COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES.
En la Cumbre de Brasilia celebrada en septiembre del año 2000 se reunieron los Jefes de Estado de 12 países (participando todos los miembros del MERCOSUR), con el fin de crear para un mediano plazo una zona de libre comercio entre Estados de América Latina y Caribe sin los Estados Unidos, y a 5 años de esa fecha, hubo de crearse la Comunidad Sudamericana de Naciones que abarca a los integrantes de la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR y que ahora bajo el nombre de UNASUR se ha convertido en una potente forma de integración que merece ser seguida por sus implicaciones para el devenir económico, social, jurídico, cultural, en fin, en todos los órdenes de la América Latina.
Aunque todavía incompleta porque no abarca a Centroamérica y el Caribe, la Comunidad Sudamericana de Naciones, es una forma de integración latinoamericana que sería favorable en contraposición con los intentos de desintegrar a la América Latina mediante los Tratados de Libre Comercio Bilaterales o regionales, porque:
1 Es el primer gran paso hacia la integración económica y política de América Latina.
2 Contribuirá al comercio entre los países que la componen con recíprocas ventajas comerciales.
3 Conducirá a la industrialización de los países y por ende se crearían cientos de miles de nuevos puestos de trabajo.
4 Proporcionará la posibilidad de determinar cuáles serían los sectores productivos de mayor competitividad internacional.
5 Es un modelo alternativo que opone al neoliberalismo el proyecto de un espacio económico y político común.
6 Mantiene la autonomía nacional de sus participantes.
7 Se tornaría en un bloque poderoso, quizás el más poderoso de las Américas con 325 millones de consumidores.
8 Porque revisado y fortalecido estaría al servicio del pueblo latinoamericano acelerando los procesos de desarrollo económico con justicia social
9 Diría NO a la dolarización de las economías, aspirando a una moneda común latinoamericana.
Está abierta a la integración de otros países de la región en términos futuros[2] y sus objetivos específicos son, entre otros:
a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros;
b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión;
c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos;
d) la integración energética;
e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables;
f) la integración financiera;
g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas,
h) la cooperación en la prevención de las catástrofes;
i) la consolidación de una identidad suramericana mediante reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros;
j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;
k) la cooperación en materia de migración, respetando los derechos humanos y laborales;
l) la integración industrial y productiva, en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva;
m) incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico propios;
n) formulación de políticas de integración suramericana incentivando la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo;
o) fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, las drogas, la trata de personas, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, teniendo en cuenta las normas internacionales;
p) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
UNASUR constituye un terreno fértil para impulsar una alternativa de integración similar al ALBA.
ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
¿Cuáles son los principios rectores del ALBA?:
1. Centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
2. Otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física
3. Privilegia el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas, porque la agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser tratada como cualquier otra actividad económica.
4. Ataca los obstáculos a la integración desde su raíz, a saber:
· Las profundas desigualdades y asimetrías entre países
· Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales
· El peso de una deuda impagable
· La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.
· Las dificultades para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
· Los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social.
5. El fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos
6. Profundizar la integración latinoamericana para lo cual se requiere una agenda económica definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales.
El ALBA como forma de integración se basa en cuatro principios fundamentales: la cooperación, la solidaridad, la complementariedad y el respeto a la soberanía de cada país que se incorpore a la misma, uniendo a estos la justicia y la equidad. Por tanto su objetivo es propender a un desarrollo que permita reducir hasta eliminar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. La propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y posibilita la apertura de nuevos espacios de consulta, se ha negociado con la amplia participación de toda la sociedad civil.
Es una forma de integración entre países del sur, ajena a la verticalidad del norte al sur, o sea, que del norte bajan los capitales al sur y de éste suben las materias primas hacia el primero. A diferencia del ALCA en su primera manifestación, como del ALCA Light o TLC, que permiten el movimiento de capitales pero impiden el movimiento de personas, poniendo trabas a la migración, incluso con la muerte de personas, el ALBA tiene como meta alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos.
