Leyendo éste que es uno de mis blogs preferido, encontré la sugerencia del Prof. Baylos, de la Universidad Castilla La Mancha, de entrar en el blog de INSIGHT y consultar el último número del presente año. Lo hice y con gran agrado encontré dos trabajos que pongo a consideración de mis lectores, para que los consulten y extraigan información de primera mano. Son estos artículos: La lección del Tigre Celta, escrito por Tarso Genro, de Brasil, referido al ejemplo de desarrollo de la República de Irlanda y el Ataque a la Seguridad Social por Joaquín Aparicio, catedrático de la misma UCLM de España, con un estudio muy interesante sobre las modificaciones de la ley de pensiones de ese país. Al final de mi blog encontrarán el links para entrar en el blog CIUDAD NATIVA y poder consultar ambos documentos. El primero está en portugués y me tomé la libertad de proponerlo en la traducción que hice sobre el texto.
La lección del Tigre Celta.
Tarso Genro
Irlanda fue presentada como ejemplo de país que supo integrarse en la globalización de manera absolutamente bien conducida y ortodoxa.
En los últimos 10 años Irlanda nos fue presentada por agencias financieras privadas, consultores internacionales de grandes bancos y columnistas económicos como una especie de modelo de economía moderna. Léase, una economía al gusto del neoliberalismo global, que debería ser la envidia de nosotros, los payasos del tercero mundo, que luchan por un proyecto de desarrollo “sin sumisión”. Esto es, que no fuese apenas una economía de servicios, sin base productiva afirmada, anclada en el territorio y en el mercado interno y capaz de competir en el mercado global.
El déficit fiscal del Tigre Celta, que afecta al pobre pueblo irlandés, sumado al dinero necesario para socorrer el sistema bancario fallido, hoy alcanza el 32% del PIB. El salario mínimo fue recortado en un 20%, se extinguieron 25 mil puestos en el sector público (de un estado que ya fue presentado como ejemplo de estado mínimo y de quiebra, sin pudor alguno se aumentará el impuesto de la renta de los asalariados). Se registra que Irlanda fue presentada como ejemplo de país que se supo integrar a la globalización de manera absolutamente bien conducida y ortodoxa, incluso recibiendo excursionistas políticos de todo el mundo para beber de su éxito.
Nosotros, los brasileños, debemos leer la lección del Tigre Celta de manera inversa, o sea que no debemos integrarnos en la globalización sin proyecto propio sabiendo que existen ciertas fuerzas políticas, independientemente de sus matices ideológicos, que defienden la necesidad de una política industrial planificada por el estado, combinada con fuertes inversiones en investigación y desarrollo. Son reales aquellos que defienden la ampliación del crédito y del financiamiento para el sector público, el refuerzo de las políticas sociales del Estado para que el crecimiento se aporte con distribución de renta. También son ciertos los que apuestan por el ejercicio de la capacidad reguladora del Estado para inducir al desarrollo.
En el período actual que se vive en nuestro país, debemos mantenernos atentos a una nueva ola mediática, que ciertamente será promovida por los mismos propagandistas del Tigre Celta: la deconstrucción, abierta o subliminal, del espacio de la política, combinada con el elogio de la “técnica y de la meritocracia” sin principios. No se trata del elogio de la técnica como medio adecuado para un proyecto de cohesión social. Tampoco se trata del mérito como valor personal o colectivo dirigido al bien general de la comunidad, sino la defensa de la técnica que sustituye la política, o que por sí sola es una buena política, y de la “meritocracia” como un elemento frío de cálculo, olvidando que una buena sociedad se mide por el grado de bienestar de los más pobres y no por el consumo suntuario de los más ricos.
Queremos un Río Grande del Sur, que pertenezca a Brasil y al mundo. Acompañemos las experiencias de otros pueblos y aprovechemos sus errores y aciertos, para que nuestro diálogo en RGS sin prejuicios y exclusiones, pueda mejorar la vida de todos. Esta posibilidad no suprime nuestras diferencias, sino que califica nuestros argumentos en defensa del bien común, siempre haciendo un “elogio de la política” como lo hace con todo ardor, mi viejo amigo Mario Soares, quien integró Portugal en la vieja Europa civilizada.
Correo del Pueblo, 27 de noviembre de 2010.
El ataque a la Seguridad Social en España
Joaquín Aparicio
La reforma de la Seguridad Social y la ruptura de la solidaridad intergeneracional tampoco tienen que ver con la necesidad de reducir el déficit público. La Comisión Europea está alentando ataques al Estado Social para dar “confianza” a los mercados financieros que han causado la presente crisis.
La tercera etapa del programa reformista del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado y otros entes públicos, la congelación de pensiones para 2011 y del desarrollo de servicios sociales, como los de la Ley de Dependencia, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia.
En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.
La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los catastrofistas, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 2029. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular?
La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales.
Aunque solo sea por experiencia histórica los intentos de reforma parten de una aceptación aparente de estos presupuestos, pero tras la apariencia se esconde otra realidad. El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010 el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” o guías generales que han de guiar las conclusiones del Pacto de Toledo para la reforma. Estas determinaciones generales son: sostenibilidad, equilibrio financiero, respeto a los derechos de los pensionistas, globalidad, es decir, tener en cuenta todas las prestaciones, transparencia, equidad, pacto entre generaciones, gradualidad en la aplicación de la reforma, buscar un papel reforzado para la previsión social complementaria, reformar la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acentuar la separación de fuentes de financiación.
Pero el modo en que se entienden algunas de esas “determinaciones estratégicas” muestra una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social que nos obliga a plantearnos a qué Seguridad Social pretenden ir. Algunas pistas ya se dejan ver. Para empezar, como se incidirá, el equilibrio en realidad trata de conseguirse reduciendo la suficiencia de las prestaciones ya de por si modestas. La equidad la entiende, de un modo erróneo que nada tiene que ver con la idea aristotélica de búsqueda de justicia según principios que tratan de conseguir “una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta”.
El Documento citado entiende la equidad como que “las mayores aportaciones deben ser recompensadas con mayores retornos”, pero se ve obligado a recordar que la Seguridad Social se basa en el principio solidario y de reparto que es contrario a esa falsa idea de equidad, por eso añade que también el Sistema es “de aseguramiento”, como si quisiera decir que hay una matriz de seguro privado en el que hay una relación contractual entre prima, riesgo, alea y reparación. Pero eso en Seguridad Social es como cuadrar el círculo, un sin sentido. Aunque no cabe duda que prepare el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización facilitando su aceptación social.
La jubilación es la estrella de ese Documento para la cual hace propuestas concretas de reforma, como limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, sin indicar muy bien cómo, y de cuya sinceridad hay que dudar desde el momento en que la Ley 35/2010 permite los despidos objetivos, preventivos individuales y colectivos aún en empresas con beneficios. Dos aspectos son los más destacables, el primero desplazar la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años y el segundo incrementar las bases de cotización haciendo depender “en grado creciente” las prestaciones de las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Como otras veces, la necesidad de las reformas se justifica con el manido y falso argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, pero no impide que se siga utilizando, especialmente por la Comisión Europea que desde hace algunos años está continuamente presionado de modo abierto para llevar a cabo reformas en materia de Seguridad Social.
Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas.
De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá mucho más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas. Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. El único problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual.
La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan.
No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras con exigencias de menores cualificaciones profesionales y por lo general no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporan en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, por lo que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.
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