de libertad sindical.
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