Para ello hay que concentrarse en buscar las áreas que permitan la creación de puestos de trabajo, el uso conjunto de la fuerza de trabajo y elimine como salida para el desempleo y la satisfacción de las necesidades materiales de la población, el riesgo de morir en el intento de la entrada ilegal al territorio norteamericano y la migración hacia Europa, buscando nuevos horizontes, quedando siempre latente el trabajo mal pagado, el abuso sexual de las mujeres, el tráfico de personas y otros males procedentes de ese mal llamado mundo desarrollado.
La propuesta del ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe. Ya no estamos en una América olvidada, sino en una región asediada por el capital extranjero europeo, que también ha ganado nuevos socios comerciales y diversificado sus relaciones internacionales con Asia, Europa Oriental, África, Medio Oriente, no es la sumisa y obediente, mas bien es un concierto de países que ha ganado protagonismo por los movimientos sociales y el despertar de la conciencia ciudadana. Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña.
Otra cuestión importante de este tipo de integración es que como respeta la soberanía y cada uno cede soberanamente un espacio para garantizar el flujo de capitales a favor del desarrollo, propende al crecimiento económico pero a favor de la calidad de vida y el bienestar para los pueblos.
Tiene como uno de sus fundamentos el ejercicio de la solidaridad para ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los países más poderosos en términos de desarrollo económico.
El 29 de abril de 2006 se sumó al Acuerdo Bolivia, complementándose el ALBA con el Tratado de Comercio de los Pueblos. En enero de 2007 presentó la solicitud Nicaragua. El 20 de febrero de 2007 los estados caribeños de Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas, pertenecientes al CARICOM (Comunidad Caribeña), suscriben el Memorando de Entendimiento. El 10 de enero de 2008, Dominica suscribe el ALBA, convirtiéndose en el quinto país miembro de este mecanismo alternativo de integración y recientemente en julio de 2008 lo hizo Honduras. Haití goza de un status especial. Otros pueblos de América valoran su ingreso. Un aspecto interesante de esta integración está dado en que se va “haciendo camino al andar” como dijo el poeta[4], que no existe un Tratado Constitutivo al estilo de las formas de integración usuales en otros continentes, sino que se crean estructuras de cooperación como se mencionan a continuación:
Ha priorizado el uso de los combustibles y las uniones entre los que cuentan con petróleo y otros hidrocarburos, para garantizar una producción potente que sea capaz de abastecer a la región y exportar a otros países. Se han concertado acuerdos tales, como PETROCARIBE, PETROANDINO, PETROSUR, PETROAMERICA y bilaterales entre Venezuela y Argentina, Brasil, Ecuador, etc.
Hito importante ha sido la revitalización de la refinería de petróleo en Cienfuegos, Cuba, para mantener el funcionamiento estable de los compromisos de PETROCARIBE, creada el 29 de junio de 2005 durante el Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/ o de Gobierno del Caribe, celebrado en la ciudad de Puerto La Cruz , al oriente de Venezuela, la cual ha sido concebida como una iniciativa de cooperación energética solidaria, para resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos de la región caribeña[5]. En la actualidad, cuenta con 18 miembros[6].
Uno de sus instrumentos económicos y de transacción comercial, fue la propuesta de creación del Banco del ALBA, como Banco del Sur, con su consecuente moneda única para los intercambios internos entre los países del Sur y como un elemento nuevo y soberano para nuestros pueblos[7].
Esta iniciativa contribuye a la independencia de las naciones latinoamericanas con respecto a las políticas de imposición del Banco Mundial y del FMI, que las han asfixiado durante años propiciando el hambre, la pobreza el saqueo de sus recursos en general y la deuda en que se encuentran sus economías. Con la creación del Banco del Sur, América Latina tendrá también la posibilidad de llevar a vías de hecho proyectos alternativos para financiamientos propios, frente a las represalias de las naciones acreedoras del Norte.
