La UNT ante la iniciativa de reforma laboral del PRI
El pasado 10 de Marzo del presente año, el Partido Revolucionario Institucional presentó su Iniciativa de Reforma Laboral. Este proyecto, que no fue sometido a consulta de la mayoría de los referentes que integran al movimiento obrero mexicano, ni de los propios diputados del tricolor, cuenta con el beneplácito del titular de la STPS y de ciertos círculos de empresarios y recapitula, con leves ajustes, el contenido de la iniciativa, elaborada por la Secretaría del Trabajo aunque presentada formalmente por la bancada panista, en 2010.
Después de analizar el articulado de dicha iniciativa llegamos a las siguientes conclusiones:
1. La iniciativa incurre en una grave contradicción entre los propósitos enunciados en su exposición de motivos y el texto de sus artículos; la intención evidente es ocultar el verdadero fondo de la reforma que abarata el costo de la mano de obra de los trabajadores mexicanos y mantiene intocado el régimen de control corporativo así como la distinción, en términos de derechos, entre los trabajadores al servicio del Estado y los demás sectores sindicales.
2. Quedaron fuera del proyecto final del PRI, varias propuestas que fueron vetadas por el Consejo Coordinador Empresarial y que inicialmente se habían planteado para mejorar las condiciones de trabajo, establecer la jornada de 40 horas, mejorar la prima de antigüedad y el sistema vacacional, así como suprimir la “toma de nota” y cumplir con lo dispuesto en los convenios internacionales relativos al ámbito laboral.
3. En materia de democratización, transparencia y rendición de cuentas, el texto de la iniciativa no plantea ningún avance, por lo que se mantiene el sistema de control corporativo, sustento de fenómenos aberrantes como los contratos de protección patronal.
4. A cambio de lo anterior se introducen criterios de flexibilidad laboral unilaterales y en favor siempre del capital como: la libertad para subcontratar, para ampliar los contratos temporales, con propuestas como la capacitación por 60 días, los contratos a prueba para principiantes por 30 días y el trabajo por temporada, las que permiten despedir al personal con los menores costos posibles para el patrón.
5. El contenido del Artículo 15 bis de la iniciativa del PRI legitima las actuales prácticas irregulares de subcontratación –outsourcing-, sin contemplar las garantías elementales necesarias para evitar los abusos de empresas en las que, la precariedad, la desigualdad, la reducción de los salarios, la simulación y la indefensión del personal son habituales .
6. Se pierde por completo la estabilidad en el empleo, abaratando los despidos y anulando cualquier beneficio y prestación con el despido injustificado. Este tema acredita el sesgo pro-patronal del proyecto priísta al limitar los salarios caídos en caso de despido, planteamiento, en realidad de la STPS, con el que se presiona a los trabajadores para aceptar cualquier arreglo, aunque sea desfavorable, si el proceso legal para su reinstalación se prolonga demasiado, como es habitual en nuestro país.
7. La ampliación de los contratos temporales, de prueba, temporada y capacitación lesionará sin duda la estabilidad laboral al no estar acompañados de condiciones de bilateralidad que eviten un manejo discrecional de los mismos, por parte de los empleadores, lo que los convierte claramente en un factor que alienta la rotación del personal por temporadas, en varias empresas, sin adquirir derechos y con un costo prácticamente nulo para los patrones.
8. Ataca directamente la libertad sindical en el artículo 388 al impedir a los sindicatos gremiales como los del sector aeronáutico y universitario, afiliar a los trabajadores de otras empresas o instituciones. Esta ha sido una exigencia empresarial para garantizar la continuidad de los contratos de protección patronal en el sector aeronáutico y contraviene los convenios internacionales, la Constitución Política y una reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
9. El artículo 25 de la iniciativa atenta contra la bilateralidad de la relación obrero-patronal al permitir que los trabajadores de manera individual, pacten modificaciones al contrato colectivo, en el caso de aquellas labores complementarias o conexas.
