La reforma laboral apuntala el despido de empleados públicos
El presidente de la CSIF prevé despidos masivos en la administración local y autonómica
“¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos
de una fiesta a la que ni siquiera hemos estado invitados?". Esta es la
pregunta expresada de forma doliente por el presidente de la Central Sindical de
Funcionarios(CSIF), Miguel Borra, sindicato mayoritario
del sector, tras constatar que la reforma laboral, a su
paso por el Congreso, mantiene
indeleble la disposición para despedir a empleados públicos. Un colectivo
de algo más de 700.000 empleados públicos y trabajadores laborales que prestan
su servicio en la Administración General, en las comunidades autónomas y en los
Ayuntamientos están afectados por la disposición adicional segunda de la
reforma laboral que, a su vez, añade otra disposición en el Estatuto de los
Trabajadores para que no exista barrera alguna para el despido de empleados
públicos. La presión sindical, tanto de la CSIF como de UGT y CC OO continuará
en el Senado, hacia donde ahora se dirige la ley, pero las esperanzas se
desvanecen.
Se ha intentado en el Congreso a través de
enmiendas presentadas por los grupos de la izquierda, pero cayeron en saco roto. Diferentes grupos
parlamentarios han defendido sin éxito la supresión de esa disposición adicional
en la ley que ha venido a trastocar la vida de los empleados públicos de la
Administración. Primero fue la incredulidad; después, el escepticismo y, al
final, el miedo. Nadie creía que la apertura de par en par de las puertas del
despido que permite la reforma laboral afectara a la Administración, pero como
señalan los sindicatos “nadie está a salvo”. Tanto Cándido Méndez, de UGT, como
Ignacio Fernández- Toxo, de CC OO y Miguel Borra de la CSIF se han entrevistado
con todos los grupos parlamentarios para pedir la supresión de esa disposición.
También con el Grupo Popular. “Se estudiará”, les dijeron, pero no ha se movido
ni una sola coma de esa disposición que permite el despido del personal laboral
por las mismas razones que en la empresa privada. La Reforma Laboral ha
regulado la aplicación del despido por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, ya sea colectivo o individual (despido objetivo)
en el sector público.
Además
de poder ser despedidos los trabajadores públicos tienen que pechar con la
incomprensión de parte de la sociedad que les atribuye privilegios de los que
carecen la mayoría de los trabajadores. “Se trata de personas que han entrado
en la Administración en virtud de un concurso de méritos y de pruebas
selectivas”, defiende Borra. Además, en este amplísimo colectivo de cientos de
miles de personas al servicio de las distintas Administraciones, predominan las
categorías a las que corresponden sueldos que raramente sobrepasen los 1.100
euros mensuales, recalcan los sindicatos.
A los responsables sindicales les gustaría
tener interlocutores gubernamentales para explicarles que en la Administración
hace falta modernización y racionalización, como factores que puedan ayudar a
coadyuvar la crisis, pero no despidos. “El Gobierno del señor Zapatero no
abordó el cambio en la Administración en sus dos últimos años y tampoco lo está
haciendo el señor Rajoy; se ve un claro continuismo”, concluye el presidente de
la CSIF. Pero los planes de las administraciones siguen adelante y su hilo
conductor parte de la supresión de empresas públicas, lo que conlleva despidos
de empleados públicos. Todas las autonomías han anunciado despidos de este
sector; algunas tienen el plan avanzado como es la Comunidad Valenciana con una
previsión de suprimir 3.500 puestos de su Administración. La Junta de Andalucía
ha decidido en las últimas horas llamar a los sindicatos a
negociar bajada
de salarios para evitar despidos. Pero parece que será una excepción.
Otra vía para aligerar la nómina vendrá por
los Ayuntamientos. Estos dejarán de prestar servicios que no les eran propios –
competencias impropias – por falta de recursos por lo que tendrán que despedir
a los empleados que los prestaban. “La gran pagana va a ser la Administración
local”, prevé Miguel Borra. “Se va a prescindir del funcionario, del maestro
interino, de la enfermera del dispensario, del médico municipal… pero seguro
que se mantienen las televisiones locales y los polideportivos” se queja.
“Nosotros no somos culpables de la crisis y con el despido de los empleados
públicos ésta no se va a solucionar”, insiste el responsable de la central
sindical mayoritaria entre los funcionarios. Aunque la tradición o la historia
no es el argumento que más se utiliza para defender el puesto de trabajo de
estos trabajadores sí es el colofón de las consideraciones de este dirigente
sindical: “Se rompe un modelo de relaciones laborales de los empleados públicos
en España de más de cien años”.
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