Podemos mencionar también la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, con la ampliación a los países que cuentan con programas de salud que abarcan desde la Operación Milagros hasta otras acciones en materia de medicina y que pueden preparar in situ sus médicos, el Programa de Alfabetización “Sí se puede”, y la creación de TELESUR actual canal informativo alejado de las acciones mediáticas engañosas y mal intencionadas que tratan de envenenar la mente de los ciudadanos de nuestra América a través de una prensa televisiva y escrita, cuya información tendenciosa se autodestruye ante la veracidad de los resultados de la cooperación y la solidaridad latinoamericana.
Se señala que el ALBA es un reto a la imaginación, no está escrita, no existe un texto legal que ampare la integración actual, que lo mismo se desarrolla entre gobiernos, que con los movimientos sociales y los gobiernos locales de algunos países, siendo por tanto el empeño actual, sentar algunas pautas de cómo concebimos esta integración con la participación plena del Estado que debe demostrar su protagonismo como dueño de la empresa pública, para que no solamente se inviertan capitales por empresas de capital privado, incluso transnacionales, sino que puedan constituirse Asociaciones Económicas Internacionales Interestatales o Gubernamentales.
Estaríamos ante el caso de los sectores estratégicos como son el petróleo, el agua, el gas, los cuales siguen siendo de propiedad pública o estatal y que coordinando acciones entre los gobiernos, se podrían crear empresas mixtas u otras formas de producción o prestación de servicios, sin perder cada Estado su autonomía sobre dichos sectores y sobre todo, primando el derecho de cada uno a la cesión soberana de la cuota o parte de la soberanía territorial o económica que le correspondiese y estuviese en disposición de aceptar.
La creación y funcionamiento de estas empresas se basará en el irrestricto respeto al desarrollo sustentable, a la protección del medio ambiente, impidiendo que se atraiga inversión extranjera por la flexibilización de la legislación ambiental y el reconocimiento del derecho al desarrollo.
Para que el movimiento productivo se produzca y la transnacionalización empresarial tenga lugar, mediante el uso conjunto de los recursos disponibles en cada Estado, se requiere el movimiento organizado de personas a través de servicios de empleo tutelados por los Estados para evitar situaciones de discriminación e incluso abuso de poder por parte de los empresarios. Estos movimientos deben comportar acuerdos de extensión de los beneficios de la seguridad social a los trabajadores.
Los movimientos sociales profundamente convencidos de que la América Latina merece disfrutar de un espacio de soberanía en pie de igualdad, justicia social, democracia y bienestar para todos sus ciudadanos, han desarrollado un potente movimiento de los Foros Sociales, los Encuentros Hemisféricos de lucha contra el ALCA, así como las Cumbres Sociales, en los cuales han ido dando forma por diferentes vías a entendimientos relativos a principios y fundamentos en los que se basaría el derecho de la futura integración latinoamericana.
Pero como el derecho responde al hecho social, no a la inversa, porque sería una utopía la creación humana que saldría de nuestras mentes, no se puede normar con leyes lo que en realidad aún no existe, falta un trecho enorme por andar, que tendremos que hacerlo los hombres y mujeres latinoamericanos.
El ALBA requiere su Carta Social que incorpore el constitucionalismo social latinoamericano, para destacar los principios y derechos internacionalmente reconocidos que amparen las actuaciones en el marco de las relaciones laborales y sociales en general. Se han elaborado las Bases Constitucionales para América Latina y el Caribe por el Equipo Federal del Trabajo con la participación de juristas del continente y de Europa, las cuales han definido claramente que la integración debe partir desde los Derechos Humanos, consolidando los valores sociales de la solidaridad, la cooperación, por encima de las desigualdades propias derivadas de la globalización neoliberal. Se trata de una Integración basada en el respeto a la soberanía y no solamente en el respeto al derecho ajeno, sino también al derecho propio y común que fortalece la paz.
Si de derecho laboral internacional se trata estaríamos pensando en convenciones y otros tratados internacionales que deberían someterse a la ratificación de los Estados soberanos para su reconocimiento y adecuación de la legislación nacional a su contenido. Estas normas contendrían también las regulaciones para las relaciones laborales con elemento extranjero (empresa, empresario, territorio, trabajador) en que se definiría la aplicación de la ley del empleador o la ley del tribunal que analiza el conflicto.