10. El proyecto del PRI impide la democratización sindical y fortalece el control corporativo de los trabajadores al plantear como requisito para demandar la titularidad de un contrato colectivo o ejercer el derecho de huelga, la realización previa de una certificación del padrón de afiliados, con lo que se expone a los promotores de sindicatos alternos a todo tipo de represalias antes de que pueda realizarse el recuento correspondiente. Este requerimiento dificultará drásticamente, la realización de cualquier movimiento de huelga legítimo al poner en manos de las autoridades del trabajo un nuevo pretexto para declarar su inexistencia e incidir, de paso en la vida interna de los sindicatos. Todo lo anterior anula, en los hechos, el avance que representaría el establecimiento del voto secreto para estos procedimientos.
En síntesis se trata de una iniciativa regresiva que atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores, refuerza el control corporativo que ejerce el gobierno sobre las organizaciones obreras y que se inscribe, finalmente, en la lógica de aquellos que piensan que la única oferta viable, ante los estragos de la crisis económica no superada, es transferir sus costos a los trabajadores, profundizando la actual política de contención de los salarios con una modificación parcial de la ley laboral que reduce el costo de la mano de obra y convierte a los trabajadores en un recurso fácilmente desechable para beneficio del capital.
Desde su fundación la UNT se ha pronunciado por una reforma laboral y productiva integral, cuyas líneas generales están contenidas en las iniciativas que hemos presentado con el PRD en la Cámara de Diputados y que forma parte de nuestra perspectiva de transformación del régimen económico, político y social de nuestro país.
Los proyectos tanto del PRI como del PAN, se oponen radicalmente a esta visión por lo que haremos uso de todos los recursos políticos a nuestro alcance para evitar su aprobación. Convocamos a todas las vertientes del sindicalismo mexicano a desarrollar la más amplia unidad de acción a fin de preservar y ampliar nuestros derechos y continuar la lucha en favor de la democratización del mundo del trabajo. Paralelamente proponemos el establecimiento de un foro intersindical que nos permita articular acciones comunes independientemente de la diversidad de posiciones, así como aproximar planteamientos y alcanzar acuerdos en torno de aquellos temas de mayor interés para los trabajadores (contratación colectiva, bilateralidad, derecho de huelga, etc.)
Reiteramos que cualquier reforma laboral tiene que consensarse por medios y métodos democráticos, involucrando a todas las expresiones del movimiento obrero mexicano sin exclusión. Para detener este nuevo intento por socavar nuestros derechos impulsaremos la lucha en todos los frentes con una perspectiva de progreso en las condiciones laborales y de calidad de vida; promoveremos, en consecuencia, una política laboral enfocada a fortalecer la generación de puestos de trabajo, la reactivación del mercado interno y el poder de compra de los trabajadores.
En la UNT consideramos que el movimiento obrero debe buscar nuevas formas para articular a sus distintas organizaciones y para vincularse con las fuerzas políticas y con los centros económicos estratégicos, formulando propuestas desde la perspectiva de los trabajadores a partir de un auténtico diálogo social plural y democrático entre los sectores productivos.
La UNT asumirá, en consecuencia, la iniciativa política para generar un ambiente de discusión, organización y propuestas, encaminado a sumar esfuerzos con nuestros aliados y otras organizaciones sindicales, campesinas y ciudadanas, a fin de construir una vasta fuerza social. En estas condiciones la reforma laboral y productiva adquirirá una mayor dimensión política al asociarse con la democratización y modernización del mundo del trabajo y con la constitución de una fuerza político-social propia con capacidad para definir los objetivos de la política laboral e impulsar la transformación de la sociedad actual, así como la emancipación de los trabajadores.
Esta convergencia nos permitirá conjurar el peligro inmediato representado por la iniciativa de Reforma Laboral del PRI, mediante la aplicación de un enérgico plan de acción y movilización, e insertar el debate acerca de la verdadera reforma laboral, democrática y productiva que necesita nuestro país, dentro del contexto de la edificación de un nuevo modelo de desarrollo y de un proceso de transformaciones políticas y sociales que erradiquen el corporativismo y hagan viable la democratización de nuestra nación, por medio de un nuevo pacto social, que dé lugar a la participación de las organizaciones sociales representativas en el diseño e instrumentación de las principales políticas públicas.
Cambiar la Ley Federal del Trabajo para propiciar la flexibilidad laboral forzosa, debilitar la contratación colectiva, facilitar los despidos y fortalecer el sistema de control corporativo es una salida falsa que soslaya el verdadero trasfondo de la crisis y evade la necesidad de modificar la fracasada política económica actual.
México, D. F., marzo de 2011
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