LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI Nicolás Angulo Sánchez
El siglo XXI se ha inaugurado en un contexto económico, político, social y cultural marcado por lo que se ha dado en denominar "globalización" o "mundialización" neoliberal, es decir, una generalización de los valores e intereses de las fuerzas y grupos hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas a escala planetaria. Ello implica una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes; y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más.
En efecto, nos encontramos ante un mundo cada vez más “financiarizado” y mercantilizado, en el que se lleva a cabo un intercambio comercial injusto y desequilibrado entre ricos y pobres y entre los países del centro o metrópoli, donde se refugia y acumula la mayor parte del capital económico y financiero existente, y los países del Tercer Mundo o periferia dependiente. Asimismo, los promotores del neoliberalismo y su globalización priman lo privado en detrimento de lo público.
Asimismo, dicha globalización considera nuestro entorno natural o medioambiental como una fuente inagotable de materias primas, cuyo coste debe reducirse al mínimo para hacer rentable la fabricación de objetos de consumo. El modelo mercantilista y consumista promovido por la globalización neoliberal resulta ecológica y humanamente insostenible, indigno e injusto, pues el trabajo humano y los recursos naturales no deben considerarse meras mercancías cuyo coste debe reducirse al mínimo para maximizar los beneficios en la fabricación o prestación de productos o servicios.
Por el contrario, los derechos humanos deben abogar por un modelo de sociedad que no se reduzca al intercambio comercial, financiero o económico ni se centre en la ganancia, rentabilidad o el afán de lucro a toda costa, sino que prime el respeto, la protección y la promoción del conjunto de los derechos humanos para todos los grupos e individuos, y en especial para los más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Es decir, se trata de globalizar o generalizar todos los derechos humanos, teniendo en cuenta no sólo las necesidades y los derechos de las generaciones presentes, sino también los de las futuras, respetando y protegiendo la biodiversidad natural y cultural.
Debe prestarse especial atención a los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, como es el caso de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, los refugiados, los desplazados, los pueblos indígenas y las minorías, en general, con el fin de lograr el máximo de bienestar y la dignidad para todos y no sólo para los más privilegiados. Ello exige la aplicación de medidas de igualdad o equidad compensadora, es decir, medidas específicas en favor de los individuos y grupos discriminados y marginados con el propósito de superar o, al menos, paliar la situación o condición de desventaja y desigualdad que el actual modelo económico y social imperante acentúa y agrava.
Todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben interpretarse y aplicarse sin discriminar entre ellos, sin olvidar los de más reciente elaboración, los derechos de “tercera generación”: el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y a la asistencia humanitaria. Por esta razón, debemos luchar contra la guerra y por una paz y una seguridad colectivas como contextos idóneos para la efectividad de todos los derechos humanos para todos y no sólo para los más privilegiados. Debe tratarse de una paz justa y no una paz aparente que oculte una situación de opresión y violencia.
Además, debemos hacer realidad el desarrollo humano y sostenible y erradicar la pobreza; conservar un medio ambiente sano y preservarlo ante el actual deterioro grave y progresivo del conjunto de los ecosistemas planetarios y su biodiversidad; reivindicar el patrimonio común de la humanidad y su disfrute por parte de todos, en contra de su privatización; y prestar la asistencia humanitaria requerida en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad (desastres naturales, conflictos bélicos u otros) y no para servir de pretexto a intervenciones militares con particulares fines de dominación geoestratégica (casos de Irak y Afganistán, entre otros).
Hacer efectivos los derechos humanos exige la reorientación de las actuales políticas económicas, tanto a escala nacional como internacional, y en particular de las relaciones económicas, financieras y comerciales entre los países “desarrollados” y “subdesarrollados”, con el propósito de que sean más equitativas y menos abusivas.
Son los Estados de los países más ricos y poderosos, así como las organizaciones internacionales bajo su control (G 8 o G 20, FMI, BM, OMC y OTAN, primordialmente), junto con los bancos y empresas transnacionales, principales beneficiarios del actual proceso de globalización del mercado, quienes tienen especiales deberes respecto de la comunidad internacional por su destacado protagonismo en el mundo actual.
No basta el mero reconocimiento a nivel jurídico formal de todos los derechos humanos, sin exclusiones, sino que deben ser efectivas las políticas y las estrategias diseñadas para cumplirlos y hacerlos efectivos para todos.
La actual crisis económica, que golpea en pleno núcleo de la metrópoli capitalista y cuyas raíces y causas se ubican en los ámbitos privilegiados por los neoliberales (financiero y comercial), es una muestra más de la escasa o nula viabilidad de sus proyectos tras las crisis financieras sufridas repetidamente en diversos países del Tercer Mundo (México, Este de Asia, Rusia, Turquía, Brasil, Argentina, etc.).
Paradójicamente, quienes tanto abogan por reducir los gastos sociales y públicos en favor de los más vulnerables y desfavorecidos y por la disminución de la intervención de los poderes públicos con fines redistributivos se encuentran ahora con los bolsillos repletos de dinero público gracias a decisiones de gobiernos serviles a sus intereses.
Ello implica que se sigan negando y regateando recursos mucho menores, pero suficientes, para programas destinados a combatir el hambre en el mundo o a erradicar la pobreza mediante el establecimiento de servicios públicos que garanticen el acceso universal a los bienes y servicios que permitan la satisfacción de necesidades básicas, como disponer de agua potable y para la higiene, la asistencia sanitaria o la educación, entre otros, así como la asignación de una renta básica. Los seres humanos que no consiguen satisfacer dichas necesidades no pueden vivir una vida digna ni están en condiciones de ejercer y defender sus derechos por sí mismos. Arrastrarán dicho hándicap toda su vida y no podrán disfrutar plenamente de otros derechos humanos.
Así pues, deben ser prioritarias las políticas encaminadas a garantizar la satisfacción de necesidades como la alimentación, el agua potable, la salud, la educación o una vivienda digna, derecho este último particularmente burlado por el actual sistema económico, que lo ha convertido en uno de los negocios más lucrativos.
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