Esta quimera actual tiene contradicciones porque para garantizar un proyecto de nación primero habría que garantizar el compromiso de desarrollo individual protegido por la ley y la justicia social. Una Unión Latinoamericana armonizada con principios constitucionales humanistas es un punto de partida y reto para futuros emprendimientos de los profesionales del derecho.
Dejamos por sentado que no es ni desde el eurocentrismo, ni con la visión de la Organización Internacional del Trabajo que promociona el trabajo decente como solución de futuro en un mundo de hambre, miseria, trabajo infantil, trabajo esclavo, prostitución infantil, tráfico de personas, enfermedades curables que matan miles de niños diariamente o con el enfoque restrictivo de los derechos laborales cual suerte de Declaración de Principios y Derechos Fundamentales como paradigma de los derechos de los trabajadores donde se priorizan 8 convenios para su protección por parte de las autoridades tripartitas (autoridad laboral, empleadores y representantes de los trabajadores) que lograremos las bases para constituciones sociales más justas y con fundamentos más equitativos y humanos.
No aceptamos el concepto restrictivo de legislación que se hace ya que se ataca en su raíz la noción de los derechos humanos naturales que acompañan al individuo como ciudadano a fuerza de desprecio por la dignidad plena del hombre y en total incongruencia con la justicia social y otros postulados aprobados por esos mismos estados desde la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague o en las últimas Cumbres iberoamericanas donde se han reconocido como urgencias los aspectos referidos a la eliminación de la pobreza, la creación de empleos y la necesidad de acelerar el desarrollo económico.
Entonces, debe concebirse un modelo de cómo abordar el derecho laboral social de la integración latinoamericana, a partir de un conjunto de principios priorizando un nuevo enfoque de la persona en su concepto de ser biopsicosocial, con necesidades y aspiraciones, que ocupe el lugar cimero y a su alrededor todas las fuerzas para garantizar la indivisibilidad de sus derechos humanos.
El ciudadano debe ser siempre portador de esos derechos humanos, donde quiera que se encuentre y mucho más al entrar a la empresa y dentro de ella. No podrá ser limitado ni despojado de su ejercicio, de su derecho a la dignidad plena, a que se preserve su salud y su seguridad y por primera vez se llegará al concepto de que el trabajo no es una mercancía, sino el creador de todas las riquezas materiales y el propulsor del desarrollo que aspiramos.
Acercándonos entonces a estos principios y derechos que deben tener una tutela estatal y sin un orden preconcebido empezamos por la necesidad de resolver el derecho de inclusión social. Con un sector informal que llega a ser el 50% de los ocupados sin protección, sin derechos, como sectores vulnerables y sin amparo social será imposible alcanzar las metas que se proponen.
No podemos seguir hacia delante con la impresionante cifra de miles de niños y niñas que mueren en el primer año de vida por enfermedades curables y por hambre. Pasamos delante del fenómeno cual si no lo viéramos y nos asombramos cuando se comete un acto de barbarie terrorista, se agreden pueblos a través de guerras genocidas o suceden desastres naturales, pero el futuro empeñado por la muerte silenciosa diaria de esos niños ha dejado de asombrarnos.
El Estado de derecho, protector de la sociedad, debe volver la mirada hacia esa realidad y resolver con urgencia mediante los principios de colaboración de la nueva integración propuesta, los derechos más urgentes a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el trabajo, el bienestar tanto físico, moral como intelectual.
Aquí comienza la nueva doctrina latinoamericana de los derechos sociales rompiendo paradigmas y mitos ancestrales. Si como decía Martí “la mujer es el hogar donde se fragua la vida”, cómo es posible que sea discriminada, preterida, maltratada, hostigada y devenida en ciudadana de segunda clase? Debe combatirse hasta eliminarse la violencia de género, el tratamiento desigual a las mujeres y su preterición por iniquidad salarial y laboral.
El trabajo esclavo, forzoso, de los menores, de las mujeres, de los adultos, en condición de servidumbre por deudas, de explotación sexual, en las maquiladoras, debe ser proscrito y sancionado penalmente, no sólo por responsabilidad civil o laboral, sino eminentemente penal como un delito contra el desarrollo y que lesiona la integridad física, mental y moral de la persona.
El nuevo modelo de relaciones laborales debe basarse en los principios internacionalmente reconocidos de protección de los derechos por la tutela gubernamental, igualdad de oportunidades y trato sin discriminación amparada en ninguno de los motivos lesivos de la dignidad humana, el trabajo visto como derecho y satisfactor de necesidades, proscripción de la explotación de cualquier tipo[8].
En el mismo orden de cosas, se tomará en cuenta la vigencia del principio de ultraactividad y retroactividad de la norma más progresiva, o sea, el principio de progresividad para erradicar el desconocimiento de los derechos de los trabajadores por el imperio del mercado o desajustes estructurales en los países.
La negociación colectiva debe ser un complemento de las normas laborales y no se tomará como parte del pacto social en detrimento de los derechos incorporados a las normas de reconocimiento general, por lo que la negociación no podrá ser establecida para desconocer, reducir o eliminar derechos sino será siempre en concepto de mejorabilidad, nunca para utilizar herramientas del derecho civil o mercantil en lugar del propio instrumental del derecho laboral rico en principios y en métodos para proteger las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.
Se combatirán los intentos de mercantilizar y privatizar la seguridad social mediante normas consensuadas por los gobiernos participantes que garanticen el derecho de todo ser humano a la protección en caso de contingencias sociales como son la enfermedad, la invalidez, la maternidad, la orfandad, la viudez y la muerte.
Se aspirará a que la base de la seguridad social sea el empleo y no la protección contra el desempleo, que se suscriban convenios bilaterales de reconocimiento de los derechos adquiridos en el empleo para garantizar que aquel que haya trabajado toda su vida, pueda en su vejez disfrutar de la protección de la seguridad social.
Todos estos derechos se adquirirán y mantendrán mediante la formación profesional, el estudio y la asimilación de las nuevas tecnologías, de los nuevos conocimientos, de la informatización de la sociedad y los procesos, ya que no se concebirá en el futuro un pueblo sin el dominio de las tecnologías más avanzadas y de la informatización de todos los procesos productivos y de servicios.
Se entenderá por tanto como trabajo, aquel que se preste en cualquier sector de la economía, tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena, a los fines de la formalidad del empleo. El objetivo fundamental es que las normas protejan la relación laboral típicamente concebida de un empleador y un trabajador, pero mientras no se hayan dado las condiciones suficientes para que todos trabajen en tales circunstancias, se combatirá la informalidad y sobre todo la simulación de empleo y el fraude a la ley.
El desarrollo económico latinoamericano requerirá el movimiento de personas, de personal calificado de un país a otro, lo que condicionará la elaboración y vigencia de una norma internacional sobre las migraciones organizadas y el uso más eficiente de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, siempre habrá conflictos en las relaciones laborales por lo que se mantendrá la defensa de los trabajadores mediante un sistema de justicia laboral independiente, con acceso y derecho a la justicia de todos los ciudadanos sin excepción para el reconocimiento y amparo de sus derechos laborales. Se debe impulsar el Foro Latinoamericano permanente en defensa de la justicia del trabajo y de los derechos de los trabajadores y la creación de observatorios nacionales conducentes a la contraloría social sobre las acciones de las empresas y de las autoridades. Ya es una realidad la Asociación Latinoamericana de Magistrados del Trabajo que debe velar por estos principios y derechos en la solución de los conflictos laborales.
En fecha tan cercana como diciembre de 2007, en ocasión del VII Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas, promovido por la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en Bolivia, se adoptó la CARTA DE COCHABAMBA, como un modelo para las Relaciones Laborales del siglo XXI en América Latina.
En este documento se comparten los principios antes mencionados que pudieran concretarse en los siguientes:
Principios del Derecho laboral de la Integración según la visión de la ALAL[9]:
1. La justicia social como principio de sustento del trabajo humano.
2. Principio protectorio y progresivo de base del derecho de trabajo.
3. La estabilidad laboral vista como un derecho humano fundamental.
4. Declaración de nulidad del despido arbitrario, considerado acto ilícito.
5. Papel activo del trabajador en la empresa. Reordenar el concepto de trabajador como partícipe, con derecho a la información.
6. Acceso al empleo digno, sin violencia ni discriminación.
7. Libertad y democracia sindical. Derecho de huelga como arma de defensa de los intereses de los trabajadores frente al capital.
8. Responsabilidad empresarial solidaria ante la fuerza de trabajo.
9. Eliminación del fraude en las relaciones laborales
10. Aseguradoras de riesgos laborales y seguridad social sin ánimo de lucro.
El trabajador debe ser el centro y eje del derecho laboral y sujeto de tutela preferente. El derecho de trabajo y seguridad social se considera a todos los fines dentro de la teoría del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ahora estos principios ya han sido hechos realidad en la Carta Sociolaboral Latinoamericana, en número de 20 y fundamentados por personalidades del derecho de trabajo de Iberoamérica. No es una quimera, ni un sueño, no son horas de desvelo para elaborar este inventario de temas que deben formar parte del constitucionalismo social latinoamericano. Estamos cada vez más cerca de alcanzar el objetivo. Si las riquezas pertenecen a los pueblos y se destinan los recursos a solucionar sus necesidades, todos estos objetivos serán reales.
Somos del criterio como muchos especialistas ya lo han expresado, que los resultados del ALBA se medirán en un futuro no muy lejano, que estamos en un momento propicio e irrepetible para incorporar diferentes países a este proyecto porque lo fundamental es que su materialización dependerá de la voluntad política real de los gobiernos.
Por último, frente a la Red de Juristas por un Mundo Mejor está lanzado el reto de elaborar el marco legal del ALBA, para lo cual habrá que convocar un colectivo de profesionales comprometidos que junto con representantes de los gobiernos y demás integrantes de los movimientos sociales, elabore, partiendo de estas ideas y reflexiones los principios y fundamentos legales que constituyan la estrategia para la integración y futura unidad latinoamericana cual soñaron Bolívar, Martí, San Martín, Benito Juárez, el comandante de América, Che Guevara y otros próceres de la América Nuestra en el entendido como dijera nuestro comandante en jefe Fidel Castro:
“Las ideas justas y realmente humanas a lo largo de la historia han demostrado ser mucho más poderosas que la fuerza…”
[1] La República Argentina , la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
[2] A partir del quinto año de la entrada en vigor del Tratado el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros por parte de Estados Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
[3] Nicaragua y El Salvador durante un tiempo lograron acciones de colaboración en materia de educación y salud desde los gobiernos locales donde el Frente Sandinista y el Frente Farabundo Martí dominaban las localidades con alcaldes de esas organizaciones.
[4] En referencia al poeta español Miguel Enríquez con su poema Caminante no hay camino, se hace camino al andar. (Nota de la autora)
[5] Su objetivo es crear mecanismos para asegurar que los ahorros derivados de la factura energética, sean empleados para el desarrollo económico y social, con lo que se convierte en un aporte sustancial a la lucha contra la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la falta de asistencia médica en los países miembros.
[6] Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, Suriname, Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Valora su incorporación Costa Rica.
[7] El documento que da origen al Banco fue firmado el día 9 de diciembre del año 2007 por parte de los Jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Siendo una iniciativa surgida del ALBA vio su nacimiento como parte de las acciones integracionistas de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y permite la incorporación de otras naciones, cada una de acuerdo a sus condiciones, incluso, de fuera de la Región.
[8] Al respecto se puede consultar la Carta de Cochabamba, aprobada el 7 de diciembre de 2007 en la ciudad del mismo nombre, por los participantes en el VII Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas, promocionada por la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, bajo el título “Hacia las relaciones laborales del siglo XXI en América Latina.
[9] Al respecto consultar la Carta de Cochabamba: Relaciones laborales del siglo XXI Un modelo para armar, aprobada en la Asamblea General de la ALAL , en Cochabamba, Bolivia, diciembre de 2007.
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